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Las denuncias por malos tratos ante la Guardia Civil se triplican en 2003

Justicia reclama un cambio legal que permita grabar las declaraciones de víctima y agresor

La Guardia Civil de Valencia registró en 2003 tres veces más denuncias de malos tratos que en 2002. A 31 de diciembre pasado, los casos de violencia doméstica fueron 236, mientras el año anterior fueron de 82. Proporción similar se refleja en el cómputo de detenciones, de 56 a 174. Los datos fueron facilitados ayer en las primeras jornadas sobre violencia doméstica, celebradas en la Ciudad de la Justicia. El fiscal Gil Rubio dijo que sólo se conoce entre un 15% y un 20% de los casos de violencia doméstica, y que en 2003 hubo más de 27.000 denuncias en España.

Las detenciones en 2003 por casos de violencia doméstica fueron 174, de 236 casos. En 2002, el porcentaje fue muy similar, 56 sobre 82 denuncias. El porcentaje de esclarecidos fue prácticamente del 100% en 2003, al igual que en 2002. Este conjunto de datos, según explicó el general jefe Teodoro López Fuertes, refleja un problema que "exige todo el esfuerzo porque, además, lo que conocemos no es todo lo que pasa". Como una herramienta más para actuar, la jornada de ayer, dividida en cuatro ponencias específicas, jueces, fiscales, responsables de la atención a víctimas y de brigadas específicas de la Guardia Civil, abordaron las últimas reformas legislativas, su aplicación, su interpretación y las deficiencias.

La reforma del Código Penal que el pasado año transformó en delitos algunos comportamientos considerados antes faltas provocó que los agentes presentes en el acto (cuadros y mandos, más de un centenar) evidenciaran algunas contradicciones en sentencias sobre casos idénticos o casos reales que se ajustan con dificultad a lo que la ley establece.

El fiscal Jaime Gil Rubio explicó que la dimensión del problema es imposible de conocer. Según él, se conoce sólo entre el 15 y el 20% de los supuestos de violencia doméstica. En un intento de reflejar el drama de los malos tratos , aseguró que "en Suecia muere una mujer cada 10 días, en EE UU una mujer es golpeada en el ámbito doméstico cada nueve segundos y cada cinco años hay tantas víctimas como las que perdieron la vida en la guerra de Vietnam". Gil Rubio lamentó que se produzca una doble victimización de las mujeres: la de ser objeto de malos tratos y la de la presión social.

"Todo parece conducir a que el Código Penal es la herramienta con la que tenemos para luchar contra la violencia de género. Pero hay que tener en cuenta que cuando se llega a él, el resto de mecanismos han fallado. Deberíamos reflexionar sobre ello", afirmó Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), uno de los invitados ayer a abrir las jornadas de actualización en materia de violencia doméstica. "Lo importante es que el respeto y la igualdad sean valores desde la infancia. Y también deberíamos hacer autocrítica los jueces, ser muy precisos cuando determinamos las medidas de protección". El general jefe no hizo autocrítica pero pidió "la máxima sensibilidad cuando una mujer va a denunciar".

Grabar las declaraciones

Fernando de Rosa, secretario autonómico de Justicia, anunció ayer que desde la Generalitat se propondrá a las Cortes Generales "una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que extienda la obligatoriedad de grabar las declaraciones ante de el juez a los conflictos penales, es decir que la primera comparecencia de la víctima y el agresor quede registrada porque hay muchos indicios y matices que sirven a la investigación". De Rosa aseguró que como la ley hoy no lo impide la Guardia Civil podría hacerlo, y les invitó a ello. Sin embargo, poco después aclaró que en este momento esas grabaciones, de realizarse, tendrían validez a discreción del juez. Según De Rosa, se podría instar a los magistrados a que lo consideraran, para lo que bastaría la fe del secretario, pero eso, en cualquier caso, sería posterior a la declaración inicial en las dependencias policiales, porque hasta no tener el testimonio de la víctima no se podría dar traslado al juez.

De Rosa afirmó que esa medida "facilitaría las cosas y ayudaría a que las mujeres denunciaran más de lo que lo hacen, ahora tardan una media de cinco años en acudir a la policía".

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