El Ayuntamiento y la autoridad portuaria sellan el plan urbanístico que abrirá Málaga al mar
De la Torre, dispuesto a asumir la financiación del proyecto, que llega tras 77 reuniones
El presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Enrique Linde, histórico dirigente del PSOE curtido en mil batallas, resumió ayer su padecer ante el último acuerdo alcanzado con el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, para poner en marcha el Plan Especial del Puerto, que abrirá Málaga al mar. "Creo, espero, solicito e imploro que sea el definitivo", dijo. Nueve palabras para resumir el tortuoso camino de cinco años de negociaciones. Un proceso que ha requerido 77 encuentros entre técnicos y la mediación en 13 de ellos del subdelegado del Gobierno, Carlos Rubio.
De la Torre presentó ayer, en solitario, el acuerdo cerrado el día anterior con Linde y que supuestamente -ha habido varios anuncios anteriores de acuerdo definitivo- permitirá poner en marcha una de las operaciones urbanísticas más importante que acomete Málaga en los últimos 100 años, la apertura de la ciudad al mar con la cesión de los muelles 1 y 2 del recinto portuario al uso ciudadano.
En el muelle 2, el que conecta el puerto con la Plaza de la Marina, apenas se levantan edificaciones y se ejecutará el denominado Palmeral de la Sorpresas. El proyecto, obra del arquitecto Jerónimo Junquera, incluye 400 metros cuadrados para quioscos y restaurantes, así como un espacio destinado a museo y otro para ubicar el Aula del Mar.
El muelle 1, donde se concentran los usos comerciales, habrá otra zona de restauración. En los terrenos portuarios situados frente al Muelle Heredia no se levantarán viviendas, sino oficinas públicas, así como las nuevas oficinas de Aduana y la Guardia Civil. El techo máximo edificable en este entorno será de 5.000 metros cuadrados.
El primer edil se atrevió incluso a dar una fecha para el inicio de las obras, afirmando que comenzarán antes de que finalice 2004. No obstante, reconoció que "aún quedan algunas cosas por concretar". De la Torre estimó entre 20 y 24 meses el posible plazo de ejecución de los trabajos.
El plan acordado prevé un techo edificable de 23.500 metros cuadrados y un uso comercial que afectará a otros 14.400 metros cuadrados. En ambos casos se ha reducido sustancialmente la edificación prevista inicialmente. Además se refuerza el uso institucional con un edificio entre ambos muelles, la denominada esquina de oro, que servirá de equipamiento cultural, desapareciendo el polémico inmueble destinado a unos multicines previsto en el proyecto anterior. La urbanización del recinto permitirá habilitar un millar de plazas de aparcamiento. La última cifra sobre el coste de la actuación, ayer no ofreció ninguna el alcalde, elevaba la inversión en torno a los 36 millones de euros.
Modificaciones en el plan
La luz verde definitiva está pendiente de que la Autoridad Portuaria presente el nuevo texto refundido y negocie con la empresa que obtuvo en su día la concesión de las obras, Chervelton, las modificaciones firmadas en el nuevo plan. La empresa, a pesar de los continuos cambios, siempre estuvo dispuesta a acometer el proyecto.
De la Torre estimó que el plazo no debería ser superior a cuatro meses y planteó que si al final no hay acuerdo, habría que sacar un nuevo concurso. Ante esta posibilidad, hizo un anuncio importante: "Si no hay operador privado, está la red de seguridad de la iniciativa municipal, porque el proyecto es viable económicamente y los usos comerciales son mayores que los que planteamos en nuestro anterior estudio".
El alcalde dejó claro que el consistorio que preside estaría dispuesto a asumir la financiación que se precise, dando por hecho que la Junta de Andalucía mantiene su disposición a sufragar el coste de la urbanización del muelle 2.
El acuerdo lleva implícito la marcha atrás del equipo de gobierno del PP en su decisión de dejar sin efecto la modificación de elementos del plan aprobada inicialmente en mayo de 2003, así como la vuelta al Plan consensuado en 1998 por todos los partidos políticos. Esta decisión municipal había provocado un recurso de la Autoridad Portuaria y la advertencia de Cheverlton de que estaba dispuesta a exigir indemnizaciones.
