Ni ley del talión ni rendición

Nunca resulta fácil analizar en caliente atentados tan terribles como la carnicería perpetrada ayer en Madrid. Los 190 muertos y el millar de heridos causados por el encadenamiento de explosiones en la línea ferroviaria de cercanías de Atocha suscitan sentimientos de piedad hacia las víctimas y de indignación moral contra los verdugos, pero apenas dejan espacio para una reacción que no sea visceralmente pasional. Pero aunque la conmoción producida por el horror de la cruel matanza y la subasta de adjetivos para descalificar a sus autores interfiera necesariamente la reflexión en torno a las implicaciones de este sangriento 11 de marzo, la renuncia gratuita a un análisis en paralelo de sus repercusiones políticas sería una forma involuntaria de hacer el juego a la estrategia del terror, interesada en excluir cualquier lenguaje de la vida pública que no transmita ruido, furia y violencia.

Es evidente, por lo pronto, que el atentado -cualesquiera que sean sus autores- ha clausurado la campaña electoral del 14 de marzo tal y como había sido planteada por las fuerzas democráticas. Cabe esperar que ninguno de los participantes en la carrera hacia las urnas ceda a la demagógica tentación de llevar a las ruedas de su molino el caudal de sangre vertida en Madrid; aunque esa manipulación electoralista pudiera resultar eficaz en el corto plazo de las próximas 72 horas, la marca de Caín perseguiría para siempre no sólo a los responsables de la matanza sino también a quienes tratasen de intercambiar por votos las vidas humanas sacrificadas. Si el Acuerdo por las Libertades y Contra el Terrorismo suscrito el 8 de diciembre de 2000 por el PP y por el PSOE con los auspicios del Gobierno de Aznar descansaba sobre "la voluntad de eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral" las medidas para acabar con los crímenes terroristas, esta es la ocasión por excelencia para demostrar la sinceridad política y la honradez democrática de tales propósitos.

Desde el primer momento, los indicios del atentado apuntaron contra ETA, sin que se hayan descartado definitivamente todavía otras hipótesis. Aunque la teorización de la estrategia etarra se exprese siempre en términos confusos, con el inevitable corolario de que los esfuerzos hermenéuticos para aclarar su turbio lenguaje corran el peligro de atribuir a los dirigentes sucesivos de la banda la coherencia de propósitos y preferencias de los actores racionales de la teoría de juegos, no parece aventurado concluir que los dos extremos de la sanguinaria línea continua donde cabría situar sus objetivos provocadores serían, de un lado, la indiscriminada respuesta represiva del Estado, a fin de poner en marcha la vieja espiral de la acción/reacción de las postrimerías del franquismo; y, de otro lado, el inconfesado surgimiento en la sociedad española de una actitud de desistimiento propiciadora de la aceptación de los planteamientos independentistas del nacionalismo vasco radical. El atentado del 11 de marzo ha suscitado una marea de emoción popular que podría servir paradójicamente de soporte para ambos propósitos: si los terroristas consiguieran dividir en dos a la sociedad española en lo que respecta al diagnóstico y los remedios de su amenaza, y si además las fuerzas democráticas ahondaran el calado de esa escisión con el propósito de beneficiarse de su apoyo electoral, suya sería la victoria.

Frente a las voces que reclaman la aplicación al terrorismo de la venganza bíblica de la ley del talión (tal y como hicieron -aunque ahora lo oculten- en la época de la guerra sucia contra ETA librada durante los 10 primeros años de la transición con la tolerancia o la connivencia de los Gobiernos de UCD y del PSOE), la apuesta a favor del diálogo político con las bandas criminales (como la salida negociada con ETA intentada infructuosamente en Argelia y en Suiza por los Gobiernos de González y de Aznar en 1989 y 1999) cabalga sobre la misma irresponsable ola emocional de incitaciones al linchamiento y de temores cobardes a solidarizarse con las víctimas del terrorismo. El Estado de derecho de una democracia no puede aceptar ninguna de esas dos respuestas sin dimitir al tiempo de su condición de defensor de los valores por los que dice combatir.