Escuela pública y pluralidad educativa

El 15 de abril se inicia el periodo de preinscripción en las escuelas catalanas para el próximo curso. Como es evidente, en ese ámbito incluimos tanto las escuelas públicas como las escuelas de titularidad privada que forman parte, a través del concierto económico que tienen establecido con la Generalitat, de la oferta pública de plazas escolares. Todos sabemos que la existencia de esa doble titularidad en la oferta educativa pública ha provocado una gran polémica en los últimos años. Sobre todo debido a que los sucesivos gobiernos de CiU fueron entendiendo de forma crecientemente abusiva el principio del concierto educativo, hasta el punto de que si comparamos su realidad actual con las previsiones normativas que justificaban la financiación pública de las escuelas no públicas, todo parecido es pura coincidencia. La cosa se agravó cuando en pleno proceso de diversificación cultural y étnica del país, y con los problemas que planteaba la puesta en práctica de la reforma educativa, se evidenció que las escuelas concertadas acababan teniendo muchos menos alumnos con necesidades educativas específicas que las escuelas públicas. Precisamente por todo ello, el cambio de Gobierno en diciembre abrió grandes expectativas por un lado y temores por el otro sobre qué ocurriría con relación a este asunto. Si radical era la postura de quienes pedían sin más la supresión de los conciertos educativos y la concentración de esfuerzos en el sector público, radical fue tambien la posición de aquellos sectores de la enseñanza privada que llegaron a publicar anuncios en la prensa pocos días antes de las elecciones del 16 de noviembre amenazando con todo tipo de males a quienes se atrevieran a votar por las candidaturas de izquierda.

El acuerdo de gobierno entre socialistas, republicanos y ecosocialistas consagró como una de sus prioridades a la política educativa. Después del trasiego que supuso el trueque de Josep Bargalló por Marta Cid al frente del departamento, una de las primeras pruebas de fuego la hemos tenido en el intento de modificar los criterios clave por los que se procedería a la matriculación del alumnado en los centros financiados con fondos públicos para el próximo curso académico. De hecho, si examinamos las medidas publicitadas estos días que dan cuenta de la labor del Gobierno en estos primeros 100 días, de las nueve medidas que afectan a educación, las más relevantes, al margen de la valiente proclamación de la moratoria en la aplicación de la polémica Ley de Calidad y los muy significativos recursos destinados a la concertación para P3, rehabilitar y construir nuevas escuelas o convocar nuevas plazas de docentes, son las que se refieren al nuevo decreto de matriculación y la creación de las oficinas municipales de escolarización. Y son precisamente estas dos últimas medidas las que han provocado que la consejera haya tenido que responder con prontitud y diligencia y a través de una carta a la movilización de las fotocopiadoras de las dos patronales del sector privado que inundó de quejas la consejería.

Nadie puede decir que se ha actuado por sorpresa. En el acuerdo ya mencionado del tripartito se afirmaba con claridad que se querían revisar los conciertos educativos, que se querían crear las oficinas municipales de matriculación y que se quería evitar la dualización del sistema educativo entre los que asumían la diversidad en todas sus vertientes, y los que o no lo hacían o lo hacían en mucha menor medida. Lo cierto es que hasta este mismo año la carga de la diversidad la soportaban de manera casi exclusiva las escuelas de titularidad pública. Por tanto, es evidente que algo se tenía que hacer al respecto. Se ha aplazado, esperamos que sólo de momento, la cuestión de la revisión general de los conciertos educativos y de su inspección, control y revisión o, en su caso, rescisión. Podría haberse dejado para el curso siguiente la reforma del sistema de matriculación, pero entonces las críticas hubieran llovido del sector que más esperanzas había puesto en que el nuevo Gobierno provocara un cambio significativo en la política educativa y en la defensa de la escuela pública. El camino emprendido, decreto de matriculación e implicación mayor de los municipios (con las 12 oficinas de matriculación creadas de forma experimental) va en la buena dirección, pero adolece de algunos problemas propios de la urgencia y presenta, desde mi punto de vista, ciertos riesgos que se deben corregir en el futuro. Entiendo que en el decreto, con el que coincido ampliamente, existe una cierta contradicción entre el reconocimiento al valor del proyecto educativo y al carácter de cada centro, y el hecho de que se haya suprimido la posibilidad de evaluar la continuidad en un mismo centro de hijos de ex alumnos del mismo. Probablemente ello priva, tanto en las escuelas públicas con un sello adquirido propio como en las escuelas concertadas bien asentadas en un territorio, de establecer ciertas dosis de continuidad-comunidad que deberían haber sido evaluadas adecuadamente, al margen de evitar que ello fuera una puerta de entrada de abusos o de selección encubierta del alumnado.

De manera más general, creo que la pluralidad de oferta educativa en Cataluña no sólo es un hecho difícilmente soslayable a estas alturas, sino que además es un valor que conviene preservar y defender, siempre que se dé prioridad a la escuela pública y que su labor resulte acorde con un modelo social y educativo que vaya en la linea de la inclusión social y el respeto a la diversidad. Hemos de recordar que la fuerza de la oferta educativa no pública procede, al menos en parte, de la realidad diferencial de Cataluña que suplió con iniciativas familiares y de entidades religiosas o laicas, la mala calidad o el autoritarismo de la oferta educativa pública del franquismo. Los abusos que ciertamente cometieron los gobiernos de CiU en la consideración de los motivos por lo cuales, según la normativa, se debía proceder al establecimiento de los conciertos, no impiden considerar que la pluralidad sigue siendo un valor que preservar, si se sabe evitar la segmentación social que ha producido y puede producir, o la falta de adecuación a los criterios públicos en cuanto a matriculación, contenidos, baremos y tasas. Por tanto, sería conveniente en el futuro no considerar a todo el sector concertado de manera indiferenciada. De hacerlo, estamos arrojando en brazos del padre Riu y de las posiciones más conservadoras a muchos sectores y colectivos que tampoco están de acuerdo en la deriva segmentadora y elitista que amenaza al sector concertado. Ampliar las alianzas, concertando el modelo de sociedad y de educación que queremos, puede ser la garantía de un imprescidible salto en la calidad educativa y social del país.