El nuevo Gobierno repercutirá en varios proyectos estrella del PP

El vuelco electoral del domingo ha abierto un compás de espera sobre varios proyectos abanderados por el PP y cuya última palabra dependerá del nuevo Gobierno. En las dos últimas legislaturas el PP de la Comunidad Valenciana ha dedicado mucha de su energía a las promesas del Plan Hidrológico Nacional (PHN), el AVE o el aeropuerto de Castellón, proyectos que han alimentado la controversia con el PSPV, que ha mantenido posiciones distintas sobre ellos. A éstos se unen otros proyectos, como el del Parque Central o la celebración de la Copa del América, en cuyos desarrollos también influirá el PSPV a través del Gobierno central.

Al presidente de la Generalitat,Francisco Camps, no le pasaron desapercibidos los riesgos de este nuevo escenario, y en la madrugada del domingo, ya decididos los resultados electorales, advirtió que defendería "hasta las últimas consecuencias" intereses "prioritarios" para la Comunidad Valenciana como "el trasvase del Ebro, el AVE, y todo lo que tiene que ver con la Copa del América". Como consecuencia, la política del Consell va a consistir en una marcada posición reivindicativa frente al Gobierno central, a imagen y semejanza de la que llevó a cabo entre mayo de 1995 y marzo de 1996, mientras los socialistas aún permanecían en la Moncloa, bajo el logotipo del "poder valenciano".

La nueva realidad alterará la composición del consorcio de la Copa del América

Para empezar, el trasvase del Ebro ha quedado en suspenso. A los informes negativos emitidos desde Bruselas se ha unido la nueva realidad política, que ha revestido de oficialidad la oposición socialista a un proyecto que no contaba con el consenso suficiente y que habrá de ser revisado. El PP había fundamentado el desarrollo de la Comunidad Valenciana en ese trasvase, incluso lo había señalado como única garantía para conservar los espacios naturales. Pese a no compartir el proyecto, el PSPV nunca negó que existieran zonas deficitarias en agua, aunque siempre antepuso una nueva cultura del uso de los recursos hídricos basada en la reutilización, la desalación y algún minitrasvase, como el Xerta-Càlig hasta Castellón. El cambio de Gobierno, sin embargo, no afectará, en principio, a las obras del trasvase Júcar-Vinalopó, incluido dentro del PHN, con sus siete tramos adjudicados y con una financiación europea de 80 millones de euros ya aprobada.

De acuerdo con las previsiones más realistas del Ministerio de Fomento, la construcción del AVE no estaba prevista para antes de 2010. Los socialistas no han objetado nada al proyecto global aunque sí que han sido muy críticos con sus plazos y con dos de sus tramos, el de L'Horta y el de La Vega Baja, en los que el trazado transcurría muy cerca a los núcleos de población y la contestación social suscitada por el impacto nunca encontró diálogo con Fomento ni con la Generalitat. Es previsible que ambos trazados se sometan ahora a revisión para aplacar las críticas. Vinculado al AVE se encuentra otro singular proyecto arrastrado desde los años noventa: el Parque Central de Valencia y la reordenación del nudo ferroviario, firmado por el Ministerio de Fomento en febrero de 2003. Valoradas las obras en 800 millones de euros, Fomento aporta 419, la Generalitat 75 y el Ayuntamiento, a través de las plusvalías urbanísticas generadas, 310.

Capítulo aparte merece la Copa del América, donde el actual consejo rector del Consorcio Valencia 2007 quedará alterado por el cambio de gobierno. Varios cargos, como el del presidente de la entidad pública Puertos del Estado, el del secretario general técnico de Ministerio de Medio Ambiente, el del director general de Costas del mismo ministerio y el del jefe del gabinete del hasta ahora vicepresidente primero Rodrigo Rato, deberán ser ocupados por personal de confianza del PSOE. Ello supone la introducción del adversario político en un proyecto que Camps -y también la alcaldesa, Rita Barberá- había definido como el más importante de la legislatura, lo que obligará a compartir el protagonismo con los socialistas. El Estado se comprometió a unas inversiones en las obras del canal, la dársena interior y la prolongación de la pista de aterrizaje del aeropuerto, con un coste de unos 500 millones de euros. El Gobierno participa en el Consorcio con un 40%.

En Alicante, el plan director de L'Altet lleva años de retraso y su demora ha sido muy criticada por los socialistas, quienes se enfrentan también al reto del soterramiento de las vías en la capital alicantina. El PP ha firmado protocolos y convenios para enterrar en entramado férreo que parte en dos la ciudad, pero apenas ha ejecutado proyectos relevantes en la provincia alicantina en los últimos ocho años. El PSOE se opuso con vehemencia a que la nueva circunvalación de Alicante fuera de peaje y ahora, en el Gobierno, tiene posibilidad de replantear esa infraestructura.

Una vez fue declarado de interés general el aeropuerto de Castellón por Fomento, cuya construcción llevará a cabo la iniciativa privada, son escasos los proyectos previstos por el Gobierno para esta provincia que han enfrentado a socialistas y populares. Sólo el desdoblamiento de la carretera N-340 para el que ambos tenían soluciones y trazado distintos.

Además, Camps puede afrontar la posibilidad de que el futuro Gobierno imponga un control más severo de las cuentas de las empresas públicas de titularidad autonómica, lo que podría complicar el desarrollo de varios proyectos impulsados desde la Generalitat. Introducir ligeras restricciones a los préstamos que pueden conceder las entidades financieras a las administraciones públicas -créditos que no se consideran de riesgo en la actualidad- recortaría la capacidad de maniobra de las empresas que soportan la Ciudad de la Luz, la Ciudad de las Artes y las Ciencias o participan en Terra Mítica.

Elaborado con informaciones de Sara Velert, David Cerdán y María Fabra.