Un lucrativo negocio

Después de seis meses, María decidió tramitar sus papeles por cuenta propia. "Invertí 400 euros en un abogado, creyendo que me conseguiría los papeles". Le prometieron permiso de trabajo y residencia en un plazo de tres meses, como máximo cuatro, pero no vio ni los papeles ni su dinero. " Me hicieron firmar un documento donde aceptaba que el dinero nunca sería devuelto".

Cuando esta colombiana llegó hace cuatro años a Madrid, no se imaginó que sería tan difícil regularizar su situación. Todo un calvario. En agosto de 2003 recibió la negativa de la oficina de Trabajo y Asuntos Sociales, y al salir de esta dependencia, un repartidor le dio una publicidad prometedora: "¡Obtenga permiso de trabajo pronto! ¡Papeles en 30 días!". "Menos mal que no pagué el precio total del servicio, que era de 800 euros; pero los 400 ya los perdí".

"¿Tengo que ser ilegal un año más para que me den el permiso de trabajo?", se pregunta cada día María. Ante esta incógnita, diversos despachos de abogados han encontrado un lucrativo negocio. Encuentran su clientela en las oficinas de extranjería, donde reparten su publicidad a los inmigrantes que buscan regularizar su situación.

Cualquier extranjero que desea tramitar su permiso de trabajo o residencia debe reservar su cita llamando a la Brigada de Extranjería y Documentación de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, cuyo número es el 91 322 11 60. "He llamado durante una semana... y siempre está ocupado. No tengo todo el día para estar al teléfono", se lamenta José, un ecuatoriano en la misma situación que los 223.000 inmigrantes sin papeles, según estimaciones de UGT. Por esa llamada, el precio que cobran estas empresas o abogados varía entre los 20 y 30 euros.

"Todos estos servicios son fraudulentos. Venden ofertas de trabajo, lo que es un delito porque es un documento que no se comercializa y la oferta nunca se traduce en una contratación real del inmigrante. La estafa es doble porque nadie en situación irregular en España, salvo los casos de reagrupación familiar o razones humanitarias, puede obtener el permiso de trabajo o residencia", asegura Diego Llorente, abogado de la Universidad de Navarra y voluntario de la ONG SOS Racismo. "Es imposible que estos abogados, con miles de inmigrantes en Madrid, dispongan de una vasta red de empresarios dispuestos a contratar personal extranjero que ni siquiera han conocido. Además, la nueva Ley de Extranjería no entrega permisos de trabajo dentro de España a irregulares".

Historias similares, o peores, rondan el edificio de la Brigada de Extranjería y Documentación. Miguel también es ecuatoriano y tiene pocas ganas de hablar. Pero, animado por la intención de evitar una experiencia similar a la suya a otros inmigrantes, rompe el silencio: "Me prometieron todo: permiso de trabajo y un contrato con una empresa que nunca conocí. El precio era de 1.000 euros, que debía pagar cuando estuviera en regla. Sólo desembolsé la mitad, porque aún hoy espero los papeles. De eso hace un año, y todavía aquí estoy: haciendo cola una vez más".