Justicia rápida, pero con más medios

Sacar a la Justicia del mal endémico del atasco para dar un mejor servicio a los ciudadanos es uno de los objetivos que recogen los programas de los principales partidos cara a las próximas elecciones generales y andaluzas del próximo 14 de marzo. Sentados en la misma mesa, el juez decano de Granada, Antonio Muñoz; el fiscal jefe del TSJA, Jesús García Calderón, y el decano de los abogados de Granada, José María Rosales, aplauden la puesta en marcha de los juicios rápidos, pero se quejan de la insuficiencia de medios y reclaman mayores competencias para el TSJA.

Pregunta. ¿Estamos peor que otros en lo que respecta a la lentitud de juzgados y tribunales?

Jesús García Calderón (J.G.C.). La situación en Andalucía es parecida al resto de España. Existe un atasco que afecta sobre todo a lo Contencioso-Administrativo. Cualquier medida que tienda a solucionar esta situación, como el plan creado recientemente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es bienvenida. El problema son los medios materiales y humanos. En lo penal, la lentitud se reduce gracias a los juicios rápidos.

ANTONIO MORENO "No hace falta cambiar la Constitución para dotar de más funciones al TSJA"

J. G. CALDERÓN "En Andalucía, la inmigración ilegal o el urbanismo necesitan criterios comunes"

ANTONIO MORENO "La descentralización ha traído medios. En 2001 se trabajaba con máquinas de escribir"

JOSÉ M. ROSALES "Muchas veces el abogado no tiene acceso al atestado en los juicios rápidos"

Antonio Moreno (A.M.). La lentitud es la crítica fundamental hacia los jueces. Tiene que resolverse con nuevas reformas legales como los juicios rápidos. Soy muy escéptico con los planes específicos porque una vez que se resuelve el problema, no se hace nada para que el atasco no se vuelva a repetir. La única solución es más juzgados, más personal y más medios materiales.

José Manuel Rosales (J.M.R.). Una cosa es el atasco y otra la lentitud. El atasco se arregla con medios materiales y humanos. Las medidas de choque están bien, pero no bastan. Hay que desjudicializar las cuestiones de poca monta recurriendo a la mediación o el arbitraje. Hay carencias económicas, es cierto, pero hacen falta también medidas legislativas.

J.G.C. De todas formas, últimamente ha aparecido una tendencia a acortar plazos que supone un cambio de mentalidad y un reto para todos. En los procesos de menores o en los juicios rápidos, si el fiscal no redacta en plazo su acusación, se archiva el caso.

Cuando se instauraron estos plazos, muchos auguraron que darían problemas. Pero los juicios rápidos nos han demostrado que no los hay.

J.M.R. Sí, pero hay que tener en cuenta de que a veces los plazos no son suficientes. Hay que dar más flexibilidad. Está bien que se pongan plazos, pero también que se establezcan mecanismos para prorrogarlos si es necesario. Los abogados siempre hemos tenido plazos. Los jueces en el 90% de las sentencias los incumplen por acumulación de asuntos. Pero los plazos son para todos.

J.G.C. La carencia de medios justifica esos retrasos. Los jueces exigen cada vez más rotundamente tener infraestructura suficiente. Un juzgado tiene que contar con todos los medios para que se le pueda exigir responsabilidad por incumplir los plazos.

A.M. El lunes pasado estuve de guardia y celebré 42 juicios rápidos. La ley me dice que tengo que dictar sentencia en ese día o como máximo en tres. Si se quiere una mínima calidad en la sentencia ese plazo no se puede cumplir. Para poder hacer un buen trabajo hacen falta menos casos y más medios.

P. Háganme un balance de la actuación de la Junta desde que recibió las competencias de justicia en 1997.

A.M. Toda descentralización es útil porque los problemas se resuelven más rápidamente. Para los medios materiales ha sido esencial el traspaso. Hace sólo dos años en los juzgados de Granada se trabajaba todavía con máquinas de escribir.

J.G.C. La transferencia ha sido especialmente positiva en Andalucía por las dimensiones de la comunidad y el número de habitantes. Con la consejería las relaciones son excelentes. Hay carencias importantes en informática y espacios, pero creo que, con el tiempo, podremos resolverlas.

