El Consell pedirá más financiación con el mismo argumento que Andalucía

El Consell dedicó ayer su reunión plenaria a dos cuestiones:darse por "enterado" de la liquidación del presupuesto de 2003 y proceder a un "análisis general de la situación política" para identificar las "cuestiones pendientes" que la Generalitat mantiene con el Gobierno, según explicó el portavoz Alejandro Font de Mora. A caballo entre ambos asuntos, Font de Mora aseguró que Gerardo Camps, consejero de Economía y Hacienda, citó entre los agravios que el Consell debe reclamar al Gobierno los problemas derivados de la estimación del censo sobre el que se sustenta el actual modelo de financiación de la Generalitat, el mismo argumento que ha esgrimido el presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves para reclamar al Estado una deuda histórica creciente.

La liquidación reduce los ingresos pendientes de cobro al 17% del presupuesto

El modelo de financiación pactado entre el Estado y las comunidades autónomas en 2001 estima que la Comunidad Valenciana alberga una población de cuatro millones de habitantes, según el censo de 1998. La población de hecho suma desde 2001 unos 200.000 habitantes más, de modo que la financiación estatal de servicios como la Sanidad o la Educación arranca con un desfase del 5%.

Los técnicos que han intentado negociar una revisión de esas cifras han topado con dos frentes cada vez que han expuesto sus problemas para llegar a fin de año desde entonces. Por un lado, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda en funciones y adalid del déficit cero, una de las máximas que José María Aznar se empeñó en respetar a rajatabla, que nunca admitió una revisión del censo real. Por otro, el escaso interés de los sucesivos responsables de la Generalitat por airear los problemas técnicos de un sistema de financiación que llegó a bautizarse como modelo Zaplana. El ex presidente de la Generalitat y hoy ministro de Trabajo en funciones dibujó las líneas generales del sistema poco antes de las elecciones autonómicas de 1999, cuando ejercía el papel de autonomista reivindicativo para desplazar a los regionalistas de Unión Valenciana.

Font de Mora intentó poner paños calientes al cambio de tercio y sugirió que el Consell evitará una "agresividad innecesaria" en la reivindicación de una mayor aportación del Estado para sostener los servicios públicos que disfrutan los valencianos. Explicó que el problema se planteará "cuando llegue el caso ante el foro adecuado" y siempre "desde la racionalidad y la legitimidad". Con maneras suaves, Font de Mora desarmó el aluvión de críticas vertidas sobre el presidente catalán Pasqual Maragall hace semanas por esgrimir problemas similares.

Un alto cargo de Hacienda explicaba ayer que sólo los altos ingresos tributarios derivados de la actividad económica desplegada por los valencianos han permitido a la Generalitat salvar los muebles durante los años de vigencia del actual modelo de financiación.

La liquidación del presupuesto de 2003 que aprobó el Consell en su reunión plenaria arroja un déficit de apenas cuatro millones de euros, una cantidad tan exigua que equivale "técnicamente" al equilibrio presupuestario acorde con la máxima del déficit cero.

Al margen de posibles maquillajes contables que sólo puede revelar la cuenta general de la Generalitat, el presupuesto de 2003 se cerró con una partida de ingresos pendientes de cobro que asciende a 2.011 millones de euros. La factura que la Generalitat mantiene viva, esencialmente ante el Estado, es abultada en términos absolutos pero en términos relativos supone el 17,1% del total del presupuesto, el porcentaje de ingresos pendientes más bajo en las sucesivas liquidaciones de la Generalitat desde hace una década.

Respecto a las facturas pendientes de pago, el responsable de Hacienda aseguró que suman a 1.512 millones de euros, de acuerdo con la liquidación firmada por el interventor, que evitó distribuir entre los periodistas. Los pagos pendientes al final del ejercicio crecen apenas un 1% sobre la liquidación del año anterior, según el propio Camps.

El esfuerzo contable del equipo de Hacienda para liquidar el presupuesto en mejores condiciones que en los últimos años choca, sin embargo, con la deuda pública acumulada por la Generalitat que el Banco de España cifró el miércoles en 7.668 millones de euros, una cantidad que sólo supera Cataluña en términos absolutos y que representa un 10,6% del PIB valenciano, un porcentaje sin parangón entre el conjunto de comunidades autónomas.

Y, sobre todo, con el volumen de los avales concedidos por la Generalitat a empresas públicas, que no se contabilizan como deuda pública, pero que ascendían a finales de 2003 a 1.502 millones de euros, de acuerdo con una respuesta parlamentaria formulada por el grupo socialista en las Cortes Valencianas y firmada por Gerardo Camps el pasado 28 de enero.

Los avales concedidos por la Generalitat para que las empresas públicas acometan las inversiones que el Consell no puede afrontar si pretende mantener la máxima del déficit cero se han multiplicado por cinco desde 1998, cuando los riesgos asumidos por la arcas de la Administración autonómica al margen de la deuda pública sumaban 314 millones de euros. De acuerdo con los datos recabados por Cristina Moreno, portavoz de Hacienda del grupo socialista, la progresión de los riesgos contraídos por la Generalitat al avalar a empresas públicas ha crecido a 522 millones en 1999; 711 en 2000; 989 en 2001; 1.294 en 2002; hasta alcanzar 1.502 millones el año pasado.

La rebaja de la calificación de la deuda por parte de Fitch responde a ese riesgo que no se refleja en la contabilidad de la deuda. La agencia Standard & Poor también alertó a la Generalitat sobre el volumen de la deuda de las empresas públicas cuando emitió su última calificación de la deuda el pasado febrero.

Fuentes de Hacienda explicaron que tres técnicos de Moody's, una tercera agencia, examinó las cuentas de la Generalitat ayer por la mañana.

Gerardo Camps sostiene que la deuda contraída por la Generalitat ha contribuido de forma decisiva al crecimiento económico de la Comunidad Valenciana durante los últimos años.

Font de Mora, después del pleno del Consell, sin embargo, atribuyó esa "generación de prosperidad" a las políticas impulsadas por José María Aznar, presidente del Gobierno en funciones, que recibió ayer "el expreso reconocimiento" a su labor de parte del ejecutivo valenciano. La estrategia inmediata ante el nuevo Gobierno será de "gestión eficaz y reivindicación enérgica", según el portavoz.