Ante los desafíos del terrorismo

José Luis Rodríguez Zapatero ha insistido en que su prioridad más inmediata, una vez investido presidente del Gobierno, va a ser la de luchar contra el terrorismo. Pero los desafíos terroristas a que se enfrenta el nuevo Ejecutivo español ya no sólo están relacionados con ETA, sino también con el terrorismo global. De cualquier manera, la existencia del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, suscrito en diciembre de 2000 y que el PSOE se ha comprometido a cumplir, sugiere que en política antiterrorista habrá más continuidad que cambio. Algo sin duda importante, porque las políticas antiterroristas de los Gobiernos democráticos rinden mucho mejor si son consensuadas, consistentes, coherentes y sostenidas. Fundamental será además continuar proporcionando el reconocimiento necesario y la asistencia debida a las víctimas del terrorismo, ahora súbitamente incrementadas en número tras los atentados del 11 de marzo. Observancia estricta de la Constitución, dice también el programa electoral del PSOE, lo que implica rechazar cualquier negociación política con los terroristas. Y no sólo por cuestión de principios. ETA tiene objetivos intratables referidos al derecho a la autodeterminación de un sujeto político inexistente. Hasta mediados de los noventa, cierta obsesión por entablar negociaciones condicionó la óptima aplicación de los instrumentos y las agencias a disposición del Estado de derecho. Sólo sirvió para crear expectativas de éxito a los terroristas, desincentivar las medidas de reinserción y proporcionar motivaciones utilitarias para el reclutamiento de nuevos pistoleros.

Tras el despropósito de la invasión, el peligro consiste ahora en que abandonar la población iraquí a su suerte es entregarla en manos del terrorismo internacional

Es necesario rechazar cualquier negociación política con los terroristas. ETA tiene objetivos referidos al derecho de autodeterminación de un sujeto político inexistente

Adquieren particular relevancia los puntos del programa del PSOE relacionados con un mando unificado y conjunto para las fuerzas de seguridad del Estado

El Gobierno socialista deberá, por tanto, favorecer la implementación de cuantas iniciativas se han llevado a cabo en el contexto del mencionado pacto. Entre otras cosas porque la ilegalización de Batasuna, al igual que la proscripción del entorno cómplice y encubridor de que se servía ETA, ha mejorado la calidad de la precaria democracia en que viven los ciudadanos vascos no nacionalistas y ha sido efectiva en lo que se refiere a erosionar las ya exiguas bases sociales de los terroristas, dificultando aún más su capacidad de movilizar los recursos que necesitan para autoperpetuarse. Pero dicho pacto debería, a la vez que persistir, ampliarse y adaptarse. Su ampliación sería más que deseable, y cabría, por ejemplo, si el Partido Nacionalista Vasco, una vez renovados sus dirigentes, abandonara definitivamente los derroteros que le llevaron a aliarse con ETA. Hoy por hoy, el PSOE está en mejores condiciones de lo que estuvo el PP para intentar un encuentro con los nacionalistas moderados, facilitado por una relación normalizada entre el Ejecutivo central y el autonómico. Pero el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo debe adaptarse para proporcionar asimismo el marco con referencia al cual elaborar y ejecutar las medidas complementarias que es preciso introducir con urgencia a fin de abordar los retos añadidos que plantean Al Qaeda y el terrorismo global. Aunque el futuro Ministerio de la Seguridad será la institución central en materia de política antiterrorista, los riesgos y amenazas asociados a ese nuevo terrorismo requieren el concurso de varios otros departamentos ministeriales y muchos más organismos públicos de lo que venía siendo el caso cuando sólo se trataba de contener y derrotar a ETA.

El nuevo Gobierno socialista, comprometido en virtud del programa electoral del PSOE a una acción policial decidida y constante, debe tomar en consideración la experiencia acumulada a lo largo de los últimos años. Porque los cuerpos y fuerzas estatales de seguridad venían registrando unos niveles de eficacia muy elevados en su respuesta a ETA. Ahora bien, el modelo policial aún adolece de desajustes y descoordinación entre las agencias, lo cual incide sobre la eficacia contraterrorista. Así es que adquieren particular relevancia y sentido los puntos del programa electoral del PSOE relacionados con un mando unificado y conjunto para las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como la creación de unidades especiales conjuntas centradas en terrorismo. Objetivo prioritario para el próximo Gobierno socialista debería ser también el de potenciar aún más, no sin una adecuada supervisión judicial y el debido control parlamentario, los servicios de información de los diferentes cuerpos especializados en contraterrorismo, cuyo desarrollo reciente ha incrementado muy significativamente la selectividad en las detenciones de presuntos terroristas de ETA, así como el desbaratamiento anticipado de sus planes homicidas. Importa de igual modo tener presente que en los últimos años se ha avanzado decididamente en la cooperación internacional. Se trata sobre todo, aunque no exclusivamente, de avances en la cooperación bilateral entre autoridades españolas y francesas, sin las que habría resultado muy difícil que ETA se encontrara en la situación de decadencia terminal en que se encuentra, aun cuando disponga de voluntad y capacidad para cometer ciertas atrocidades.

