Maragall afirma que las Cortes decidirán si el Estatut requiere reformar la Constitución

El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, afirmó ayer que serán las Cortes españolas las que deberán decidir si el nuevo Estatut que salga del Parlament de Catalunya se adecua o no a la Constitución y, por tanto, si hace falta llevar a cabo una reforma de la Carta Magna. Maragall abogó por pactar con todos los grupos la aprobación del Estatut y, en especial, emplazó al Partido Popular a incorporarse de inmediato a la ponencia parlamentaria. Un prudente pero arisco presidente de la Generalitat respondió ayer a los líderes de la oposición, el popular Josep Piqué y el convergente Artur Mas, sobre las presuntas discrepancias en el seno del tripartito respecto a los cambios constitucionales que requerirá el nuevo Estatut.

Maragall sorteó la pregunta. Primero, presentó como un activo las diferencias de opinión entre los partidos del Gobierno, y segundo, descargó la responsabilidad en el Congreso. "Serán las Cortes españolas las que tendrán que ver si hay que cambiar la Constitución para que el Estatut salga adelante y si hay voluntad para hacerlo", afirmó. En un intento de tranquilizar a los populares para buscar su colaboración en la reforma estatutaria agregó: "El Estatut no se hace para cambiar la Constitución, tampoco para no cambiarla".

Reformas aparte, el presidente de la Generalitat dejó claro que su objetivo es aprobar el Estatut con el máximo consenso "político y social". Un guiño dirigido al PP, al que Maragall emplazó a integrarse en la ponencia del Parlament. Josep Piqué eludió comprometerse, pero dijo que su grupo está dispuesto a "escuchar y a dialogar", a pesar de recordarle que el pacto del tripartito descarta cualquier acuerdo con el PP. Maragall puntualizó que este punto se refiere exclusivamente a pactar la gobernabilidad.

Artur Mas, por su parte, emplazó al presidente a no "defraudar" las expectativas de los ciudadanos después de la victoria del PSOE y el compromiso adquirido por su secretario general de aprobar en el Congreso el Estatut surgido del Parlament. "Ahora es el momento de no defraudar. No es cuestión de ponerle agua al vino", alertó. Maragall no sólo intentó tranquilizarle, sino que le invitó a "reforzar" el nuevo Estatut con las aportaciones de Convergència i Unió (CiU).

Este diálogo fue el único distendido entre ambos dirigentes. Minutos antes, el líder convergente había juzgado negativamente la gestión del tripartito durante sus primeros 100 días y le otorgó una nota de suspenso. "Ustedes no son los profesores, no son quienes nos han de aprobar. Tienen que perder la costumbre de pensar que no sólo son quienes mandan, sino quienes juzgan. Es el pueblo el que nos juzgará", le espetó Maragall. Y remachó: "Llevaban 20 años gobernando, se pensaron que era de por vida y bajaron la guardia".

Mas no se dio por satisfecho y le echó en cara a Maragall que no contestara su pregunta. Fue una intervención dura, ya caldeada por las anteriores y durísimas acusaciones contra el Gobierno de CiU lanzadas por el portavoz de Iniciativa per Catalunya (ICV), Joan Boada, y sancionadas por el propio Maragall.

Boada repasó una por una las hipotecas presupuestarias dejadas por los ejecutivos nacionalistas y la elevadísima deuda de la Agencia Catalana del Agua, cercana a 800 millones de euros. El presidente insistió en estos casos y recordó los 227 asesores que tenían los nacionalistas, con un coste cercano a los 10,27 millones de euros. "La actuación de CiU en la Generalitat no se corresponde con una forma escrupulosamente responsable", afirmó. Por el contrario, esgrimió las medidas de transparencia en la gestión pública y control de la administración.

En la línea iniciada por CiU para intentar erosionar el tripartito, la federación presentó ayer una moción de apoyo al Gobierno por reanudar las obras del túnel de Bracons. La moción fue rechazada por los tres partidos de izquierda.

Convergència i Unió tampoco tuvo mucho éxito al intentar impedir que la diputada Bet Font, de Iniciativa per Catalunya, ocupara un puesto en la mesa del Parlament, en sustitución de la republicana Marina Llansana. Los nacionalistas se aferraron a una interpretación del reglamento para que ICV no tuviera representación en la mesa y argumentaron que la diputada de Esquerra debía ser sustituida por otra de su mismo grupo.