Un matrimonio de ancianos apoyado por vecinos se resiste en Elche a un desalojo

El matrimonio que forman José Sánchez Llopis y Manuela Juan, de 78 y 76 años respectivamente,resistió ayer el primer intento de derribar su vivienda, por orden del Ayuntamiento de Elche. La vivienda del barrio de El Toscar que ocupa este matrimonio está sujeta al planeamiento del área de reparcelación E-12. Los ancianos se niegan a abandonar la vivienda, su hogar desde hace 43 años. El calvario de esta pareja, censada oficialmente en este domicilio, arrancó por la falta de un documento de propiedad. La Agrupación de Interés Urbanístico, entidad encargada de llevar a cabo la urbanización de la zona, trató de indemnizar con 180 euros al matrimonio.

José y Manuela, arropados por cerca de 50 personas entre familiares, amigos, militantes de EU y del Movimiento por la Unidad del Pueblo (MUP), se negaron ayer a obedecer la orden municipal de desahucio que les notificó un agente de la Policía Local. Este mismo policía les leyó una resolución del concejal de Urbanismo, Emilio Martínez, según la cual, el Ayuntamiento "asume" el compromiso de "solucionar el problema de vivienda", a pesar de que los ancianos nunca se ha puesto en contacto con los Servicios Sociales, según aclaraba el mismo escrito.

"Es la primera noticia de que nos ofrecen ayuda", comentó José a la puerta de su casa. "Mi intención es quedarme aquí hasta que me saquen a la fuerza", añadió. Según José, que ocupa la vivienda como aparcero -acuerdo entre el propietario de una tierra y su cultivador- durante más de 40 años, "nadie me tiene que decir qué tengo que hacer y si me tengo que ir a casa de alguno de mis hijos". Sánchez apuntó que "sé que la casa molesta, pero sólo quiero que me den una solución a mi problema para tener adónde ir". La nieta de José, Mari Loli Coves, de 17 años, impulsora de la concentración de amigos y vecinos, exige comprensión a la Administración. "Me he levantado a las cuatro de la mañana para hacer buñuelos con mi abuela para todos", señaló. La decisión final del desalojo la tomará un juzgado ilicitano.