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El Gobierno catalán subvencionará el alquiler de 10.000 familias hasta 2007

Uno de los referentes del plan de vivienda será el modelo vasco

La mejor forma de movilizar el parque de viviendas vacías es que la Administración sea intermediaria, subvencionando o pagando la diferencia entre el alquiler que fija el propietario y el que puede pagar el inquilino. Èsa es una conclusión destacada de una jornada que abordó iniciativas para sacar al mercado de alquiler pisos cerrados. Carme Trilla, directora general de Vivienda de la Generalitat, anunció que el plan de vivienda tendrá en cuenta esos sistemas y reiteró que el Gobierno subvencionará el alquiler a 10.000 familias hasta 2007.

Los dos modelos analizados en las jornadas fueron dos, el de la ciudad de París y el modelo vasco. Pablo Aretxabala, director general de la sociedad pública Visesa, que depende del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, explicó que el modelo que se aplica garantiza al propietario el cobro del alquiler y al inquilino un desembolso que no es superior al 30% de sus ingresos. La empresa pública ejerce de intemediaria entre el propietario y el inquilino. "Entre los requisitos del propietario están que la vivienda se tase por debajo de 660 euros al mes, que sea inferior a 120 metros cuadrados y, por supuesto, que sea del mercado libre", explicó. Además, Visesa asume la financiación de reformas hasta un máximo de 18.000 euros y entrega la vivienda en buen estado.

Toda la demanda de pisos sociales está centralizada en un servicio -Etxebide- que entre otras cosas fija los requisitos de los demandantes que, básicamente, son tres: que no tengan piso de propiedad, que estén empadronados en la zona y que tengan unos ingresos entre 3.000 y 33.100 euros anuales. El alquiler medio de los pisos en los que Visesa intermedia es de 519 euros al mes. Eso es lo que la empresa paga al propietario, y la media de lo que los inquilinos pagan a Visesa es de 240 euros. Es decir, que el Gobierno vasco asume los 279 euros al mes de diferencia. "Es evidente que el programa tiene un coste alto, pero está dando buenos resultados ya que en menos de un año hemos admitido 1.000 viviendas que hasta ahora estaban cerradas en el conjunto de las tres provincias donde la bolsa de pisos cerrados es de 27.000 a 30.000", resumía el responsable de Visesa.

El Gobierno vasco destinó dos millones de euros en 2003, presupuesto que incrementará este año a seis millones. En número de viviendas, las aspiraciones que se han marcado es tener 1.500 este año y 5.000 en los cuatro próximos. "Sobre todo porque es más rápido intermediar y asumir la diferencia de precios que esperar a construir porque el mínimo es de tres años", insistía Aretxbala. No obstante, el Gobierno vasco es el que más reserva de suelo hace para la vivienda de protección, el 60% de las promociones de viviendas que, además, no salen del mercado social puesto que la protección es de por vida. En París, la experiencia es sensiblemente distinta porque el Estado ayuda directamente a la persona a pagar el alquiler. El número de viviendas vacías se estima en unas 136.000, aunque las realmente cerradas se calculan en 30.000. También se ha creado una sociedad para intermediar y se han extendido dos tipos de contratos: uno de 10 meses -pensado para la ocupación de estudiantes- y otros variables de tres, seis o nueve años. En este último caso se han introducido ventajas fiscales importantes para los propietarios, según ha explicado Jean Yves Mano, concejal de Vivienda del Ayuntamiento de París.

La bolsa de pisos de alquiler en Cataluña y más todavía en Barcelona se ha reducido progresivamente. En concreto, 80.000 viviendas menos entre 1991 y 2001, según apuntó Joan Rafols, vocal de la Cámara de la Propiedad Urbana. Por tanto, el primer objetivo de la política de vivienda es conseguir un parque de pisos sociales de alquiler. Carme Trilla, directora general de Vivienda de la Generalitat, manifestó que, como mínimo, hay que llegar al 5%, "aunque todavía estaremos muy lejos del 10% del resto de países europeos". Pero además de construir pisos de alquiler -sobre todo para los segmentos de jóvenes, inmigrantes y colectivos desfavorecidos-, otra línea del futuro plan de vivienda -que debería estar concluido a finales de este mes- será intermediar para sacar al mercado los pisos cerrados. ¿Cuántos? "Los pisos realmente vacios en Cataluña son muchos menos que los 400.000 que arrojan los datos de empadronamiento, pero es evidente la necesidad de que la Administración intervenga", añadió Trilla, quien opina que el modelo vasco es muy interesante y "radical" en la intervención.

Para empezar, avanzó que Adigsa se convertirá en la agencia de la vivienda del Gobierno catalán y que se creará la lista única de demandantes. Trilla se reafirmó en el propósito de subvencionar el alquiler de 10.000 familias hasta 2007.

El "jardín" del IBI

El recargo del IBI a los propietarios de los pisos que están cerrados, adoptado por el consistorio de Barcelona en las ordenanzas de este año pero de imposible cumplimiento, fue objeto de más críticas que de opiniones positivas en la jornada organizada por el Patronato Municipal de la Vivienda y la Fundación Un Sol Món de Caixa de Catalunya. "Lo estudiamos, pero nos dimos cuenta de que nos metíamos en un jardín... ¿Qué se entiende por piso vacío?¿En qué circunstancias se puede penalizar y en cuáles no?", resumía Pablo Aretxabala, director de la empresa pública de vivienda del Gobierno vasco.

Parecidas opiniones se defendieron en el debate: "Nunca he creído que el sistema punitivo o sancionador sirva para algo, y lo mismo opino del recargo del IBI. Hay que intermediar para que los propietarios pierdan el miedo a alquilar", dijo Antonio Salamero, director de la Fundación Fomento de la Vivienda Social. Algunas fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro, como Cáritas, desarrollan programas de intermediación entre propietarios e inquilinos. Y lo que piden es que la Administración asuma ese papel.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 23 de marzo de 2004

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