Fomento exige fianzas multimillonarias a los petroleros para entrar en un puerto refugio

El Ministerio de Fomento ha publicado un decreto que condiciona la entrada de un petrolero en peligro a un puerto de refugio al pago de una fianza tan alta -"disuasoria", según los expertos consultados- que puede superar los costes ya pagados por el Estado español por la marea negra del Prestige. Si este buque hubiera de solicitar hoy su entrada en un puerto de refugio español, a tenor del decreto, debería anticipar previamente hasta 415 millones de euros, cantidad que supera los 383,7 millones de euros que el Estado lleva gastados ya por el derrame.

El decreto garantiza el rescate de la tripulación del buque siniestrado de "modo inmediato e incondicional". Pero en el caso del barco, no hay tal automatismo. El decreto establece, de entrada, que la Administración "no está obligada a conceder autorización para acceder a un puerto de refugio". La administración, cuando un buque requiera tal socorro, lo decidirá "de acuerdo con la información y los elementos de juicio disponibles en cada momento". Y sólo dará luz verde "cuando el daño que previsiblemente pueda derivarse de dicha medida sea inferior al que seguiría de adoptarse otras medidas alternativas de auxilio al buque".

Fomento lo deja claro: "En caso contrario, denegará la autorización, motivando su resolución". El decreto también prevé situaciones de fuerza mayor, de auténtica catástrofe donde supuestamente ya no cabría elegir entre mal mayor y mal menor. ¿Cuáles son tales situaciones de emergencia? El decreto las detalla: "Cuando el buque, por su propia situación o por circunstancias externas, presente riesgos de incendio, explosión, avería, incluidos los fallos mecánicos o estructurales, abordaje, contaminación, disminución de la estabilidad, varada o cualquier otro que pueda suponer peligro para la vida de las personas o daños al medio ambiente marino o a los recursos naturales".

Pero que un buque sufra tal grado de extremo riesgo, por sí mismo, tampoco le da billete de entrada al puerto o lugar de refugio. La administración lo condiciona a dos tipos de elementos. En primer lugar, a una valoración de los condicionantes naturales (vientos dominantes, condiciones meteorológicas, estado de la mar, espacio de maniobra...) y a los medios de actuación disponibles (órganos administrativos, número y potencia de remolcadores, medios de evacuación, medios de carga y descarga...). Y, en segundo lugar, al pago de una fianza.

El problema del pagador

Esta "garantía financiera" deberá abonarse en una entidad bancaria con domicilio en España por "el operador, la empresa naviera, el salvador del buque o por el expedidor, el propietario o el receptor de la carga, a favor de la dirección general de la Marina Mercante". En definitiva, Fomento deja las puertas abiertas sobre quién debe pagar esta fianza. Pero esto, lejos de resultar una facilidad, complica el asunto: en plena emergencia, todos esos interlocutores deben ponerse de acuerdo en quién debe adelantar (y acaso perder) la fianza que exija el Estado español.

La crisis del Prestige ilustra sobre el largo batallar que costó simplemente depositar en el juzgado cantidades muy inferiores a las ahora previstas y cuando la emergencia ya era un mero recuerdo. Si ya fue complicado que el armador pagara la fianza del capitán del Prestige -demoró casi dos meses el pago de tres millones de euros que suponían la puesta en libertad de Apostolos Mangouras-, o que el asegurador depositara los 27,7 millones de euros en concepto de responsabilidad civil -algo que hizo medio año después de la tragedia-, difícil se pone que uno de los responsables citados en el decreto dé un paso al frente para adelantar una cantidad que puede superar los 400 millones de euros.

Tal cifra sale de un cálculo sobre los parámetros que marca el decreto. El nuevo texto legal impone el siguiente peaje para los petroleros en peligro que requieran refugio. "Buques cuyo arqueo no exceda de 2.000 G.T. (Toneladas de Arqueo), hasta siete millones de euros, y por cada unidad de arqueo que exceda de 2.000 G.T., hasta 10.000 euros".

Dado que el Prestige tiene registrado un arqueo de 42.820 toneladas, la cifra resultante estaría situada en unos 415 millones de euros. Tal suma, según expertos consultados, no sólo da para comprar un nuevo petrolero, sino para abonar al Estado todos los costes que ya ha sufragado por los daños ocasionados por el fuel vertido por el Prestige (383,7 millones de euros), si bien sus cálculos sobre el valor total del desastre causado duplica dicha cifra.

El decreto detalla la filosofía que preside el cálculo a partir de tales parámetros: "El montante de la garantía se determinará teniendo en cuenta el coste íntegro de los daños previsibles que pudieran producirse, en razón de la naturaleza y cantidad de la carga transportada y características y estado del buque, con los límites fijados". El texto prevé que si no se generaran daños o costes cubiertos por la fianza, la garantía será devuelta.

"En caso contrario, podrá librar cargos contra ésta por los daños o costes ocasionados. Si la cantidad ejecutada no fuera suficiente para hacer frente en cualquier cuantía a todos los daños y perjuicios ocasionados, el operador, el agente, el expedidor o el salvador satisfarán dichos daños de la manera más rápida posible", concluye el decreto.