Tras la matanza del 11 de marzo, y, con ella, la irrupción en España de un terrorismo fundamentalista islámico, se impone adaptar y complementar las medidas policiales actualmente existentes. Dos son probablemente las necesidades más perentorias a este respecto. De nuevo, inteligencia de un lado y cooperación del otro. Los atentados múltiples de Madrid han demostrado que, en contra de lo que se pensaba antes e incluso después de los atentados del 11-S en EE UU, las tramas musulmanas radicalizadas no se encontraban bajo un seguimiento adecuado en nuestro país, aunque se habían iniciado acciones judiciales contra presuntos integrantes de Al Qaeda establecidos en territorio español. Las autoridades socialistas se verán pronto inmersas en un serio debate con sus homólogas de otros Gobiernos europeos sobre la creación de una verdadera comunidad de inteligencia que incremente la capacidad colectiva para hacer frente al terrorismo global. Se situarían en línea con la posición de los Ejecutivos españoles desde hace más de una década si insisten en que Europol desempeñe un papel mucho más activo y disponga de mayores recursos en la lucha contra el terrorismo sin fronteras. Además, la dimensión adquirida por el terrorismo global plantea, desde luego, la necesidad de desarrollar nuevos medios y ámbitos de cooperación internacional en los que el recurso a la fuerza militar no quede excluido, como contempla la cláusula de solidaridad incorporada al borrador de Constitución europea.

Entrevista radiofónica

Esto último en modo alguno es incompatible con una afirmación reciente del futuro presidente del Gobierno español, cuando en el curso de una entrevista radiofónica dijo que "no se puede combatir el terrorismo con guerras". Efectivamente, una red tan compleja y extendida como Al Qaeda no puede ser derrotada militarmente. En esa misma entrevista, el líder de los socialistas españoles insistió una vez más en su promesa de que "las tropas españolas que están en Irak volverán a casa". Esta decisión es desde luego coherente con su campaña electoral y con una manera de entender cómo se debe afrontar el terrorismo internacional. En concreto, con una apuesta por el multilateralismo y el respeto a la legalidad, tanto interna como internacional. Pero tras el derrocamiento del dictador Sadam Husein, Irak se ha convertido en un lugar donde impera un caos que Al Qaeda y sus asociados aspiran a conquistar. Para evitarlo, el nuevo Gobierno español y otros afectados deberán concertar sus acciones entre sí y en el seno de Naciones Unidas. Tras el despropósito de la invasión, el peligro consiste ahora en que abandonar la población iraquí a su suerte es entregarla en manos del terrorismo internacional. Por lo demás, contra esta amenaza globalizada que ya ha ensangrentado las calles de Madrid sólo cabe, a corto plazo, acrecentar la cooperación intergubernamental en asuntos policiales y judiciales, reforzar la colaboración entre los servicios de inteligencia, perseguir colectivamente la financiación del terrorismo internacional y, cuando sea estrictamente necesario, recurrir a medios militares. A medio y largo plazo ayudará que las relaciones económicas y culturales entre el mundo occidental y el mundo árabe e islámico sean mucho más equitativas. Como también lo hará que se resuelvan los antagonismos de Oriente Próximo o Cachemira, entre otros. Pero el nuevo Ejecutivo español debería tener buen cuidado, a la hora de vincular esos conflictos regionales con el terrorismo global, en no confundir nunca las causas con los pretextos.

Los desafíos a los que se enfrenta el nuevo Ejecutivo ya no sólo están relacionados con ETA, sino también con el terrorismo global. La existencia del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo sugiere que en política antiterrorista habrá más continuidad que cambio

Fernando Reinares es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos y Óscar Jaime-Jiménez es profesor titular de Ciencia Política en la Universidad Pública de Navarra.