Fiscalidad a rebufo

Euskadi se ha quedado atrás. La tradicional iniciativa fiscal de las haciendas forales, que ha permitido a las diputaciones ofrecer un tratamiento algo más ventajoso a los contribuyentes vascos, ya es agua pasada. Las reformas tributarias que desde la Administración central ha aplicado el Partido Popular (en 1999 y 2003) han cambiado las tornas y ahora son las haciendas vascas las que van a remolque. El Gobierno autonómico y las diputaciones reconocen más o menos a regañadientes que será imposible no acometer una revisión del IRPF vasco, si se llevan a la práctica las promesas electorales en materia fiscal que plantea tanto el PP como el PSOE.

El candidato popular a La Moncloa, Mariano Rajoy, ha anunciado que, si gobierna, rebajará el tipo máximo del IRPF del 45% actual en territorio común (48% en Euskadi) al 40%, y del 15% al 12% el mínimo. La oferta fiscal de Rodríguez Zapatero es más ambiciosa en su formulación, pero menos inconcreta en su estructura. De establecerse un tipo único, este sería del 29%, quedando exentos los ingresos menores de 10.000 euros: de haber dos, el normal estaría en el 25% y el máximo "sensiblemente por debajo del 40%".

Manuela Escribano, experta en tributos, profesora de la Facultad de Económicas de la UPV y directora de un master de fiscalidad, lamenta la pérdida de iniciativa después de haber ido por delante muchos años, "con buenos estudios previos a las reformas hechos desde aquí". "La realidad desde 1996 es que vamos por detrás, copiando lo que hacen en Madrid. La soberanía fiscal no está sirviendo de mucho para tomar la iniciativa, y eso a pesar de que en el País Vasco hay grandísimos especialistas", opina. Hasta 1997 Euskadi tenía amplia capacidad normativa en el impuesto de sociedades, que a partir de ese año se extiende también al IRPF, un resorte que, según Escribano, no se ha sabido utilizar para tener una fiscalidad con identidad propia.

La campaña electoral comenzó, precisamente, con una petición de la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, de signo defensivo. El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, vendió en Euskadi las rebajas fiscales del PP y aseguró que los vascos, por culpa del PNV, seguirían pagando más impuestos que el resto de los españoles. Zenarruzabeitia le reclamó que respetara la soberanía fiscal vasca.

Al catedrático de Hacienda Pública de la UPV Ignacio Zubiri, le preocupa que la decisión de bajar los impuestos se adopte a golpe de promesa electoral. "Es socialmente insostenible para el País Vasco mantener unos impuestos más altos que los del resto de España, y por esa razón si Madrid baja, el País Vasco tiene que hacer lo mismo", dice Zubiri. Pero acto segido pide una reflexión más amplia "Si a pesar de las bajadas de tipos se mantiene la recaudación es porque suben las rentas. ¿Pero qué va a pasar si aumenta el desempleo, si la economía entra en crisis? ¿Quien va a subir los impuestos para mantener la recaudación? Se está jugando al límite", advierte.

El tipo mínimo del IRPF es en Euskadi el mismo, el máximo es tres puntos más alto. Tras la supresión del IAE en territorio común, en la comunidad autónomo se acordó a regañadientes y con algunas modificaciones. El sueldo de 100 euros mensuales a las madres trabajadoras no se ha aplicado en Euskadi, aunque, para compensar, hay más desgravaciones y el Gobierno da vasco da a las familias con tres o más hijos una cantidad equivalente durante tres años.

Para el diputado de Hacienda de Álava, Juan Antonio Zarate, el País Vasco perdió la iniciativa hace muchos años, y sostiene que "digan lo que digan" desde el Gobierno vasco, en materia fiscal lo que se hace es "puro seguidismo". "No se está copiando sistemáticamente, porque se introducen pequeñas variaciones sobre los tipos puntuales del Estado, pero globalmente se hace lo mismo". No obstante, Zárate considera que es mejor y más seguro utilizar la capacidad normativa que concede el Concierto Económico para copiar lo bueno que hace la Administración central, que " innovar demasiado y acabar en los tribunales", como sucedió con los incentivos fiscales a la inversión anulados por la Unión Europea.