El teniente fiscal de Madrid denuncia "operaciones policiales propagandísticas"

El teniente fiscal del Tribunal Superior de Madrid, Pedro Martínez, acusa al delegado del Gobierno, Francisco Javier Ansuátegui, en connivencia con el jefe superior de policía de Madrid, Miguel Ángel Fernández Rancaño, de haber efectuado en los últimos meses "operaciones policiales propagandísticas". El fiscal asegura que se han producido en detrimento de "los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos". Ansuátegui declinó ayer comentar las acusaciones del fiscal.

"No se concibe que se rebajen las garantías para mejorar la seguridad ciudadana"

"Con los datos de los juzgados, en 2003 creció la tasa de delincuencia casi un 4%"

Martínez cita las presiones que recibió la fiscalía de altos cargos policiales, a su vez presionados por la Delegación del Gobierno, para atribuir "sin suficientes pruebas" a un vecino de Alcalá de Henares los crímenes del asesino del naipe, y también la detención de más de 120 inmigrantes sin papeles, que cenaban con sus familias en restaurantes de la zona de Usera, en Madrid. Tanto la detención del falso asesino del naipe como la masiva detención de inmigrantes se produjeron en vísperas de elecciones.

Martínez explica: "En los últimos tiempos, y como las cifras de la delincuencia no bajaban, y las de policías disminuía, la Delegación del Gobierno indujo el relevo de Juan Zurera -un profesional escrupuloso y respetuoso con los ciudadanos- como jefe superior de policía de Madrid. El sustituto, Fernández Ran-caño, "se lanzó a una campaña de propaganda para aparentar una gran eficacia y derivar la responsabilidad del fracaso a otros, a los jueces y al sistema de garantías. Para ello, diseñaron operaciones espectaculares, en las que lo que menos importaba era la eficacia policial. Se trataba de montar un gran aparato, muy llamativo y con muchas detenciones y muchos policías. Operaciones hechas en momentos claves, de cara a la prensa, a la que se invitaba. Pero lo que pasara después no importaba, lo importante era salir en los periódicos", apostilla el segundo jefe de la fiscalía de Madrid.

"La operación mas llamativa fue la que se llevó a cabo contra inmigrantes extranjeros la víspera de las elecciones a la Comunidad de Madrid. Luego no pasó nada. La policía detuvo a más de 120 inmigrantes, pero sólo uno quedó a disposición judicial. Estaban cenando o de charla en restaurantes. Se presentó a la opinión pública como una operación contra la delincuencia extranjera. Algunos policías me comentaron que pasaron vergüenza durante la intervención", subraya el teniente fiscal.

Pregunta. El jefe superior de policía emitió un informe en la junta de seguridad local celebrada el pasado 28 de enero en la que indicó que la delincuencia se estabilizaba en la Comunidad de Madrid.

Respuesta. Los datos de los juzgados indican que en 2003 se ha producido un incremento de la tasa delictiva próximo al 4% sobre 2002. En 2003 los juicios rápidos se han incrementado un 30%, y, sin embargo, la delincuencia no ha disminuido. Los juicios rápidos, por sí solos, no disminuyen la delincuencia. Y ahora que estamos cerrando la memoria de la fiscalía, esos datos se confirman.

P. Cada vez hay más asesinatos en Madrid.

R. La seguridad ciudadana se ha deteriorado gravemente. Lo peor no es el salto cuantitativo, sino el cualitativo que se produjo el año pasado. En Madrid hemos pasado de 75 a 100 muertes violentas, y en general la delincuencia es más violenta y en ocasiones gratuita. También se han importado actividades delictivas que se practicaban poco, como el secuestro. Todo eso hace que la delincuencia sea más peligrosa si cabe. La seguridad ciudadana es un derecho básico, pero no se concibe que se rebaje el nivel de garantías de los ciudadanos para mejorar la seguridad ciudadana. Disminuiría la libertad y no habríamos conseguido nada

