Una jurista con gran capacidad organizativa
La 'número dos' del Gobierno conoce bien el entramado judicial, administrativo y parlamentario
Elegante y discreta, de ademanes firmes y determinados, con una sólida formación jurídica y una larga experiencia de más de 20 años en primera fila política, María Teresa Fernández de la Vega, nacida en Valencia, de 54 años, soltera y feminista de primera hora, llegará al cargo de vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia desde su actual puesto de secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista, en el que ha permanecido los últimos cuatro años coordinando toda la tarea parlamentaria de oposición, como mano derecha del portavoz, Jesús Caldera.
Sus compañeros de grupo destacan de ella su "altísima cualificación" y su "lealtad" a las personas y a un partido, el PSOE, al que no está afiliada. Rodríguez Zapatero le dio un gran relieve político al reservarle el puesto número 4 de la lista del PSOE para el Congreso por Madrid, aunque en ese momento nadie pensó que alcanzaría un puesto de tal relevancia si ganaban.
Entró en política en 1982 de la mano del primer ministro socialista de Justicia, Fernando Ledesma, que supo ver sus enormes dotes de organización y la nombró jefa de su gabinete. Fue la sombra de Ledesma hasta 1985, en que pasó a desempeñar el cargo de directora general de Servicios en un ministerio en que por entonces los diversos departamentos iban un tanto por libre, sin una coordinación global. Durante los tres años que permaneció en el cargo, hasta 1998, colaboró en la elaboración de un nuevo mapa judicial con el que se consiguió duplicar el número de jueces.
Aunque admite que va siempre muy acelerada, la futura vicepresidenta primera del Gobierno sabe mandar sin necesidad de aspavientos. "Es una mujer dura, pero con buenas maneras. Tiene las ideas claras, pero siempre se mantiene firme en sus criterios" recuerda de ella uno de sus colegas de los primeros tiempos del ministerio.
Sus dotes de mando las demostró a partir de 1994, cuando accedió al cargo de secretaria de Estado de Justicia, a las órdenes directas del superministro Juan Alberto Belloch, en un momento en que Felipe González presidía un Gobierno acosado y en precario, sobre el que llovían a diario los escándalos mediáticos. "Vamos a trabajar como si no pasara nada" declaró entonces a este periódico. Desde la Secretaría de Estado, y reinventando el papel de la Abogacía del Estado, fue la artífice de la actual regulación de la ley del aborto incluida en el entonces denominado Código Penal de la Democracia (1995).
Por entonces se mostró partidaria de dar a los fiscales una mayor participación en la investigación de los delitos, pero dejando la investigación en manos de los jueces.
Antes de su etapa en la secretaría de Estado de Justicia, Fernández de la Vega tenía ya una dilatada experiencia negociadora como vocal del Consejo General del Poder Judicial, cargo al que llegó en noviembre de 1990 a propuesta del PSOE, como magistrada de lo Social, número uno de su promoción por el turno de juristas de reconocido prestigio. Antes prestó dos años de servicios en el Cuerpo de Secretarios de las Magistraturas de Trabajo.
A sus conocimientos de todo el entramado judicial y administativo suma el ejercicio de la actividad parlamentaria, en la que ha tenido frecuentes encontronazos con otra dura de la política, la hasta ahora presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi.
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