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Reportaje:MATANZA EN MADRID

"Hemos pagado muy cara la tarjeta de residencia"

La historia de seis inmigrantes acogidos al proceso extraordinario de regularización

El permiso de residencia concedido a los inmigrantes que fueron víctimas del 11-M y sus familiares, no es ninguna ganga. A Vladimir Tomachevscii, lograr este documento le ha costado que su mujer sufriese la fractura de una pierna, lesiones severas en los pulmones y un trauma psicológico del que no sabe si se recuperará algún día. Este inmigrante moldavo fue el primero de cincuenta extranjeros que ayer recibieron el documento que todo inmigrante anhela, en la Comisaría General de Policía.

Vladimir no parece estar contento, a pesar de que llevaba dos años soñando con este día. Desde que salió de su país, no ha podido regresar para visitar a sus hijos por estar indocumentado. Intenta olvidar la tragedia, pero no puede. Con el semblante serio, recibe la pequeña credencial de plástico; cada vez que la mire, recordará los peores días de su vida. "Mi mujer estaba en el tren que explotó en Atocha. Muchas horas estuve sin saber nada de ella, hasta que la encontré en el hospital Gregorio Marañón", relata. La angustia continuó la semana que estuvo al pie de su cama mientras ella se recuperaba.

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Como miles de inmigrantes, Vladimir toma cada mañana el tren de cercanías, entre las siete y las ocho de la mañana, de Vallecas hasta Alcalá de Henares. El 11-M no fue la excepción. Pero él salió más temprano y esquivó la tragedia. "Hemos pagado muy cara la regularización", afirmó tajante al recibir la credencial.

En papel moneda, el precio de emisión del documento es de seis euros. Pero en realidad, la tarjeta de residencia ha tenido un valor incalculable para los inmigrantes. Como el que saldó Andre Emil Dreghici, de origen rumano, quien el 11-M tomó un tren hasta Atocha para viajar hasta la obra donde trabaja. La onda expansiva de la bomba que explotó en su vagón lo dejó sentado en el suelo, junto a las vías, y le provocó deficiencias en la vista y dolores en los tímpanos. Cinco días después entregó un certificado médico que acredita sus lesiones, y por eso pudo ayer regresar a casa como inmigrante regular.

"Ya no tendré miedo por salir a la calle sin papeles", dijo, mientras la pequeña Claudia, su hija de cinco años, se esconde tímidamente entre sus piernas. Pero cuando le preguntan sobre aquel terrible día, dice con una madurez sorprendente: "Cuando supe que explotaron los trenes, el corazón me latía muy fuerte y quería ver a mis padres". Entonces ella estaba en la escuela y su corazón no se calmó hasta que se reunió con ellos en el hospital.

La tarjeta cambiará la vida de los extranjeros víctimas del 11-M y sus familias al otorgarles la libertad de trabajar libremente en España con unos privilegios que no tienen el resto de inmigrantes regulares. En efecto, la nueva Ley de Extranjería asigna a los inmigrantes el oficio con el que pueden ganarse la vida y la zona geográfica donde ejercerlo.

Vladimir en cambio, a partir de ahora podrá poner en práctica sus conocimientos como técnico mecánico industrial. "Cuando vivía en Moldavia trabajaba en una fábrica pulidora de metales. Aquí construyo andamios", explica. No le gustan los protagonismos y es muy parco con los periodistas, pero es tajante al afirmar que desea trabajar en su oficio, algo que hasta ahora le era imposible por no tener papeles. "He sido instruído y estoy capacitado. ¿Por qué no aprovechar mi formación si hay trabajo?". Pero lo que más le duele no es esto. Desde que vive en España, hace dos años, no ha visto a sus dos hijos que residen en Cichinev. Como extranjero irregular no hubiera podido viajar a su país y regresar a España. Pero después de recibir la tarjeta de residencia, podrá cumplir el sueño de reunirse con su familia.

Los extranjeros esperan en la cola con impaciencia, porque ya no quieren saber nada de recuerdos de bombas y muertos. Ana, ciudadana rumana, está ilusionada con la regularización pero al mismo tiempo no puede contener las lágrimas. "Al fin podré visitar la tumba de mi madre, que murió el año pasado. No pude estar presente en su funeral porque estaba indocumentada. Aquí tengo a mi hijo y mi esposo; si me iba, no hubiera podido regresar", cuenta.

