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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Constitución con desconfianza

Irak contará a partir del 30 de junio con una Ley Básica provisional, que llena el enorme vacío legal existente hasta ahora y aporta contenidos de defensa de los derechos humanos y de no discriminación entre hombre y mujer por razones de religión poco habituales en el mundo árabe. Es un paso imprescindible en la estabilización de Irak, pero en sí misma no es una ley ni tan avanzada como parece ni suficiente garantía de paz y convivencia. El clima de desconfianza en que la han suscrito los miembros, ninguno electo, del Consejo de Gobierno no augura nada bueno para el futuro. Entre otras cosas, consagra al islam como "la religión oficial del Estado" e impide legislar en contra de los principios de esa fe, y eso en un país que fue laico bajo la dictadura ominosa de Sadam Husein.

Desde Nayaf, el gran ayatolá Sistani, máxima autoridad del chiísmo iraquí, se resistió a esta carta, luego la aceptó, para descalificarla, inmediatamente después de la firma, por falta de legitimidad mientras una Asamblea Nacional elegida de forma democrática no redacte una auténtica Constitución. Los chiíes, un 60% de la población de Irak, tienen la vista puesta en las elecciones, que, según estos planes, habrían de celebrarse antes del próximo 31 de enero. Las razones de su oposición a la ley van incluso más allá. Giran, no ya en torno al consabido enfrentamiento con la minoría suní, sino también con los kurdos por el control de Kirkuk y su rico entorno petrolero, que esta ley de carácter federal deja en manos del Gobierno regional del Kurdistán. Éste se ha confirmado en sus amplios poderes, que viene disfrutando en los últimos 12 años de autonomía de hecho en una zona que, con la llegada de diversos grupos guerrilleros, puede convertirse en la fragua de una nueva tragedia.

Si Washington ha impulsado esta ley básica con urgencia es, ante todo, para ajustar el calendario de la "transición" iraquí al electoral de Bush. Se trata de poder entregar el control de la calle a la nueva policía y ejército iraquíes y retirar los soldados estadounidenses a sus bases, pese a las previsiones pesimistas respecto a la falta de seguridad y al aumento de la violencia.

Presentar como entrega de su "soberanía" a los iraquíes el traspaso de competencias que ha de tener lugar el 30 de junio no deja de ser una pantomima, pues EE UU seguirá siendo quien verdaderamente controlará el país. Esta ley faculta sin disimulo al Gobierno provisional a "negociar un acuerdo de seguridad con las fuerzas de la coalición". Éstas y otras fuerzas presentes dejarán de ser formalmente ocupantes. Pero seguirán muy ocupadas, puesto que aún no se ve el fin de la pesadilla iraquí.

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