J.M.R. Esas transferencias deberían aumentar. Hay que tener en cuenta que todavía, el Estado tiene mucho que decir. El traspaso de los medios materiales es bueno, porque las autonomías se han preocupado de dotar mejor a los juzgados. Pero queda mucho camino por recorrer, aunque haya buenas voluntades.

J.G.C. Sería importante crear una consejería exclusiva de Justicia [separada de Administraciones Públicas]. El presupuesto propio para permitir una autogestión de juzgados y tribunales también es importante. De eso vamos a tener que hablar a partir del 14 de marzo.

P. ¿El siguiente paso debe ser el aumento de competencias para el TSJA?

J.M.R. Estoy de acuerdo con dotarlo de mayores funciones Se tiene que permitir que dicte sentencias en unificación de doctrina sin dejar de estar conectado el Supremo.

A.M. Hay que tener en cuenta que el Estatuto define al TSJA como la última instancia judicial en Andalucía. Pero su sala de Civil y Penal está muy desaprovechada. Para darle más competencias no es necesaria una reforma constitucional. Basta una simple modificación legal. Supondría un desatasco para el Tribunal Supremo que necesariamente tendría que subsistir para unificar doctrina

J.G.C. Hay que tener en cuenta que el TSJA engloba a otras dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla) y tiene fronteras con el Magreb, Gibraltar y Portugal. Es muy importante la unificación de doctrina en materias tan importantes como la inmigración ilegal o los delitos urbanísticos, que es difícil obtener en el Supremo. La polémica se afronta con excesivo simplismo. España ha sido condenada por tribunales internacionales por no tener segunda instancia en los juicios penales y la solución es una apelación ante los TSJ. Es inevitable darles más importancia. Pero nadie se plantea que sean el último paso.

J.M.R. Dar más competencia a los TSJ redundaría en el bien de la comunidad. Es más fácil resolver los problemas en tu propio Ayuntamiento que tener que relacionarse con un organismo de fuera.

P. Tras un año de aplicación, ¿puede hacerse balance de los juicios rápidos?

A.M. Están funcionando razonablemente bien. Ayudan a reducir la delincuencia. Los atracos a establecimientos han bajado muchísimo. Los robos y tirones se juzgan en 15 días en el 90% de los casos. Pero hay que resolver algunos temas como la función de la policía judicial, porque para poder iniciar estos juicios es imprescindible el atestado policial. Ni el fiscal ni un particular pueden hacerlo. Los malos tratos también necesitan un mejor tratamiento. Tenemos problemas con los maltratadores habituales que obligan a dilatar el proceso por la necesidad de acreditar su reincidencia y hacer estudios psicosociales a la víctima. Algo que se resolvería con más medios.

J.G.C. Hace falta un centro donde haya desde un perito para establecer los daños de un coche hasta un psicólogo que haga informes en 48 horas. Aun así, los juicios rápidos son positivos. Hay cuestiones delicadas como que se permita una defensa adecuada del acusado.

La indefensión es, sin duda, un riesgo en los juicios rápidos. Pero jueces y fiscales están satisfechos y no hay quejas de los ciudadanos. Suponen un punto de inflexión. Estamos ante una buena oportunidad para modernizar la Justicia. Después de un año de su entrada en vigor hay que poner de manifiesto todas las necesidades y los problemas que ha supuesto su aplicación.

J.M.R. La rapidez no puede reñirse con la calidad de la defensa. Estos juicios crean problemas de indefensión. Muchas veces el abogado no tiene acceso al atestado policial. Hay que garantizar todos los elementos necesarios para la defensa. Los jueces no pueden convertirse en máquinas para quitarse de en medio el mayor número de asuntos. Muchas veces el abogado no tiene acceso al atestado policial. Además, dedicarse a estos juicios supone dejar de lado otros asuntos, sobre todo en juzgados pequeños. La ley de obliga a echar los restos en los juicios rápidos y lo demás, sea civil o penal, queda olvidado. El legislativo ha corrido demasiado. Antes debía haber previsto todos los medios necesarios. Jueces, fiscales y abogados nos hemos tenido que poner a la altura de las circunstancias.