500 inmigrantes montan asentamientos al comienzo de la campaña fresera

Andalucía Acoge afirmó ayer que la presencia de asentamientos de inmigrantes en la provincia onubense al inicio de la campaña fresera, que comenzó ayer de forma oficial, revela "las limitaciones" de la actual Ley de Extranjería del Gobierno central. La presidenta de Huelva Acoge, María Luisa Vélez, cifró en 500 los inmigrantes, la mayoría subsaharianos, que viven en chabolas o bajo plásticos, en pésimas condiciones, en localidades freseras de Palos de la Frontera y Moguer.Vélez indicó que un 20% de esos inmigrantes podría tener la documentación en regla.

La presidenta de Huelva Acoge señaló que para ese colectivo sólo se prevén "planes de emergencias humanitarios promovidos por organizaciones sociales ante las escasas posibilidades de poder obtener la documentación de acuerdo a una ley que resulta inadecuada a todas luces".

María Luisa Vélez criticó que la única salida a la inmigración irregular que recoge la ley sea la expulsión del país. "En muchos casos faltan los mecanismos para aplicarla, como convenios con países de origen". En este sentido, lamentó que la Subdelegación del Gobierno en Huelva haya anunciado que tramitará la expulsión de esos inmigrantes. Y advirtió de que no será efectiva "si se va a hacer lo mismo que hace un año con los inmigrantes subsaharianos de Palos de la Frontera, que fueron trasladados hasta Algeciras (Cádiz) donde se les abrió un expediente de expulsión que nunca llegó a aplicarse y que fueron devueltos a Palos en las mismas condiciones, sin vivienda ni alimento".

El presidente de Andalucía Acoge, Abderrahman Essaadi, reprochó al Gobierno central "esa política de control, de repatriación y de expulsión". "No es la salida al problema de la inmigración irregular. Hay que pensar en buscar otras salidas como abrir cauces legales de entrada en países como Marruecos y Senegal", afirmó.

Abderrahman Essaadi añadió que su organización seguirá defendiendo los derechos de los inmigrantes frente a la actual ley. A su juicio, ésta ha "destruido los derechos fundamentales de este colectivo y convierte al inmigrante en una persona indefensa". Subrayó que, con el marco legal actual, al inmigrante se le identifica como "a un delincuente". "Es una víctima de la ley. El indocumentado no puede ni acudir a la oficina de extranjería para informarse sin el temor de ser detenido en cualquier momento", comentó.

Vélez destacó que la organización de la campaña agrícola en Huelva ha experimentado un avance en "planificación", pero advirtió errores que "se repiten".