Maragall y Zapatero

Uno de los problemas a que tendrá que enfrentarse Zapatero es el cumplimiento de su compromiso de respaldar la propuesta de reforma del Estatuto catalán que salga del Parlamento de esa comunidad. Será un asunto espinoso porque el aspecto de más difícil encaje en la política general del PSOE es aquel sobre el que existe mayor consenso entre los partidos catalanes: el de la reforma del sistema de financiación, de manera que se reduzca la aportación catalana a la Hacienda central. CiU lo formula como aplicación a Cataluña del sistema de Concierto de las comunidades forales (Euskadi y Navarra), y Maragall, como equiparación a medio plazo de la capacidad de gasto por habitante de Cataluña a la de esas dos comunidades.

Se conoce la relación entre lo aportado a la Hacienda central y los recursos transferidos por ella a cada comunidad: el llamado saldo fiscal. En la serie, Cataluña ocupa una posición equilibrada ya que es la tercera en renta per cápita y la tercera en aportación neta por habitante. Acaba de aparecer un trabajo de los profesores Ángel de la Fuente y Xavier Vives (Políticas públicas y equilibrio territorial. Fundación BBVA) en el que la comparación se establece en términos de financiación per cápita. Como era de esperar, el País Vasco y Navarra disponen de recursos muy por encima (un 60%) de la media. Otras seis comunidades superan esa media, y ocho -entre ellas Cataluña, y también Andalucía- no la alcanzan.

El cuadro resulta espectacular, pero si se deja aparte, por su sistema excepcional, a Navarra y el País Vasco, y también a la siguiente en el ranking, Canarias (condicionada por el doble factor de distancia e insularidad), las diferencias no son excesivas. La clave está, por tanto, en el agravio comparativo que suponen las dos comunidades forales, lo que explica que los políticos catalanes planteen su reivindicación en términos de equiparación con ellas. Sin embargo, esa equiparación es imposible. José Víctor Sevilla (secretario de Estado de Hacienda en el primer Gobierno de Felipe González) ha demostrado que la generalización del sistema de Concierto-Cupo llevaría a la quiebra fiscal del Estado. Provocaría un déficit (en pesetas de 1997) de unos dos billones. La razón es que el Cupo (la cantidad pagada a la Hacienda central como contribución a la financiación de las competencias del Estado) está infravalorado; y precisamente porque se calcula sobre una base de gasto estatal que no incluye los fondos destinados a la solidaridad territorial.

Otra posibilidad sería que el sistema de concierto vasco no se generalizase a todas las comunidades sino sólo a Cataluña. Su efecto sobre las finanzas españolas sería de todas formas considerable, porque el peso de esa comunidad en la economía española (19% del PIB) es mucho mayor que el de Euskadi (6%). Y políticamente introduciría un factor de agravio territorial aún mayor que haría prácticamente inviable el Estado autonómico. Ello lleva a J. V. Sevilla a preguntarse (Revista de libros, nº86, febrero 2004) si la equiparación reclamada por Maragall no debería entenderse, antes que como aumento de los recursos de su comunidad, como reducción paulatina de los de Navarra y Euskadi. Algo que tendría fundamento constitucional, pero que ningún político se atrevería a plantear hoy.

El estudio de Vives y De la Fuente indaga también sobre los efectos redistributivos de las políticas presupuestarias de las administraciones. La conclusión es que desde la instauración del modelo autonómico esas políticas han contribuido a la paulatina reducción de las disparidades de renta entre comunidades. Sin embargo, constata, y es tal vez el dato más llamativo, que el 74% de los saldos fiscales (positivos o negativos) tienen su origen en flujos fiscales de carácter personal; es decir, que no se trata tanto de que las regiones ricas financien a las pobres como de que los contribuyentes que más tienen, con independencia de donde residan, contribuyen en mayor medida a sufragar un Estado del bienestar con niveles bastante homogéneos de protección social pese a la disparidad de riqueza de las comunidades.

Cabe discutir si tal o cual inversión en infraestructuras no debería atender a criterios de eficiencia, y no sólo de equidad; pero cuesta imaginar a un gobierno de izquierda poniendo los pilares para la liquidación de una política que durante 20 años ha demostrado ser eficaz para mantener una cohesión social básica sin la que todo el delicado mecanismo autonómico saltaría por los aires. Y más ahora que los fondos europeos de cohesión van a esfumarse.