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Reportaje:

El Ibex no da la talla en buen gobierno

Un estudio de GMI constata que las 35 firmas del índice están lejos de la media internacional

A pesar del esfuerzo de los últimos años, las empresas españolas siguen muy lejos de sus competidoras extranjeras en materia de buen gobierno corporativo. Un estudio de la consultora Governance Metrics International (GMI) sobre más de 2.000 cotizadas constata que las 35 del Ibex están muy por debajo de estadounidenses y británicas en este terreno, pero también de las alemanas. Sus defectos más comunes son la escasez de consejeros independientes y las limitaciones al derecho de voto. Se salva Inditex y el farolillo rojo es FCC.

Las empresas españolas obtienen una nota de 4,6, casi dos puntos menos que la media global. Canadá y EE UU son los países más avanzados

Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) es la empresa española que menos en serio se ha tomado las recomendaciones sobre buen gobierno de las empresas, según concluye el estudio de la consultora Governance Metrics International (GMI), con sede en Nueva York. O lo que es lo mismo, a pesar de los escándalos empresariales y de la aprobación de nuevas normas para que las empresas informen más y mejor a los mercados y tomen sus decisiones en favor de todos los accionistas, y no sólo de unos pocos, aún está a años luz de sus competidores de otros países.

Para llegar a esta conclusión, esta firma especializada analiza hasta 600 variables diferentes que, en este caso, fueron recopiladas entre noviembre del año pasado y enero de este año en 2.121 compañías repartidas por 21 países, el 54,6% de ellas radicadas en Estados Unidos. El resultado es una nota que permite comparar a unas firmas con otras, independiente del país de origen de las mismas, y obtener una media general que indica el estado de la cuestión en cada país.

En el caso de la constructora que preside Esther Koplowitz, esa nota es de 1,5 puntos, muy lejos no sólo de la media global (6,3), sino incluso de la española, que tiene en cuenta sólo a las 35 empresas que forman el índice Ibex y que se sitúa en 4,6 puntos. Canadá, con 7,6 puntos, y Estados Unidos, con seis décimas menos, son las más avanzadas.

La tendencia general de las empresas españolas no permite, pues, ser optimista. Entre las 22 compañías que obtienen la puntuación más alta no aparece ninguna de esta nacionalidad. Y, aunque la valoración media de las firmas del Ibex es idéntica a la que reciben sus competidoras de Francia e Italia, las primeras no dan la talla, "no llegan a la media en ninguna de las categorías de buen gobierno", subrayan los autores de la investigación. O lo que es lo mismo, sus consejos son menos independientes, la información financiera que suministran a los mercados es de peor calidad, sus accionistas tienen menos derechos y sus políticas de compensación de directivos tampoco están igual de claras.

En el caso de la composición de los consejos, la diferencia es significativa: sólo el 41% de los consejeros del Ibex mantiene de forma efectiva su independencia con respecto a la compañía, y menos del 25% de los consejos están compuestos en su mayoría por este tipo de administradores, se sorprenden los consultores de GMI.

Sociedades bajo control

Otra peculiaridad de las empresas españolas tiene que ver con el control de las sociedades. Mientras que en los países anglosajones, que son los más avanzados en relación al gobierno corporativo, el capital suele estar muy diseminado, un tercio de las del Ibex están controladas por un accionista de referencia.

"En España, la mayoría de las compañías se ha limitado a cumplir la ley", asegura el consejero delegado de GMI, Gavin Anderson, desde Nueva York.

Los consultores de GMI destacan, en negativo, que FCC no cuenta con comités que supervisen las tareas del consejo, si bien ha aprobado la creación de un comité de auditoría y ha mostrado su intención de cambiar esta situación; no cuenta con una política clara de buen gobierno; mantiene una limitación sobre el derecho de voto del 10% y sólo tiene 3 consejeros independientes de un total de 18 (en diciembre, la compañía nombró dos nuevos consejeros).

Junto a ella, en el furgón de cola del buen Gobierno español están también Metrovacesa, Abertis y Cepsa, las tres con una calificación de 3,0 puntos, y Altadis, con uno más. A cada una de ellas se le atragantan una o varias normas de buen gobierno, recomendaciones elaboradas por expertos y dirigidas a las sociedades cotizadas que suelen agruparse en códigos de carácter voluntario.

Entre los males que, según la investigación, aquejan a estas cinco empresas está la escasez de consejeros independientes en FCC y Abertis, un mal que aqueja a muchas compañías españolas; la reticencia a dar determinada información a los mercados que muestra Metrovacesa; el defectuoso comité de auditoría de Cepsa y la limitación de los derechos de voto en Abertis -"una de las más severas de todas las empresas españolas"- y Altadis, otro mal generalizado en la Bolsa española.

"Cumplir la ley"

Las cosas han empezado a cambiar. A pesar de que hasta hace poco la ley decía apenas nada sobre cómo deben gobernarse las empresas cotizadas, hay ejemplos de empresas que se toman tan en serio la cuestión como sus competidores internacionales. Aunque aún son muy pocas. Inditex, que es la que obtiene una puntuación más alta (7,5) en el análisis de GMI, es la única que supera la media global. Las otras cuatro empresas destacadas son Bankinter, Indra Sistemas y NH Hoteles, las tres con 6,0 puntos, y Telefónica, con 5,5.

Habrá más ejemplos en el futuro, aunque sea por imperativo legal. A raíz de los escándalos empresariales que empezaron con la quiebra de Enron en 2001, los Gobiernos de medio mundo se han apresurado a reformar la ley.

España no se ha quedado al margen de este movimiento. La ley financiera y la ley de transparencia, aprobadas en 2002 y 2003, respectivamente, impusieron nuevos requisitos para las compañías que cotizan en Bolsa. Es el caso de la obligación de hacer un informe anual de buen gobierno, publicar determinada información detallada en Internet, contar con reglamentos para la junta de accionistas y el consejo de administración, o la creación de comités de auditoría para velar por una mayor independencia del auditor externo.

Estas nuevas obligaciones, algunas de las cuales siguen pendientes de desarrollo, se han ido implantando de forma paulatina entre las juntas generales de accionistas del año pasado y las de éste. El que viene empezarán a verse sus efectos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 28 de marzo de 2004