La ilusión de la ciberdemocracia

LA IRRUPCIÓN de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) ha abierto un debate sobre su impacto en los procesos políticos que caracterizan las democracias avanzadas. En este debate, las tesis que se han abierto paso con más fuerza han defendido que las TIC transformarán algunos de los elementos fundamentales que caracterizan los procesos políticos en las democracias representativas. Esa transformación se manifestará esencialmente, según esas tesis "optimistas", por la puesta en marcha de procesos que permitirán la participación plena de los ciudadanos en las decisiones colectivas y en el establecimiento de formas de participación directa en las cuestiones políticas al margen de los actuales intermediarios políticos.

La ciberdemocracia transformaría los procedimientos democráticos en un mecanismo para agregar preferencias individuales, sin debate

Esta tesis defiende que el mayor flujo de información política provocará automáticamente un aumento de la participación política de los ciudadanos, puesto que tendría un efecto positivo sobre el interés por la política y sobre la participación. Sus defensores ponen especial énfasis en el poder comunicativo que tienen las TIC: las nuevas tecnologías reforzarían los "incentivos" para la participación individual puesto que permitiría a los ciudadanos comunicarse directamente con los decisores políticos.

En cuanto introducimos el supuesto de que la información es costosa y de que Internet no elimina los costes de obtener información política, todo el edificio argumentativo de la tesis populista se viene abajo. Si se asume que la información es costosa difícilmente se puede argumentar que preceda al interés en la secuencia que explica el comportamiento. ¿Por qué un individuo va a asumir gratuitamente un coste si no espera obtener beneficios claros con su acción? Necesariamente, el orden de esta secuencia debe invertirse: la acción de informarse -porque es costosa- no sólo debe estar precedida por el interés, sino que además debe ser el producto de un cálculo en el que los beneficios esperados superen los costes.

En resumen, las TIC no aumentan las capacidades comunicativas de los individuos ni su interés por la política. Los principales usuarios de información política en Internet serán aquellos para quienes la inversión en obtención de una información costosa sea rentable; los individuos politizados y los intermediarios políticos.

Defender la idea de que dado el nivel tecnológico alcanzado es posible articular institucionalmente una democracia directa basada en el voto electrónico en la que los intermediarios políticos pierdan el protagonismo que caracteriza la democracia representativa es el otro argumento esencial de las tesis "optimistas".

Los partidos políticos ya no serían necesarios para conseguir información política y eso sería posible porque las TIC eliminan las dificultades físicas relativas al espacio y al tiempo, que tradicionalmente han operado como argumentos contra la articulación práctica de la democracia directa. En este sentido, se entiende que la democracia directa que derivará de la aplicación de las TIC a los procesos políticos actuales favorecerá el intercambio de opiniones, la reflexión y la responsabilidad y se alejará, por lo tanto, de aquella concepción de la democracia como simple mecanismo para la agregación de los intereses individuales mediatizados por los partidos.

El corolario que sigue al modelo clásico de la democracia directa es la simple desaparición de los intermediarios políticos: gracias a las potencialidades de las TIC, en una democracia directa los intermediarios políticos pierden su razón de ser tradicional debido a que ya no son necesarios como generadores, transmisores, interpretadores y distribuidores de la información política; las decisiones políticas son tomadas sin mediación alguna, "directamente". Según la perspectiva optimista, las TIC resultan un medio óptimo para proporcionar a los individuos toda la información necesaria para la deliberación y la toma de decisiones políticas. Este argumento pierde toda su fuerza cuando se analizan los "costes de transacción" derivados de los procesos de toma de decisiones colectivas. En términos económicos, los costes de transacción se refieren a los costes asociados a la obtención de información para establecer el intercambio económico, para alcanzar un acuerdo y realizar efectivamente el intercambio y para asegurar que el acuerdo se hace efectivo en los términos establecidos en el contrato. Si estos costes de transacción son muy elevados pueden impedir que el intercambio se produzca en un mercado que opere sin intermediarios (como por ejemplo las empresas).

En el ámbito político los costes de transacción son los costes asociados a la obtención de la información, a la negociación política y a las garantías necesarias para el cumplimiento de los acuerdos políticos. En realidad, los costes de transacción en la esfera política son muy elevados. En primer lugar, en muchas ocasiones la información disponible está lejos de ser completa y hay dificultades para comprender el alcance de los temas discutidos y sus consecuencias. En segundo lugar, el número de agentes participantes es muy elevado, con lo que aumentan las dificultades para llegar a acuerdos consensuados. En tercer lugar, en el ámbito político existen más posibilidades para que los individuos tengan comportamientos oportunistas que dificulten la aplicación efectiva de lo acordado: como en el caso del mercado, son necesarios los intermediarios.

Los intermediarios políticos reducen los costes asociados a la obtención de la información dado que ofrecen una información coherente que permite a los individuos identificar su posición ideológica. Los intermediarios políticos facilitan la adopción de decisiones colectivas ya que suponen una reducción del número de individuos que protagonizan los intercambios políticos y ordenan el número de temas sobre los que es necesario llegar a acuerdos. Los intermediarios políticos aseguran el cumplimiento de los contratos políticos porque su estructura establece mecanismos para castigar los comportamientos oportunistas.

La democracia directa articulada a través del uso intensivo de las TIC paradójicamente transformaría los procedimientos democráticos en un simple mecanismo para agregar preferencias individuales, evitando el debate y la deliberación política. Las TIC favorecen la comunicación binaria instantánea, no fomentan la deliberación ni la búsqueda del consenso necesarios para la democracia directa. En realidad, la estructura proactiva de las TIC se convierte en un serio obstáculo para fijar la atención en argumentos distintos a los propios, de manera que las TIC permiten evitar fácilmente la confrontación y el contraste de pareceres, elementos fundamentales para una verdadera discusión y deliberación.