Siete años esperando la Carta Municipal

Antes de las autonómicas, el gobierno de progreso del Ayuntamiento de Barcelona tenía adversarios políticos en las dos instituciones con las que tenía que negociar los asuntos más importantes, la Generalitat y la Administración central. La constitución del tripartito presidido por Maragall provocó una amplia sonrisa en los rostros del alcalde y los concenales de la mayoría de gobierno. No era para menos, después de 23 años de dificultosa y a veces tensa relación entre el gobierno municipal, integrado por el PSC, ERC e IC, y el Gobierno de CiU en la Generalitat.

La perspectiva de partir de muchos planteamientos parecidos en cuestiones como la educación, vivienda e infraestructuras ya iba a facilitar el entendimiento. Pero muchos de estos asuntos dependían, en última instancia, del Gobierno central. Y el 14-M llegó la carambola: la victoria del PSOE colocaba en Madrid a un Gobierno afín.

La carta se encalló en la negociación con el Gobierno del PP

Numerosas cuestiones que afectan a Barcelona dependen de la buena sintonía entre el gobiermo municipal y la Administración central, como la biblioteca provincial, pero algunas de gran calado y otras muy urgentes:

Carta Municipal. La ley especial de Barcelona se aprobó por unanimidad del Parlament en 1997 y aún no se ha podido promulgar. Sufrió varios años de retraso por la negociación de sus contenidos con la Generalitat y se encalló definitivamente en la negociación con el Gobierno del PP. Una parte de la Carta Municipal implica la modificación de leyes generales que deben ser sancionadas por el Congreso de los Diputados. Barcelona ha visto pasar una legislatura entera sin que la carta avanzara un milímetro en los feudos políticos del Partido Popular. Se trata de la parte del articulado que refuerza el papel y las competencias del Ayuntamiento y que supone, entre otras cosas, que el consistorio esté presente en los órganos de decisión del puerto y del aeropuerto.

Los otros dos grandes capítulos pendientes de aprobar son los relativos a la organización de la justicia local y la financiación local. En cuanto a la justicia local, propone la creación de jueces de distrito con atribuciones parecidas a las que tienen los jueces de paz. Intervendrían en los casos de faltas, como denuncias entre particulares. En cuanto a la financiación local, el Ayuntamiento reclama mayor participación en varios impuestos. Concretamente, pide la cesión del 10% del impuesto de hidrocarburos y el 5% del IVA. La Carta Municipal también concede al alcalde atribuciones directas en seguridad vial, como la retirada del carnet de conducir en algunos supuestos.

- Zoo marino. Con el zoo marino ha pasado algo parecido a lo ocurrido con la Carta Municipal . Pese a que el Gobierno del PP parecía estar de acuerdo inicialmente, lo cierto es que el Ministerio de Medio Ambiente ha retrasado y negado finalmente la autorización para ganar al mar siete hectáreas. En 1992, la Dirección General de Costas concedió permiso para el zoo marino en las seis hectáreas ya ganadas al mar por la reforma del litoral que se hizo con los Juegos Olímpicos. Un año después, el Ayuntamiento solicitó la ampliación en siete hectáreas más para que el futuro zoo marino tuviera en total 13. La Generalitat emitió un dictamen favorable en la declaración de impacto ambiental y el ministerio condicionó la concesión del permiso al resultado de una revisión de esa declaración y del proyecto de zoo en lo relativo a usos y edificios.

Pese a que en julio el ministerio se pronunció a favor del proyecto, el pasado mes de febrero rechazó de plano la autorización. El proyecto del zoo marino y el de una reserva natural fuera de Barcelona -ambas iniciativas defendidas por el Ayuntamiento- facilitaría liberar el espacio que actualmente ocupa el zoo en la Ciutadella y unir ese parque con el de la Barceloneta. Se trata de un antiguo proyecto que el alcalde Joan Clos defiende con firmeza pese a que uno de sus socios de gobierno, Jordi Portabella, de ERC, no acaba de estar del todo de acuerdo.

- Dependencias policiales.Los primeros 700 mossos empezarán a patrullar por Barcelona el próximo mes de octubre, pero no disponen aún de las comisarías necesarias para ser la policía ordinaria en la ciudad. El Gobierno catalán había reclamado al central que le cediera las comisarías de Nou de la Rambla y Nou Barris, construidas con motivo de los Juegos Olímpicos y que se vaciarán cuando se complete el despliegue de la policía autonómica, en el otoño de 2005. La Generalitat da por hecho que, con el PSOE en el poder, se producirá ese traspaso de equipamientos que el PP siempre regateó, especialmente en el caso de la comisaria de Nou Barris. También se espera que la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de la plaza de Espanya, de la que es titular el Ayuntamiento, sea transferida a los Mossos d'Esquadra.