Bargalló acusa a Mas de dejar hipotecado el 35% del presupuesto de Presidencia
El Gobierno catalán debe desembolsar 210 millones por los compromisos contraídos por CiU
El Gobierno catalán deberá desembolsar este año 52 millones de euros (más de 8.600 millones de pesetas) por los convenios firmados por el anterior conseller en cap, el convergente Artur Mas, con entidades culturales y sociales. Esta cifra hipoteca el 35% del presupuesto del Departamento de Presidencia para 2004, según denunció ayer en el Parlament su actual titular, el republicano Josep Bargalló. Mas también firmó otros contratos por valor de 210 millones de euros, que vencen en 2007, con entidades próximas a Convergència i Unió (CiU). Algunos de ellos fueron suscritos a finales de la legislatura, cuando la federación nacionalista había perdido toda posibilidad de seguir en el Gobierno.
Josep Bargalló debía explicar ayer en el Parlament las directrices y los criterios políticos de su departamento para esta legislatura. Pero su comparecencia se convirtió en una rotunda denuncia de la política desarrollada por su antecesor en el cargo, el convergente Artur Mas. "No tenemos un gobierno para que el conseller en cap acabe siendo presidente. Yo no estoy en campaña permanente. Yo trabajo y gestiono", afirmó un decidido Bargalló. No le hicieron falta las críticas de la oposición convergente. Bargalló se lanzó desde un principio a denunciar la labor del anterior equipo de Presidencia, dedicado por completo durante los dos últimos años de legislatura a "promocionar" la candidatura de Artur Mas a la presidencia de la Generalitat. Bargalló no escatimó ni datos ni cifras para demostrar su denuncia. Mas invirtió exclusivamente en publicidad durante 2003 un total de 19 millones de euros, algo más de 3.154 millones de las antiguas pesetas, informó el actual conseller en cap. Buena parte de este monto procedía de otros departamentos gubernamentales, pues Presidencia centralizaba las campañas propagandísticas y publicitarias del Gobierno. "Antes, la oficina de comunicación era una oficina electoral", comentó explícitamente un alto cargo de Presidencia para resumir la anterior etapa convergente.
Bargalló aseguró que también durante el ejercicio de 2003 Presidencia firmó contratos con entidades "próximas a CiU" que ascienden a 52 millones de euros. Esta cantidad significa el 35% del presupuesto del Departamento de Presidencia para 2004. Uno de estos convenios fue firmado el 19 de diciembre, cuando los nacionalistas de CiU ya tenían asumido que pasarían a la oposición.
El Gobierno de izquierdas no sólo deberá hipotecarse para este año a causa de estos convenios de la anterior Administración, sino que los compromisos llegan hasta 2007 y por un importe de 210 millones de euros. Josep Bargalló afirmó que desde finales de octubre de 2003 hasta la víspera de las elecciones autonómicas de noviembre Mas suscribió contratos por valor de cuatro millones de euros. El conseller en cap, no obstante, se abstuvo de enumerar las asociaciones y entidades beneficiadas por el Ejecutivo de CiU. "Ya se sabrán cuando se publique la auditoría de las cuentas", afirmó. Pero dejó una apertura al optimismo: "Los servicios jurídicos están estudiando qué convenios pueden mantenerse y los que deberemos denunciar".
A pesar de esta hipoteca, Bargalló señaló que la voluntad del Gobierno catalán es la contención del gasto corriente. En este sentido, comunicó a la Cámara que su departamento ha suprimido 12 altos cargos con un sueldo superior o similar al de director general.
La oposición convergente, representada ayer por el diputado Felip Puig, se esforzó en hurgar en el presunto "desprestigio" de la conselleria en cap a raíz de la crisis desatada por Josep Lluís Carod Rovira y el consiguiente "desbarajuste" del tripartito. Puig calificó de ridículas y tendenciosas las acusaciones de Bargalló y negó cualquier tipo de "sectarismo" en las subvenciones otorgadas por su jefe de filas, Artur Mas, cuando era titular del Departamento de Presidencia.
Bargalló no se limitó a denunciar los contratos del anterior Goberierno de CiU. El conseller en cap tildó de caóticos y erráticos los contratos de externalización de los servicios de información ciudadana de la Generalitat y de mantenimiento de los servicios informáticos. "En el Departamento de Educación había tres redes internas con tres lenguajes informáticos diferentes e incompatibles entre sí", aseguró.
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