La Generalitat lanza un plan de choque en las 40 zonas más pobres

El nuevo Gobierno de la Generalitat quiere acabar con la miseria que aún acecha a numerosos barrios y áreas urbanas de Cataluña. La primera ley aprobada por el Ejecutivo de izquierdas se ha concebido como un plan de choque para rehabilitar y mejorar las condiciones de vida en las zonas más deprimidas de Cataluña, en las que se invertirá un total de 600 millones de euros en los próximos cuatro años.

La nueva ley materializa una de las promesas que el actual presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, anunció como una de sus prioridades en materia social durante la campaña electoral de los comicios autonómicos.

La actuación de la Generalitat en estos barrios se regirá por una ley que aprobó ayer el Consell Executiu. El portavoz del Gobierno catalán, Joaquim Nadal, explicó ayer que en los últimos años las ciudades y pueblos de Cataluña han experimentado globalmente un "desarrollo positivo". Sin embargo, agregó, varios barrios, áreas urbanas o pueblos "no han podido seguir" esta evolución y se han "quedado atrás", arrastrando graves problemas de "involución urbanística, despoblación o excesiva concentración por la llegada de nuevos habitantes, problemáticas sociales como el envejecimiento de la población, bajo nivel de renta o bajo nivel educativo".

A estas áreas va dirigido el proyecto de ley aprobado por el Gobierno de la Generalitat. Nadal eludió hacer una lista de los barrios susceptibles de recibir las ayudas, para evitar su estigmatización. Sin embargo, citó el barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs, o el de Sant Cosme, en El Prat, así como algunas áreas de Sabadell o del casco histórico de Balaguer, Lleida y Tortosa. Algunas de estas zonas ya han recibido ayudas comunitarias para su rehabilitación.

Aunque en ningún párrafo de la ley se cita explícitamente el fenómeno de la inmigración, sí se desprende que los barrios con elevada concentración de ciudadanos de origen extranjero figuran entre los candidatos a ser ayudados por la Generalitat. Nadal indicó, por ejemplo, que muchas de las áreas deprimidas sufren una superpoblación por la llegada de nuevos habitantes y han visto como en los últimos años "el precio de sus viviendas ha caído en picado".

La ley deja muy claro que las propuestas de rehabilitación que elaboren los ayuntamientos no pueden limitarse a una intervención de mejora física del barrio. Han de ser programas de rehabilitación integral que incluyan actuaciones en varios campos y que redunden en la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes y en la reactivación socioeconómica de la zona. Así, los proyectos deberán incluir actuaciones tan diversas como la creación de guarderías y centros cívicos, centros de día para ancianos, proyectos de activación comercial, creación de espacios públicos y rehabilitación de equipamientos colectivos. Nadal citó también, entre otras intervenciones, la incorporación de nuevas tecnologías, como Internet, en las viviendas y la rehabilitación de la red de alcantarillado, lo que exigirá trabajar también "bajo la piel del espacio público".La nueva ley aprobada ayer por el Consell Executiu establece que sean los propios municipios los que presenten sus proyectos de rehabilitación, que serán evaluados por una comisión mixta integrada por miembros del Gobierno autónomo, la Administración local y los sectores afectados. Esta comisión se reunirá cada año, entre 2005 y 2008, para seleccionar los proyectos que considere prioritarios. La ley establece la adjudicación de ayudas a un máximo de 12 proyectos cada año hasta llegar a un mínimo de 40 dentro de cuatro años.

La contribución económica de la Generalitat para la ejecución de las propuestas seleccionadas será del 75% del presupuesto como máximo, mientras que el 25% deberá ser aportado por el Ayuntamiento o la iniciativa privada. Para la financiacion de los proyectos, la Generalitat creará un fondo, cuya dotación económica se establecerá anualmente en el presupuesto de la Generalitat y será adscrita al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, que dirige Joaquim Nadal. El consejero y portavoz del Gobierno aseguró que en los presupuestos de la Generalitat para 2005 ya habrá una partida destinada a la financiación de los primeros proyectos.

Nadal explicó que la Administración catalana ya ha realizado intervenciones sobre barrios deprimidos a través del programa comunitario Urban. Sin embargo, a su juicio, estos planes no han llegado a todas las áreas necesitadas o no han sido suficientes.

La Generalitat considera que en muchos de estos barrios, concretamente en los que se

había experimentado una cierta mejora en los últimos años pero que ahora sufren una sobresaturación a causa de la llegada de inmigrantes, la intervención es urgente porque corren el riesgo de sufrir un retroceso y una fractura social a corto plazo que podría llegar a ser irreversible.

Como había prometido Pasqual Maragall en la campaña electoral de las últimas elecciones autonómicas, la rehabilitación de las áreas marginales de Cataluña no será una intervención que la Generalitat realizará en solitario. La nueva ley exige la implicación de los ayuntamientos no sólo en la elaboración de los proyectos, sino también en la aportación económica para su financiación, que será de una cuarta parte del presupuesto.