Víctimas por partida doble

"Te llega una mujer con la cara hecha un mapa después de una paliza y no puedes hacer nada por ella; es una situación de impotencia tremenda". Empar López, abogada del Centro de Comunicación y Servicios Interculturales (CCSI) de Torrent, una entidad de asistencia a los inmigrantes de la Mancomunitat de L'Horta Sud, se refiere a casos recientes de inmigrantes que han acudido a su centro y otros asistidos por compañeros que han sido víctimas por partida doble: Al acudir a la comisaría a poner una denuncia se exponen a salir con una orden de expulsión bajo el brazo si no tienen sus papeles en regla.

López recuerda un caso de enero pasado en el que una mujer marroquí acudió a la comisaría de la policía nacional de Torrent para dar cuenta de una agresión sufrida por su hermano. Tras tramitar la denuncia, los agentes le remitieron una carta con una cita para el lunes siguiente por una cuestión "de su interés".

Al acudir a la comisaría para denunciar maltratos se exponen a una orden de expulsión

Debía presentarse ante el grupo operativo de extranjeros. "Acudí con ella a la policía", recuerda la letrada. Los agentes querían conocer cuál era la situación de la mujer, si tenía su documentación en regla o no. "Encima de cornuda, apaleada", les espetó López, quien relata que al final se echaron atrás: "Si no voy a acompañarla, sale con una orden de expulsión".

María, una joven de 19 años el uno de enero pasado, pasó por una circunstancia similar. Entró a la comisaría de Zapadores de Valencia con la intención de denunciar la agresión que había sufrido su hermano el día de Nochevieja. Y salió con la denuncia puesta pero además, con un expediente de expulsión a cuestas.

María, como la mujer anterior, tampoco tiene permiso de residencia y trabajo. Aún no la han expulsado, como señala su abogado, Javier Botey, pero puede ser cuestión de días. "Cualquier gestión puede volverse en su contra", destaca este letrado que lleva años trabajando con inmigrantes. Se está creando un ambiente de persecución, señala, como nunca antes había existido contra este colectivo. "No sólo les niegan el pan y la sal, sino la propia existencia", apunta.

G. R., una mujer colombiana de 30 años, no llegó ni siquiera a pisar la comisaría. En este caso, ella fue la agredida. No le pegó su pareja, que tiene dos sentencias por agresión, por lo que "se anda con cuidado". En una discusión que mantuvo con su marido a finales de febrero, "como sabe que no le puede pegar", no lo hizo. Fue un amigo del marido que estaba en casa quien la emprendió a golpes con ella, mientras su pareja lo observaba, relata Empar López, que también ejerce como abogada en este caso.

El parte médico de las urgencias del hospital La Fe del 26 de febrero describe marcas en el cuello donde "parece haber sido cogida", un traumatismo en el brazo derecho, un hematoma en el párpado superior izquierdo, y policontusiones, entre otros aspectos.

Cuando acudió al CCSI de Torrent, los técnicos del centro le facilitaron asistencia psicológica y trataron de buscar un alojamiento seguro; pero fue imposible.

"Para buscar un centro de acogida hace falta una denuncia y no quisimos ir a la comisaría", recuerda López, ante el temor de que, como en otros casos, se le abriera un expediente de expulsión. Además, tampoco se atrevieron a remitir el caso a los centros de atención a las mujeres maltratadas de Bienestar Social.

"Todas las trabajadoras sociales de la zona saben que al acudir a estos lugares se remite la información de las mujeres a la policía", explica.

¿Solución? "Estamos atadas de pies y manos; es en una situación de impotencia terrible", comenta. A ello suma, además la inseguridad jurídica en la que se mueven los inmigrantes al no poder denunciar con libertad por el temor de pasar en pocos minutos de víctima a ser denunciado. "Dependes de la buen voluntad del policía de turno", aclara.

Botey recuerda conversaciones con policías que están en contra de esta política de persecución a los sin papeles. "Comentan que su función debería ser la de proteger a los que viven en el país, sean españoles, extranjeros con papeles o sin papeles".

Sin embargo, cada vez son más comunes las acciones policiales destinadas a identificar a extranjeros sin documentación en regla.

En diciembre, la Guardia Civil irrumpió en la sede de CC OO de Torrevieja donde se atendía a extranjeros que querían regularizar su situación. Hace poco, López encontró una patrulla policial frente al centro de atención a inmigrantes de Torrent interrogando a las personas que salían de recibir ayuda.

La Delegación del Gobierno rechaza que existan directrices destinadas a controlar a los extranjeros que carecen de documentación. E incluso va más lejos: "Dudo mucho que sean ciertos [los casos en los que se les ponen órdenes de expulsión a los inmigrantes que acuden a las comisarías a poner denuncias]", apunta un portavoz de la delegación. "Si esa fuera una política programada, no tendríamos más que ir a las puertas de la oficina de extranjeros", señala. "Bastante tenemos con expulsar a los que delinquen como dedicarnos al resto", concluye.