El Gobierno recurre al Constitucional el tributo 'verde' sobre El Cabril
El Consejo de Ministros, en una de sus últimas sesiones antes de que las Cortes certifique el cambio de Gobierno y apruebe la designación del socialista José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Ejecutivo central, aprobó ayer recurrir uno de los cinco impuestos ecológicos que estableció la Junta de Andalucía a finales de 2003. En concreto, el Consejo, presidido ayer por el vicepresidente segundo, Javier Arenas, anunció la impugnación del impuesto sobre depósito de residuos radiactivos, que grava el almacén de residuos en la única instalación de esas características que existe en Andalucía, la planta de Enresa en El Cabril (Córdoba).
"El Gobierno quiere mantener hasta el último instante la confrontación viva", lamentó el consejero de Economía en funciones, José Salgueiro. En los últimos ocho años, el enfrentamiento político entre el Ejecutivo central (PP) y la Administración autonómica (PSOE) ha tenido al Tribunal Constitucional como uno de sus escenarios favoritos. El Tribunal tiene pendiente de resolver 55 litigios entre ambas Administraciones, aunque Salgueiro puso en duda de que este último se formalizara al recordar que al actual Gobierno sólo le queda un mes.
Empresas afectadas
"El PP ha hecho el último servicio a las compañías eléctricas", declaró Francisco Garrido, coordinador regional de Los Verdes. Esta formación ha revalidado su acuerdo programático con el PSOE andaluz, que incluye ampliar la fiscalidad ecológica esta legislatura.
El impuesto recurrido grava cada metro cúbico de restos radiactivos con 7.000 euros. Enresa debe cobrar esa cantidad a las empresas (centrales nucleares e instalaciones radiactivas) y transferir la recaudación a la Junta, que esperaba lograr unos 14 millones de euros al año. Hasta ahora, las centrales nucleares gestionadas por compañías eléctricas han suspendido el envío de residuos a El Cabril por su oposición a este nuevo tributo, ahora impugnado por el Gobierno. El PP andaluz -que incluyó en su programa la eliminación de todos los tributos ecológicos- había reclamado al Ejecutivo central que recurriese la fiscalidad verde de la Junta.
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