Los socialistas calculan que pueden relevar a 1.900 cargos públicos

El PSOE calcula en más de 1.900 los cargos de la Administración central que son susceptibles de ser relevados por personas de confianza del nuevo Gobierno. Poco más de 600 son cargos políticos, la mayoría designados por el Consejo de Ministros, y cerca de 1.300 son subdirectores generales, funcionarios designados desde los ministerios. En 1997, un año después del cambio del Gobierno, el PSOE denunció que el PP había relevado a 3.000 cargos.

Los socialistas han hecho un cálculo aproximado de los posibles relevos que afectarán a la cúpula de la Administración, tras el cambio de Gobierno. Su criterio genérico es que los 656 cargos políticos de confianza del Ejecutivo del PP, nombrados por el Consejo de Ministros, sean relevados. En cuanto a los 1.283 subdirectores generales, nombrados por designación directa, el Gobierno del PSOE confirmará a quienes garanticen la profesionalidad de sus cargos y relevará a quienes no lo hagan.

Los cargos políticos a sustituir afectan al presidente del Gobierno; a dos vicepresidentes; a 14 ministros; a 33 secretarios de Estado; a 16 subsecretarios; a 55 asimilados a subsecretarios y directores generales -entre los que figuran los 17 delegados del Gobierno-; a 221 directores generales; y a 217 asesores, de los que corresponden tres a cada secretario de Estado; siete por ministro y diez por vicepresidente. Todos estos cargos políticos (559) son designados por el Consejo de Ministros.

Los relevos también pueden afectar a unos 15 o 20 altos cargos de los entes reguladores: Mercado de Telecomunicaciones; Comisión de Seguridad Nuclear; Comisión Nacional de la Energía; Tribunal de Defensa de la Competencia y Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Son también susceptibles de relevo los 28 directores de empresas de la SEPI, entre las que figura RTVE; los responsables de las nueve Confederaciones Hidrográficas; del Consejo de Universidades y de las Fundaciones Públicas.

Algunos de los altos cargos de los entes reguladores y de algunas empresas públicas tienen un mandato regulado legalmente, pero una vez cumplido, serían susceptibles de relevo. Otros, como los dos directores técnicos y el secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear podrían ser relevados inmediatamente, según fuentes socialistas.

Pero el mayor número de cargos de designación directa afecta a 1.283 subdirectores generales, donde se encuadran desde los 52 subdelegados de Gobierno, que son cargos políticos elegidos entre funcionarios de la Administración; o jefes de gabinete hasta niveles altos de los ministerios. En este último caso, las fuentes socialistas consultadas señalan que "se confirmará a quienes justifiquen la profesionalidad de su cargo y se relevará a quienes no lo hagan".

Los cambios del PP

En este sentido, los socialistas tienen muy marcado el efecto que produjo en la Administración el relevo del Gobierno del PSOE al Partido Popular hace ocho años. En abril de 1997, José Luis Rodríguez Zapatero, próximo presidente del Gobierno y entonces portavoz de la Comisión de Administraciones Públicas del PSOE en el Congreso, denunció la sustitución de 3.000 cargos de la Administración por el PP en sólo un año.

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apatero aseguró en el Congreso, en abril de 1997, que los altos cargos, designados por Consejo de Ministros -secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales-, y sustituidos fueron 294 sobre 322, el 91%; los subdirectores generales relevados fueron 554 sobre 1.185, el 46%; los relevos en la Administración periférica alcanzaron la cifra de 1.000, y otros funcionarios de menor rango relevados rondaron la cifra de 1.200.

El entonces portavoz de la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso por el PSOE, tras un estudio exhaustivo, señaló que el PP había cambiado al 88% de los directores generales frente al 60% de la UCD y el 80% del PSOE de Felipe González. Zapatero señaló que la sustitución que había efectuado el PP en la Administración, heredada del PSOE, "no tenía precedentes" ni siquiera en la transición democrática.

Precisó, incluso, que los ministerios que más habían removido su estructura administrativa eran los de Trabajo, cuyo titular era Javier Arenas, y Educación y Cultura, cuya ministra era Esperanza Aguirre. Y los que menos lo habían hecho era Administraciones Públicas, cuyo ministro era Mariano Rajoy, y el de Economía y Hacienda, dirigido por Rodrigo Rato.