Las historias abundan, tanto como las necesidades. Alejandra Arellano es una ecuatoriana de 16 años. Acompaña a su padre,César Arellano, que se lesionó el tobillo en una de las explosiones de la estación de Atocha. Ahora, mientras esperan su turno, Alejandra piensa con ilusión en sus compañeros de colegio. Hace poco interrumpió sus estudios porque la Administración no se hace cargo de la enseñanza de inmigrantes irregulares después de cumplir su edad. Entonces truncó su aprendizaje básico y se matriculó en un centro de peluquería. "Con mis papeles podré volver al colegio y sentarme otra vez junto a mis amigos", asegura esta joven.

"Esta regularización nos ayuda mucho, pero espero que haya otra oportunidad para mis paisanos y muchos extranjeros de otros países que también los necesitan para trabajar, sin necesidad de más bombas", añade su padre mientras se encamina hacia la oficina donde recibirá el carné plástico que le permitirá realizar sus aspiraciones.

No ha faltado quien, sin haber viajado en los trenes que el 11-M segaron las vidas de 47 inmigrantes, ha aprovechado la oportunidad que constituye esta regularización de lograr esa vida mejor por la que abandonaron su tierra y renunciaron a su cultura y su idioma. "El problema es que hay intentos de fraude. La picaresca es normal en estos casos, porque la gente se agarra a un clavo ardiendo para legalizarse en España", afirma Carlos Olavide, comisario encargado del proceso.

Pero además de pícaros, también hay verdaderas víctimas que tienen que hacer un doble esfuerzo para justificar que viajaron en los trenes. Algunos no se atrevieron a recibir atención médica el mismo día de los atentados, por el temor de recibir una orden de expulsión al estar indocumentados; otros, temieron nuevas explosiones y se marcharon a sus hogares. Ambos miedos los tuvo Viorel, de origen rumano, quien ahora tiene los tímpanos rotos, y sufrió amnesia repentina cuando caminaba por su barrio, en Alcalá de Henares, un día después del atentado. Fue atendido en el hospital Príncipe de Asturias. Gracias al parte médico, su esposa Ana, pudo recoger ayer su tarjeta y la de su hijo. Él espera conseguir la nacionalidad.

Esta información ha sido elaborada por Gustavo Franco, Patricia Ortega Dolz y Soledad Alcaide.

Vladimir Tomachevscii, víctima del atentado,  recibió ayer su  tarjeta de residencia.
Vladimir Tomachevscii, víctima del atentado, recibió ayer su tarjeta de residencia.LUIS MAGÁN

Permisos flexibles

El proceso extraordinario de regularización abierto tras el 11-M ha recogido, de momento, 1.043 solicitudes de nacionalidad y 692 de residencia. "Parece extraño que sobrepasen las peticiones de nacionalidad a las de regularización, pero la tendencia se está invirtiendo porque en muchos casos, como en el de los rumanos, tienen que renunciar a su nacionalidad para adquirir la española", comenta el comisario Carlos Olavide, encargado del proceso. "De momento no se ha concedido ninguna nacionalidad porque requiere un procedimiento más complejo", señala.

Hasta ayer se habían entregado ya unas 66 tarjetas de residencia, que regularizan la situación de sus titulares durante un año y les permiten, en contra de los habituales procesos de regularización, trabajar en cualquier sector laboral y en cualquier lugar de España. Son permisos de residencia mucho más flexibles.

El mayor número de solicitudes de regularización proviene de inmigrantes rumanos (238), ecuatorianos (212) y colombianos (112), mientras que en el caso de las peticiones de nacionalidad las más numerosas son las ecuatorianas (406), seguidas de las rumanas (214) y de las colombianas (168).

"Según nuestros datos, de los 190 muertos del atentado, 47 eran extranjeros [la mayoría rumanos, 16] y de los casi 1.500 heridos, 101 procedían de otros países. Si calculamos que cada familia la constituyen seis personas, nos enfrentaríamos a un proceso de regularización de unas 900 personas y ya llevamos 1.600 expedientes y hemos atendido cerca de 5.000 consultas", dice Olavide.

Para este proceso ha sido necesario reforzar la oficina central de extranjería con un equipo de urgencia de 25 funcionarios de la Dirección General de Policía y cuatro del Ministerio de Justicia.

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