El Consell recurre al sector privado para crear más vivienda social

El Consell ha apostado por la iniciativa privada para impulsar la promoción y fomento del parque de viviendas protegidas. La vivienda social fue una de las bazas del PP en los comicios autonómicos, hasta el punto de que se comprometió a crear 10.000 nuevas viviendas de estas características en cuatro años. Para materializar este objetivo, el consejo de administración del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), acordó ayer por unanimidad la constitución de tres nuevas sociedades mixtas con sendos grupos privados para desarrollar proyectos de vivienda pública: el promotor y constructor alicantino Enrique Ortiz, la compañía G y C y la entidad bancaria BBVA.

Las tres nuevas sociedades se suman a las dos que ya operan, aunque hasta ahora mediante sendos convenios con las dos cajas valencianas: la CAM y Bancaixa. En las cinco sociedades, los socios particulares controlan el 51% de capital.

Fuentes de la Consejería de Territorio y Vivienda subrayaron que las nuevas sociedas mixtas no comenzarán a operar hasta que se constituyan de manera oficial y que su ámbito de actuación es todo el territorio valenciano. "Tras su constitución oficial, se estudiarán los diferentes proyectos que planteen", comentaron estas fuentes.

Por otra parte, las mismas fuentes descartaron que en la reunión de ayer del IVVSA se adoptará ningún tipo de acuerdo relativo al desarrollo del plan de Rabasa, una de las zonas más importantes que todavía queda por urbanizar en el término municipal de la ciudad de Alicante, con una extensión superior a los cuatro millones de metros cuadrados.

Convenios municipales

La constitución de las tres nuevas sociedades mixtas que ha auspiciado el Consell para impulsar la vivienda pública se enmarca en la serie de iniciativas puestas en marcha por el titular de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco. El consejero ha formalizado convenios con diferentes ayuntamientos para generar suelo, así como con la Asociacióm de Promotores Inmobiliarios de Valencia.

El convenio con los promotores pretende dotar de credibilidad a la promesa del presidente del Consell, Francisco Camps, de construir 100.000 viviendas accesibles a las rentas más bajas a lo largo del presente mandato. Parte importante de ese convenio pasa por concentrar las futuras viviendas de protección oficial. En lugar de dedicar un porcentaje de cada plan de actuación urbanística a viviendas protegidas y levantar un bloque protegido junto a edificios dedicados a las rentas más altas, se pretende racionalizar la distribución de las viviendas en cada municipio.

El afán del PP por promocionar la vivienda pública obedece, entre otras cuestiones, a las criticas de los socialistas. El PSPV sostiene que desde la llegada de los populares al Consell la construcción de VPO bajó 26 puntos.