Cruzada contra los 'sin papeles'

Seis meses después de que el primer ministro israelí, Ariel Sharon, anunciara una cruzada contra los trabajadores extranjeros ilegales en Israel y se comprometiera a expulsar a más de 50.000 en menos de un año, ha advertido de que prepara una segunda etapa de esta misma operación destinada a deshacerse de las "decenas de miles" de palestinos que se encuentran también de manera fraudulenta en el interior del país. Se desconocen cifras, pero se calcula oficialmente que en Israel hay más de 200.000 sin papeles asentados permanentemente.

La operación contra los trabajadores extranjeros ilegales y la expulsión de los palestinos asentados fraudulentamente en Israel son las dos caras de una misma moneda, que tiene como objetivo combatir el paro que se ha disparado desde hace tres años en el país, como consecuencia del estallido de la Intifada, alcanzando a cerca del 11% de la población - 260.000 personas-, y reconducir y reequilibrar una política demográfica que afecta negativamente a la población judía frente a la población árabe.

Ni muro ni los cierres de Gaza y Cisjordania han logrado acabar con el mercado negro

La lucha contra los inmigrantes clandestinos se inició en Israel en septiembre, tras un discurso del primer ministro Sharon, en el que se comprometió en un plazo de un año a expulsar a 50.000 extranjeros ilegales. Para llevar a término esta operación, se creó la Policía de Emigración, con cerca de 500 funcionarios, se la dotó de un importante presupuesto y se les dio un paquete de medidas legales, entre las que se encuentra la rapidez y agilidad en los trámites de expulsión.

La operación hasta ahora ha resultado un éxito, según se desprende de los primeros balances oficiales: 57.000 extranjeros han sido interrogados en los últimos seis meses; 11.000 han sido deportados a su país de origen; 15.000 negocios, investigados, y alrededor de 2.000 empresarios, encartados. 60.000 extranjeros han abandonado el país voluntariamente, atemorizados por la presión oficial. Todo ello sin tener en cuenta una serie de episodios pintorescos, entre los que se encuentran, por ejemplo, el descubrimiento de que el chalé del ex primer ministro Ehud Barak era custodiado por un extranjero ilegal, oriundo de Ucrania, que lleva siete años en el país, o que la familia del también ex jefe del Gobierno Benjamín Netanyahu ha contratado durante los últimos años los servicios de al menos cuatro trabajadores tailandeses o filipinos sin papeles. Todo ello aderezado con anécdotas jocosas como la detención de un diplomático chino en Tel Aviv al que se confundió con un trabajador ilegal.

Kav La Oued, una organización no gubernamental dedicada a la defensa de los trabajadores ilegales en el interior de Israel, asegura que esta batalla está abocada al fracaso, ya que "el país es como un enorme queso de Gruyères". "A medida que salen los trabajadores ilegales expulsados del país, entran otros por el lado opuesto".

Además, las necesidades están ahí, según se desprende de las declaraciones de algunas personalidades y dirigentes del país, incluido el mismo ministro de Infraestructuras, que reclama 800 trabajadores extranjeros para construir el muro de separación con los territorios palestinos, los 10.000 que reclama el mercado para asistir a los enfermos y ancianos, o los 4.000 que reclaman los granjeros.

La segunda parte de la batalla contra los trabajadores ilegales empezará próximamente con la expulsión de los palestinos, según asegura el primer ministro, Ariel Sharon, en las declaraciones que el lunes serán difundidas en la prensa israelí. El inicio de esta segunda fase de la operación está, sin embargo, supeditado a la construcción del muro de separación, según anunció el propio jefe de Gobierno.

Ni el muro ni los cierres de Cisjordania y Gaza, impuestos por el Ejército de manera drástica en los últimos meses, han conseguido, sin embargo, cortar el flujo de trabajadores palestinos que cada día acuden al mercado negro laboral de Jerusalén, Tel Aviv o Haifa, por caminos tortuosos, aun a costa de jugarse la vida. Es la mano de obra barata, que ha empezado a suplir las vacantes dejadas por la expulsión de trabajadores extranjeros.