La antigua directiva del centro de Coín asegura que "jamás" ha torturado a disminuidos psíquicos

El presidente de la asociación para la promoción del minusválido (PROMI), Juan Pérez, aseguró ayer que su organización "jamás" ha utilizado una habitación "para darle tortura a los deficientes" y que su equipo jurídico prepara una denuncia contra las acusaciones que dos padres de internos del centro de disminuido psíquicos de Coín presentaron contra ellos ante la Fiscalía de Málaga. Pérez, sorprendido por la "nueva actitud" de los directores del centro, mantiene que la habitación de aislamiento es legal y que todos los trabajadores conocían su existencia.

"Es como si usted vive en un sitio y no conoce el botiquín". Juan Pérez, presidente de PROMI,habla así de la habitación forrada con colchonetas que ha hecho que la Asociación de padres de niños subnormales de Coín les denuncie por "crueldad", "trato inhumano y degradante" y "vulneración de los más elementales derechos humanos".

"Es un lugar que tiene que estar por ley como zona de aislamiento. Cuando un individuo entra en convulsión y se autoagrede o agrede a los demás, tenemos que defenderlo de alguna manera", explica el presidente de PROMI que certifica que la habitación de aislamiento de Coín está "controlada, sujeta a cambios normativos, y a la evolución de la medicina". En 1993 la consejería de Asuntos Sociales y la Federación andaluza Pro-deficientes mentales contempló la existencia de una sala de aislamiento de un mínimo de 10 metros "para alteraciones de conducta de carácter grave y puntual". El cuarto del centro de Coín mide cinco metros cuadrados aproximadamente.

Pérez añade que su organización no utilizó la habitación del centro Dos Amores de Coín "en ningún momento" de su gestión -desde 1998 hasta 2003- "porque no fue necesario".

Asegura que no ha tenido "noticias oficiales" de la denuncia interpuesta el 12 de marzo ante la Fiscalía de Málaga, y que le ha sorprendido mucho la actitud de los denunciantes. Se cuestiona cómo su organización ha conseguido maltratar supuestamente durante quince años a deficientes mentales del centro "sin que nadie se enterara" y por qué los padres han tardado un año en denunciarlo.

El presidente de PROMI recordó que dejaron de dirigir el centro el 28 de febrero de 2003, "de acuerdo con la Ley, ante notario y siguiendo la normativa de Asuntos Sociales" y que la asociación de padres se hizo cargo sin reparo alguno. En noviembre de 2003 firmaron el último paso jurídico de legalización de los conciertos de la Dirección General del Inserso, para que ésta dirección mantuviera económicamente el centro, y "tampoco hubo queja alguna", según Pérez.

En PROMI dicen que nunca han recibido denuncia alguna y que seguirán trabajando con las más de 800 personas que atienden en sus centros. Abogan para que se sepa la verdad y reclaman que se asuman responsabilidades. Los abogados de la entidad, con sede en Cabra (Córdoba), preparan una denuncia contra la asociación de padres de disminuidos psíquicos por dañar "el buen nombre" de la organización no gubernamental.