El equipo de gobierno de Marbella agota los plazos para no demandar a Jesús Gil en 12 procedimientos

El Ayuntamiento de Marbella no se personará como parte perjudicada en el procedimiento de embargo preventivo dictado por el Tribunal de Cuentas contra el ex alcalde Jesús Gil y otros seis ediles de su formación, por no justificar 87 millones de euros destinados a las sociedades municipales entre los años 1990 y 1991. El equipo de gobierno, que encabeza Marisol Yagüe, votó ayer en contra de la propuesta presentada por la oposición, que acusa además al gobierno local de agotar los plazos en 12 procedimientos de alcance contable por irregularidades en las empresas públicas, para no demandar a Gil.

Como viene siendo habitual, el pleno estuvo plagado de incidentes y altercados. Durante la primera hora y media los insultos impidieron oír las intervenciones. Hubo incluso un agrio enfrentamiento, zarandeo incluido, entre dos personas que fueron desalojadas rápidamente por agentes de la Policía Local. La primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, defendió la postura del gobierno local al estar la causa en fase de diligencias previas y liquidación provisional. "No estamos en el momento procesal oportuno y por tanto no se puede deducir la responsabilidad de las personas a las que se está juzgando", insistió García Marcos.

Dijo también García Marcos que el Ayuntamiento pedirá el archivo de las diligencias previas, que se mantienen en varios procedimientos de alcance contable, para concejales y funcionarios "que no tenían ninguna responsabilidad", entre los que citó a la propia alcaldesa, Marisol Yagüe. Los concejales de PSOE y PP, Silvestre Puertas y Francisca Caracuel, anunciaron por el contrario que sus grupos se personarán en la causa abierta por el Tribunal de Cuentas.

En cualquier caso, el edil del Grupo Mixto C, Alberto García, señaló además que el Tribunal de Cuentas tras fiscalizar las sociedades municipales dio un plazo de 20 días al Ayuntamiento para formalizase demanda como posible perjudicado, un plazo que recordó el equipo de gobierno "ha dejado caducar" sin adoptar ninguna iniciativa. Uno de estos procedimientos se refiere a la no justificación de 4.000 millones de pesetas.

Caracuel por su parte acusó a Yagüe de dar instrucciones a un despacho de abogados, Luna asociados, para que en un procedimiento de más de 14.000 millones de pesetas "diga que no hay perjuicio y que no debe exigirse responsabilidad contable alguna".

Otro de los puntos polémicos fue la petición del cese del ex gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca, responsable de los convenios urbanísticos. La oposición en pleno recordó que Roca está en libertad bajo fianza por el "caso saqueo", un argumento que no convenció a Yagüe. "Juan Antonio Roca goza de la confianza total de esta alcaldesa en las funciones encomendadas, confianza no empañada por estar imputado en un procedimiento. Y para trabajar lo hago con las personas en quien confío plenamente", subrayó.