El Gobierno cifra en 970 millones el coste de descontaminar el suelo

El Gobierno espera disponer este mismo año de una ley que obligará a los responsables de la contaminación de suelos a pagar su limpieza. Euskadi suma en la actualidad casi 7.900 hectáreas de terrenos afectados, según el inventario oficial de suelos "potencialmente contaminados". El consejero de Medio Ambiente, Sabin Intxaurraga, recalcó ayer que esta limpieza requeriría una inversión de 970 millones de euros. La nueva ley, cuyo proyecto ha elaborado el Ejecutivo, establece multas de hasta 1,2 millones y el cierre definitivo de la actividad que cause la contaminación.

Intxaurraga volvió a citar ayer el viejo principio de "quien contamina paga" para explicar los contenidos de la normativa, aprobada la pasada semana por el Consejo de Gobierno y que ahora debe ser debatida y ratificada posteriormente por el Parlamento vasco. Es ése un compromiso tradicionalmente incumplido, según reiteran los grupos ecologistas, pese a que viene obligado por la ley estatal de residuos tóxicos y peligrosos de 1998.

La nueva normativa de Euskadi acabaría con situaciones recientes como la de los terrenos donde se asienta el hipermercado Carrefour, en Sestao. Hace diez años, la entonces empresa pública Babcock & Wilcox cobró el equivalente a 21 millones de euros por la venta de tres parcelas contaminadas con lindane, cuyos residuos se confinaron en un almacén abandonado y han acabado en el depósito construido en Barakaldo. El propio Departamento de Medio Ambiente abonó en 1995 más de 420.000 euros por una finca repleta de lindane en Barakaldo aduciendo que la maraña legal impedía solucionar el problema. Los propietarios ni siquiera fueron multados por delito ecológico.

Protección y prevención

La llamada ley de Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo significa que éste pasa a tener una protección y una prevención. Los propietarios tendrán la obligación de comunicar al Ejecutivo si detectan la presencia de sustancias contaminantes. Cualquier actuación o cambio de calificación del terreno (para la construcción de viviendas, la instalación de una empresa o su ampliación e incluso el cierre) requerirá previamente de un examen de la calidad del suelo.

"Se abre un proceso administrativo y, si hay un suelo contaminado, el responsable será el contaminador. Si no es posible esclarecer el causante, quien deberá realizarlo será el propietario", explicó el director de Calidad Ambiental, Tomás Epalza.

El consejero agregó que "ya están ocurriendo" situaciones de terrenos que, debido a su contaminación, tienen "un valor cero", incluso aunque haya planes de recalificación para su uso residencial. En el acondicionamiento del área de Galindo, donde se hallaban las principales instalaciones de Altos Hornos en Barakaldo y que se está reconvirtiendo en un área residencial y deportiva, se han tenido que gastar 1,1 millones de euros sólo en su descontaminación. Dicha cantidad ha sido pagada por Bilbao Ría 2000, la sociedad de regeneración pública, por las labores de separación de las tierras contaminadas y su reutilización, en parte, para la materia prima del cemento. Pero el coste puede incrementarse si se realizan otros tratamientos, como ocurrió en la descontaminación del aeropuerto de Bilbao o el nuevo área residencial de Miribilla en la capital vizcaína, donde los suelos contaminados se han tenido que trasladar a depósitos especiales de residuos peligrosos sitos en otras comunidades autónomas.

La normativa, que Intxaurraga confía en que el Parlamento apruebe en verano o "en otoño", prevé ser flexible con la denominada "contaminación histórica", los terrenos afectados antes de 1998, cuando se aprobó la ley vasca de Medio Ambiente. En el caso de suelo público, se prevén acuerdos voluntarios entre los propietarios y el Gobierno, que subvencionarían la limpieza hasta en un 75%. Posteriormente, si existieran plusvalías por la gestión de esos terrenos, se devolvería la ayuda concedida. En el caso de terrenos privados, el dueño debe hacerse cargo exclusivamente de la descontaminación, sin ninguna ayudas públicas.

El Gobierno no cuenta con datos concretos de las zonas actualmente contaminadas. Sólo existe un inventario de áreas potenciales, realizado en función de las actividades que albergan, que totaliza 8.567 con una superficie global de 7.897 hectáreas. Desde 1990 a 2002 se han recuperado 56 emplazamientos, 28 de ellos públicos.

La ley incluye multas de hasta 1,2 millones de euros en el caso de las infracciones graves, además de un cierre definitivo de la actividad.