El relevo de Cardenal y del Constitucional, prioridades inmediatas

La renovación parcial del Tribunal Constitucional, el relevo del fiscal general del Estado y la habilitación de partidas presupuestarias para afrontar la creación de un millar de puestos de jueces y fiscales son las primeras tareas que tendrá que afrontar el nuevo Gobierno socialista en materia de Justicia, uno de los sectores más trabajados por el Partido Popular, tanto para la colocación en puestos clave de magistrados y fiscales afines, como para impedir que prosperasen algunas investigaciones judiciales sobre miembros del Ejecutivo o altos cargos del partido.

Según manifestaron fuentes judiciales y responsables del programa electoral socialista en materia de Justicia, éstas son algunas de las prioridades a las que habrá de enfrentarse el nuevo Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

El gasto directo en esta área debe aumentar en 180 millones de euros inmediatamente

- Renovación del Tribunal Constitucional. La renovación parcial de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, dos por parte del Gobierno y otros dos por el Consejo General del Poder Judicial, estaba prevista para antes de las elecciones, pero quedó pendiente en el último momento, según fuentes judiciales. El Consejo General del Poder Judicial tenía previsto nombrar un magistrado a propuesta de cada sector de consejeros, en tanto que los dos del Ejecutivo serían de extracción conservadora. La relación de fuerzas así prevista sería de tres magistrados designados a propuesta de los conservadores, por uno de los socialistas. La confianza de los populares en su victoria electoral les hizo despreocuparse de un asunto que podría amarrarse después de las elecciones. El resultado es que ahora la relación se invierte, y serán los socialistas los que designen a tres magistrados del Constitucional, equilibrando en mayor medida la composición del máximo intérprete constitucional, en un momento en que las comunidades vasca y catalana pretenden modificar sus respectivos Estatutos de autonomía. Según fuentes judiciales, uno de los dos magistrados designados por el Gobierno procederá previsiblemente de Cataluña.

Según Juan Fernando López Aguilar, secretario de Libertades Públicas del PSOE, el actual Gobierno en funciones no puede designar a magistrados constitucionales, porque lo impide la Ley el Gobierno.

- Relevo del fiscal general del Estado. El relevo del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, se plantea como uno de los principales anhelos de la clase política en general y de los socialistas en particular. En primer lugar, porque el fiscal general es la correa de transmisión de la política del Gobierno en materia criminal. Pero además, porque la Fiscalía, bajo el mandato de Cardenal, ha ofrecido "el programa más servil de su historia", según el programa electoral del PSOE.

Además del relevo de Cardenal, los socialistas tienen previsto reformar el recientemente reformado Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para limitar a cinco años el mandato del nuevo fiscal. Sin embargo, tendrán que pechar con los fiscales de Sala del Tribunal Supremo, los fiscales jefes de las fiscalías especiales y de Tribunales Superiores y de Audiencias Provinciales recientemente renovados por un período de cinco años, hasta 2008. Por el momento, las únicas vacantes de interés que podrán cubrir con sus propios candidatos serán la de lo Contencioso del Tribunal Supremo y la del Tribunal Superior de Galicia.

- Consejo General del Poder Judicial. Los vocales designados a propuesta del PP tienen mayoría absoluta (diez más el presidente), mayoría que mantendrán hasta noviembre de 2006. El Congreso de los Diputados tendrá que cubrir la vacante del vocal José Antonio Alonso, elegido diputado del PSOE por León.

- Procesos en dos años. Una de las principales quejas en materia de dotaciones ha sido la de que este año más de dos centenares de jueces no tendrán destino en propiedad, habida cuenta de que en 2003 sólo se han creado una treintena de nuevos órganos jurisdiccionales. El nuevo equipo de Justicia tendrá que escudriñar los Presupuestos para poder cubrir el millar de plazas de jueces y fiscales que han prometido para los próximos cuatro años, según explica el portavoz de Justicia del PSOE, Javier Barrero. El gasto directo tiene que aumentar en unos 180 millones de euros de modo inmediato y habrá de proseguir de modo sostenido hasta conseguir un 2% del total de los Presupuestos Generales del Estado.

Sólo así podrán afrontar el "compromiso básico" de que cualquier ciudadano obtenga una sentencia firme, dentro de la jurisdicción ordinaria, en un plazo no superior a dos años.

- Justicia de proximidad. Otra de las promesas electorales más difundidas ha sido la creación de una justicia de proximidad para que los litigios civiles y penales menos complejos se enjuicien de manera sencilla y barata, a fin de resolver por esa vía no menos de un millón de casos en cada año judicial.