P. ¿Por qué dice que se pretende rebajar el nivel de garantías de los ciudadanos?

R. En una ocasión, el juzgado de guardia puso en libertad a 15 de los 16 rumanos que habían sido detenidos porque supuestamente estaban implicados en más de 100 delitos graves, falsificación de tarjetas y delitos relativos a la prostitución. Esta era la versión oficial. En realidad, los delitos sólo se mencionaban, pero no se establecían relaciones entre los robos y los detenidos. Sólo quedó preso quien debía estarlo, es decir, un falsificador, pero no los otros que, aparte de ser rumanos, tenían una intervención dudosa y en todo caso referida al uso de tarjetas y no a la falsificación. Desde la policía se pidieron explicaciones. Entonces dije que lo que hay que justificar es la prisión, y que la libertad es el estado natural del hombre.

P. Pero aquello causó una gran alarma

R. Es verdad, hubo titulares alarmistas durante días, incluso con fotografías de efectos intervenidos a los detenidos que, sin duda, alguien trasladó a los medios de comunicación con absoluto desprecio al secreto de la investigación judicial. Formaba parte de operaciones de propaganda. Entonces lo dije públicamente y la respuesta del delegado del Gobierno fue hacer caso omiso. En lugar de investigar lo sucedido, por qué se presentaban atestados de esa forma, le pidió al fiscal jefe mi relevo de coordinación policial, algo insólito desde que este país tiene democracia. El fiscal jefe y yo tuvimos que poner a otros fiscales como interlocutores con la policía, quienes, obviamente, han seguido oponiéndose a pretensiones infundadas como aquella.

P. ¿Ansuátegui pidió al fiscal jefe su relevo porque usted se oponía a validar operaciones policiales propagandísticas?

R. Sí.

P. ¿Y el fiscal jefe le relevó?

R. No, aunque el hecho es que puso a dos fiscales para coordinar las actuaciones policiales. Obviamente, ellos han de consultarnos al fiscal jefe o a mí.

P. Parece una ingerencia del poder político sobre el judicial, que es el que debe velar por los derechos y libertades.

R. Lo malo no fue mi relevo ocasional; lo malo es que esta situación ha generado un profundo malestar en el ámbito judicial, un sentimiento de desconfianza frente a quienes pretenden hacernos bajar el listón de las garantías, y eso es lo peor que puede suceder en una crisis de seguridad ciudadana. Restablecer esa situación de confianza será difícil y requiere un cambio en los responsables de la policía. Para que haya más seguridad, no es necesario limitar las libertades, ni cercenar el sistema de garantías como se ha pretendido hacer en Madrid, sino incrementar la eficacia policial, aumentar los efectivos considerablemente, dotarles de más medios y, sobre todo, de mejor formación. Y terminar con las jornadas extenuantes y con la intolerable presión política a la que se encuentran sometidos los profesionales de la policía.

P. Desde Interior se ha atribuido el aumento de la delincuencia al de población inmigrante

R. El aumento de la delincuencia se debe al incremento de la marginalidad y precariedad social, no a la nacionalidad. El aumento de la productividad y la mejora de nuestro sistema de pensiones se deben en gran medida al impulso dado por los trabajadores inmigrantes, y eso rara vez se menciona. La confusión entre trabajador inmigrante y delincuente es peligrosísima. Se tiene que diferenciar con claridad y dar seguridad jurídica a los extranjeros honrados para que puedan integrarse en la sociedad. Respecto a los indeseables, los delincuentes, la respuesta social debe ser clara y contundente, la expulsión cuando se trate de pequeños delitos con penas no superiores al año. En los demás casos, deben cumplir la pena, y sólo al final de la condena cabe expulsarles. Ahora, gracias a la última reforma del Código Penal, se expulsa a los narcotraficantes condenados a penas graves, hasta de seis años, tras un breve descanso en algún centro penitenciario. Se les manda de vuelta a su país con el billete pagado. Tiene un efecto desmoralizador para la sociedad y es un importante atractivo para el narcotráfico internacional.