La Inspección del Poder Judicial propone expedientar a Ruiz Polanco

José María Gil Sáez, jefe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, ha elaborado un informe en el que propone a la Comisión Disciplinaria del citado organismo que abra un expediente disciplinario al juez Guillermo Ruiz Polanco, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, por entender que su actuación es constitutiva de dos faltas muy graves. La propuesta se decide el próximo lunes.

Los hechos a los que se refiere el informe de la Inspección, son dos. Por un lado, el supuesto retraso en la comparecencia para resolver la prórroga de la prisión preventiva de varios de los encausados del sumario 7/2002, Ibai y Mikel Ayensa Laborda y Francisco Ruiz Romero, presuntos integrantes del comando Ekaitza. El aplazamiento de la comparecencia determinó que Ibai Ayensa fuera puesto en libertad porque ya había transcurrido el plazo máximo de prisión preventiva sin que éste fuera prorrogado.

Por otro, el retraso en la tramitación de dos sumarios: el 7/ 2002, -el genérico por pertenencia a banda armada del comando Ekaitza- en el que según la Inspección no se ha dictado auto de procesamiento, a pesar de que el fiscal lo solicitó en mayo de 2003, y el 10/2003, -el genérico del comando Urbasa- en el que el procesamiento de los presuntos etarras se ha dictado con posterioridad a que se abrieran diligencias informativas por la Inspección del Consejo y a que se solicitara un informe al magistrado Ruiz Polanco, que todavía no ha cumplimentado.

La Inspección considera que el primer caso se trata de un supuesto de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales, prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y lo califica de falta muy grave.

El segundo, para la Inspección, constituye un retraso en la tramitación de procedimientos, que recoge el mismo precepto legal mencionado.

Además, el informe recuerda que el 25 de febrero de 2003 tras una inspección del juzgado del que es titular Ruiz Polanco, "se constató la existencia de un elevado número de causas con preso preventivo de antigüedad superior a un año". Por ello, para el control de esa situación, la Inspección abrió un expediente de seguimiento en el que el juez debía remitir al Consejo del Poder Judicial informes bimensuales del estado de las causas en tal situación. Los informes del juez se han ido remitiendo "tras varios recordatorios al órgano y peticiones de ampliación, al ser en algún caso incompletos".

Ayensa, detenido

A Ibai Ayensa, el presunto etarra al que Ruiz Polanco tuvo que dejar en libertad al agotarse el plazo de prisión preventiva sin solicitud de prórroga, le ha durado poco la alegría. Efectivos de la Policía le detuvieron la noche del martes en Pamplona por orden del juez Baltasar Garzón.

El magistrado -que se encuentra de guardia, aunque el caso corresponde a la juez Teresa Palacios- le imputa, junto a otros dos detenidos, Iker Isiegas Garisoain y Sergio Medina Azanza, haber participado en la preparación y traslado de un artefacto con el que iban realizar un atentado terrorista el 28 de diciembre de 1999, al parecer en un cajero automático de una entidad bancaria.

Los datos nuevos con los que ha contado el juez figuran en una carta de autocrítica remitida por Ayensa a la dirección de ETA y que fue intervenida por la policía francesa al jefe de los comandos hasta su detención Ibon Fernández Iradi, Susper, a finales de 2002. En la misiva, Ayensa reconocía su participación en varias acciones terroristas, incluida la del 28 de diciembre y mencionaba a Isiegas y Medina.

Sergio Medina, cuyo padre era el titular del vehículo que utilizaron los presuntos terroristas, sufrió quemaduras en la espalda y fue asistido en el Hospital de Navarra. Estuvo tres meses en prisión, pero fue puesto en libertad al no poderse probar en aquel momento que fuera a cometer un atentado.

Por otro lado, el juez Garzón dejó ayer en libertad por falta de pruebas a Mikel Soto, Aurken Sola y Jorge Chocarro, presuntos integrantes del comando Urbasa, a los que Ainhara Gorostiaga, había acusado en una declaración policial de haber intervenido en el asesinato por medio de una bomba lapa del concejal de Unión del Pueblo Navarro en Leiza (Navarra) José Javier Múgica Astibia, el 14 de julio de 2001.

Los cuatro declararon ayer ante Garzón y negaron haber participado en el crimen. El fiscal Pedro Rubira no pidió medidas cautelares contra ellos.

Fuentes de la investigación señalaron que los indicios existentes no son suficientes, ya que parece que uno de los autores del atentado podría estar en Francia.

Soto, Sola y Chocarro fueron puestos en libertad bajo fianza por el juez Ruiz Polanco la semana pasada, mientras que Ainhara Gorostiaga se encuentra todavía en prisión a la espera de que Garzón resuelva su petición de libertad.