El juez abre diligencias por presunta prevaricación contra el subdelegado del Gobierno en Lleida

El Juzgado de Instrucción número 3 de Lleida ha abierto diligencias previas por los presuntos delitos de prevaricación y contra los derechos de los trabajadores contra el subdelegado del Gobierno central en Lleida, Joan Barios. La apertura de diligencias responde a una querella presentada contra él por Miguel R. M., un ex empleado de la Oficina Única de Extranjería detenido hace un año por supuestas irregularidades en la tramitación de expedientes para la regularización de inmigrantes.

Miguel R. M., que ocupó en la citada oficina el cargo de auxiliar administrativo interino, fue detenido el 4 de febrero de 2002 por la Guardia Civil como presunto autor de los delitos de falsificación de documento público y prevaricación. Este ex funcionario fue acusado de falsificar los documentos de una veintena de extranjeros para que con ellos pudieran obtener más fácilmente los permisos de trabajo y de residencia.

Barios descubrió personalmente en el momento de la firma dos expedientes irregulares que fueron supuestamente instruidos por el ex funcionario utilizando el código de un compañero del despacho que en aquel momento estaba de vacaciones, hecho que no pudo ser demostrado. "Algunos expedientes pasaron el mismo día de una fase a otra omitiendo la documentación intermedia", explicó entonces el subdelegado. En aquellas mismas fechas desaparecieron 18 expedientes.

El descubrimiento de estas anomalías coincidió con una intensa campaña desarrollada por la prensa local por el caótico funcionamiento de la Oficina Única de Extranjería de Lleida y con diversas preguntas al Gobierno central efectuadas por la parlamentaria socialista Tere Cunillera sobre el mismo asunto. La Subdelegación del Gobierno archivó el pasado mes de junio el expediente disciplinario que se había abierto contra Miguel R. M. después de que un juzgado de Lleida hiciera lo mismo con la causa judicial al no encontrar indicios delictivos en su actuación.

Ni la Guardia Civil ni la juez del caso consiguieron entonces probar que el ex funcionario hubiera percibido dinero de los inmigrantes por facilitarles la obtención de la tarjeta de residencia.

El querellante considera que, por intereses meramente políticos, la Subdelegación del Gobierno central en Lleida le eligió a él como cabeza de turco para desviar la atención y dar una imagen de transparencia y de buen funcionamiento de la Oficina de Extranjería, donde la mayoría de los funcionarios interinos "son parientes de personas muy relacionadas con el partido político al que pertenece el subdelegado".

Reglamento

El escrito de querella señala que, ante la existencia de presuntas irregularidades en la tramitación de expedientes de extranjeros, Barios no procedió de conformidad con lo establecido en el reglamento de régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado.

En este caso, en lugar de abrir de oficio un expediente informativo o disciplinario para aclarar los hechos y dar cuenta al ministerio fiscal en caso de apreciar delito o falta penal, el subdelegado denunció al funcionario ante la Guardia Civil, lo cual, a juicio de su abogado, le causó "evidentes e irreparables perjuicios morales y económicos", que el demandante cifra en 60.000 euros.

Añade, además, que cuando Miguel R. M. se incorporó a su puesto de trabajo tuvo que soportar "murmuraciones, bulos, mofas y befas" y un trato discriminatorio, ya que fue apartado de su cometido y pasó a abrir y cerrar sobres.

Respecto a la querella, Barios se mostró ayer tranquilo y afirmó que su actuación fue correcta en todo momento y ajustada a derecho. "Me limité a cumplir con mi obligación de denunciar las irregularidades detectadas en la oficina de extranjeros y al sospechar que el funcionario podía haber incurrido en un delito puse los hechos en manos de la policía judicial, ya que nosotros no tenemos capacidad para investigar hechos de esa naturaleza. Teníamos sospechas, pero no pruebas suficientes", señaló Barios.

El subdelegado, cuando se destapó el caso, insinuó que algunos de los expedientes de regulación de residencia falsificados correspondían a ciudadanas extranjeras que ejercían la prostitución en locales de alterne de Lleida y alrededores.