Una red falseaba papeles oficiales para regular a inmigrantes

El grupo encargado de los asuntos de la Seguridad Social en el Cuerpo Nacional de Policía investiga a más de cien personas, casi todas latinoamericanas, que han aportado imitaciones de documentos de organismos públicos, como la Delegación del Gobierno y la Dirección General de Migraciones, con los que se obtiene el permiso de residencia y trabajo. Todos fueron contratados en diferentes empresas gracias a los papeles fraudulentos. Al menos quince de estas personas han sido detenidas e interrogadas para que expliquen la procedencia de los documentos falsos.

Los investigadores sospechan que detrás de estas falsificaciones hay una o dos redes que se lucran cobrando hasta 2.000 euros a los inmigrantes por facilitarles documentación ilegal con la que engañar a empresas para que les contraten creyendo que son residentes legales.

La investigación es fruto de las denuncias interpuestas por la Dirección General de Migraciones, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y por la Delegación del Gobierno. Ambos organismos detectaron la proliferación de documentos, que ellos no habían emitido.

El Código Penal castiga con sanciones de dos a cinco años de cárcel a quienes trafiquen con mano de obra sin papeles. Por eso, lo que hacía esta red es falsificar no los permisos de trabajo y residencia, sino documentos públicos, con sellos oficiales que eran burdas imitaciones, aparentando que la Delegación del Gobierno había estudiado ya un caso determinado y decidido conceder el permiso de residencia y trabajo.

Fuentes cercanas a las pesquisas ignoran cuántas personas trabajan en la actualidad merced a estos falsos documentos, si bien precisan que la policía ha descubierto, al menos hasta el momento, en torno a cien casos. "Pero puede haber muchos cientos, se está trabajando en ello", señalan fuentes próximas a la investigación.

Los citados medios creen que en Madrid operan dos o tres bandas organizadas que se dedican a cometer fechorías de este tipo "y a robar bajo engaño" los ahorros de decenas de inmigrantes que caen en sus redes. Fuentes jurídicas explican que las personas engañadas proceden de América Latina, y que los falsificadores también son de origen extranjero, aunque pudieran tener contactos españoles que les asesoran.

No todos los inmigrantes que adquirían estos documentos de imitación eran conscientes de su falsedad. Unos sí y otros no. Pero unos y otros los presentaban en las empresas y éstas los contrataban tras remitir tales papeles a la Seguridad Social con vistas a que ésta les asignase un número de alta y pudieran trabajar legalmente.

Fue precisamente la Seguridad Social la que descubrió los chanchullos y dio la voz de alarma: cotejó nombres con la Delegación del Gobierno y el Ministerio de Trabajo, y comprobó que muchos documentos eran falsos. Es entonces cuando la policía abre una investigación y comienza a preguntar a los trabajadores de dónde habían sacado tales papeles.

Algunos trabajadores extranjeros se enteraron de que habían pagado dinero por un documento falso tras acudir a la Delegación del Gobierno y a la Dirección General de Ordenación de las Migraciones para pedir el permiso de residencia y trabajo. Allí supieron, por los funcionarios, que ni sus nombres ni el número de expediente que figuraba en esos papeles tenían que ver con la realidad.

Pago de 2.000 euros

Las víctimas de estas redes aseguran haber pagado por los documentos hasta 2.000 euros a personas que, a través de intermediarios, habían contactado con ellos ofreciéndoles una vía fácil y rápida de obtener el permiso para trabajar y residir legalmente en España.

Uno de los inmigrantes damnificados por esta banda es Javier B. M., cuya empresa, Señorío de Vergara, SL, pidió su alta en la Seguridad Social y fue en ese momento cuando descubrió que los papeles eran de imitación y que el sello, aunque parecido, no pertenecía al organismo que había emitido tal resolución.

Las víctimas de esta banda son en su mayoría ciudadanos ecuatorianos que viven en España en situación irregular desde hace mucho tiempo. Casi todos han sido despedidos de los trabajos obtenidos mediante la documentación falsa, ya que contratar a extranjeros sin la preceptiva autorización constituye una infracción muy grave sancionada por la Ley de Extranjería con multas de hasta 60.000 euros. De momento, la policía ha detenido a unos quince inmigrantes, aquellos que admitieron haber pagado dinero por los documentos a sabiendas de que estaban falsificados.