El Ayuntamiento de Cádiz le retira una vivienda protegida a un inquilino que quiso vender la concesión

El Consejo de Administración de la empresa municipal de viviendas de Cádiz, Procasa, ha retirado la concesión de una vivienda de protección oficial, otorgada en régimen de alquiler, a un inquilino que pretendía negociar la venta del contrato suscrito con el Ayuntamiento. El arrendatario reclamaba el triple de su valor máximo de mercado, contraviniendo de esta forma las condiciones de la concesión, que obliga al adjudicatario a no realizar ningún tipo de cesión del inmueble durante un tiempo mínimo de 10 años. Esta actuación administrativa se produce con motivo de una campaña contra el fraude en la gestión de viviendas protección pública, iniciada por el Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía tras haber detectado que una parte significativa del parque de viviendas sociales pueden está siendo objeto de operaciones especulativas.

En este caso, el inquilino, según la propia empresa, no llegó a habitar la vivienda, incluida en la nueva promoción de pisos de los terrenos ociosos de astilleros, pese a que la ley le obliga a ocupar el inmueble en un plazo máximo de tres meses. La empresa no ha dado a conocer la identidad del supuesto defraudador, ya que la medida aún no le ha sido notificada oficialmente.

El inquilino deberá devolver el piso en un plazo de 10 días para que Procasa pueda concederlo alguna de las más de 1.000 familias que están a la espera de obtener una vivienda en Cádiz. Además, la empresa no tendrá que devolver el dinero de alquiler que ha abonado hasta la fecha el titular de la concesión.

El Consejo de Administración de Procasa aseguró que, en la actualidad, están investigando otras concesiones y que procederán a la recuperación de nuevas viviendas en caso de que se demuestren nuevos fraudes.

En enero, el Ayuntamiento de Cádiz advirtió de que de las 1.100 viviendas VPO construidas por la Junta en los suelos ociosos de Astilleros, unas 220 permanecen aparentemente vacías. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez (PP), expresó su temor sobre la posibilidad de que algunos pisos se empleasen como segunda residencia o se realquilasen.