Blasco anuncia más garantías a los propietarios afectados por el urbanizador en la nueva ley

La futura ley de urbanística valenciana, en fase de anteproyecto, "reforzará", según el consejero de Territorio, Rafael Blasco, los derechos de los propietarios. Así lo transmitió ayer el consejero a los cónsules de seis países de los que procede un buen número de propietarios extranjeros afectados por la LRAU. Según Blasco, estos propietarios competirán en igualdad de condiciones con los urbanizadores, soportarán menos costes de urbanización y dispondrán de más garantías, en tiempo e información, si se ven afectados por un Programa de Actuación Integrada (PAI).

Blasco presentó a los cónsules de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Suiza, Dinamarca e Irlanda del Norte el borrador de la ley para que los residentes extranjeros con propiedades en los municipios valencianos se pronuncien sobre la reforma. Los afectados por la aplicación de la LRAU han denunciado "abusos" por parte del agente urbanizador externo que acomete obras de mejora en las parcelas y en los servicios de las viviendas a cargo de los propietarios. En muchos casos se exige gran cantidad de dinero a los propietarios individuales no son capaces de sufragar. Esta práctica provocó incluso la protesta formal de los embajadores de los países de la UE, que pidieron un cambio legislativo que salvaguardara los derechos de estos residentes.

Blasco explicó ayer que la nueva ley permitirá a los ayuntamientos excluir a los propietarios de suelo donde se halle su vivienda de los PAI, de manera que sólo tengan que hacer frente a una parte de los gastos de urbanización, concretamente los derivados de las infraestructuras básicas de las que se vayan a beneficiar".

La nueva ley refleja que las Agrupaciones de Interés Urbanístico, donde se agrupan los propietarios de terrenos, competirán en igualdad de condiciones con los urbanizadores para dar a los propietarios los mismos derechos que tienen los otros agentes. En este sentido, Blasco explicó que será "suficiente con que una agrupación de propietarios avale una propuesta de urbanización para que éstos tengan preferencia y puedan convertirse en urbanizadores de sus propios terrenos".

La regulación de la agrupación preferente que realiza la actual LRAU exige que los propietarios que ejerciten este derecho presenten una alternativa técnica propia y original y se comprometan a ejecutarla en menos de tres años. El precio final de las obras que deberán pagar los propietarios "no podrá ser superior al inicialmente previsto por el urbanizador". Por último, los afectados por la aprobación de un PAI recibirán una notificación individual y dispondrán de dos meses, en lugar de 10 días, para elegir entre el pago en metálico o con terrenos desde que reciban la notificación.