Fomento expedienta a la concesionaria de la autopista de peaje Burgos-Miranda

La Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento abrió el sábado un expediente informativo a la empresa concesionaria de la autopista de peaje AP1 en la provincia de Burgos (entre la capital y Miranda de Ebro) para conocer su versión de los hechos que mantuvieron a miles de personas atrapadas desde la tarde del viernes 27 hasta la mañana del sábado 28 en el área de Pancorbo, y las condiciones de mantenimiento y vialidad invernal de esta vía.

Carreteras ha ordenado al inspector de explotación de la citada autopista y a la subdirección de Conservación y Explotación un expediente para que "clarifique los hechos y las actuaciones de la concesionaria y de sus servicios de explotación". El expediente debe determinar: "Las posibles responsabilidades o negligencias en cuanto a los servicios de explotación de la autopista. Los hechos acaecidos dieron lugar a que un importante número de vehículos y personas quedaran atrapadas durante largas horas en dicha autopista", dice el escrito.

Los hechos adquieren más relevancia, continúa, si se tiene en cuenta que "el itinerario alternativo por la CN-1 [carretera Nacional 1] estuvo abierto toda la noche y tuvieron que ser los propios servicios de mantenimiento y vialidad invernal de la Dirección General de Carreteras los que tuvieron que acudir en auxilio del área de peaje de Pancorbo" y canalizar a los vehículos atrapados de la autopista a la carretera nacional.

Tardanza

Por otro lado, el retraso en la orden para prohibir la circulación de camiones agravó los efectos de ese colapso. La Junta de Castilla y León solicitó hoy información a Fomento, como titular de la autopista, que controla en régimen de concesión la empresa Autopistas, que en las últimas 48 horas no ha respondido a las llamadas telefónicas de este periódico. El delegado territorial del Gobierno regional en Burgos, Jaime Mateu, sostuvo ayer que no pudo dirigirse directamente a la empresa concesionaria y ordenar que adoptara medidas concretas. Mateu insistió en que "la empresa tenía que conocer cuál era la situación y las previsiones meteorológicas, y adoptar las medidas oportunas en cada caso".

Sin embargo, el delegado de la Junta actúa como director del Plan de Emergencias y, en este caso, reconoce que nadie advirtió directamente a la concesionaria hasta la mañana del sábado, cuando ya había pasado el momento más duro del temporal y a pocas horas de que se restableciera el tráfico para turismos y autocares. Fue entonces cuando se prohibió circular a los camiones.

Mateu justificó la tardanza en la emisión de esta orden porque "en el País Vasco ya se había restringido la circulación de vehículos de más de 7.500 kilos y de aquellos que transportaran mercancías peligrosas desde la tarde del 26 de febrero, por lo que se habilitaron zonas para el estacionamiento de estos vehículos".

El cruce en la calzada de vehículos pesados fue la causa principal del corte de la AP1. Varios conductores de turismo colapsados aseguraron que los camiones seguían entrando en esta autopista aún después de la prohibición.

El delegado de la Junta en Burgos asegura que Fomento y la subdelegación del Gobierno en Burgos son los que podían dar la orden a la concesionaria de la autopista de peaje para que no siguieran entrando camiones, "aunque ellos conocían las previsiones meteorológicas, tenían partes de vialidad y sabían cómo estaba la situación y que no se podía circular hacia el País Vasco".