Una empresa lleva al TSJ la adjudicación en El Puig de 250 hectáreas litorales

La empresa Urbanizadora Santa María del Puig, SL, que optó a la urbanización de 2,5 millones de metros cuadrados junto al mar en El Puig pero quedó fuera del concurso en una polémica decisión del Ayuntamiento, presenta hoy ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana un recurso contra el acuerdo municipal del pasado 30 de diciembre. La empresa adjudicataria presentó una oferta más cara, sin viviendas protegidas y sin depuradora.

El Ayuntamiento de El Puig, gobernado por el PSPV y UV, aprobó el 30 de diciembre pasado en L'Horta Nord el proyecto urbanístico de una de las escasas zonas del litoral valenciano libres de edificaciones: 250 hectáreas entre la autopista A-7 y la costa, afectadas por el Plan Parcial de Mejora Sector Golf Playas El Puig. La macrourbanización preveía 6.200 viviendas para acoger otros 18.000 habitantes en un municipio de apenas 8.000 ciudadanos censados. Un proyecto fuertemente criticado por los grupos ecologistas, que consideran el enclave afectado como una valiosa zona húmeda adyacente al Marjal dels Moros.

El proyecto, licitado en julio pasado, se adjudicó en una extraña fecha, el 30 de diciembre, dos días antes de que entrara en vigor la ley de acompañamiento a los presupuestos que obliga a los municipios a atribuir viviendas de protección oficial en el 10% del suelo de los planes urbanísticos aprobados.

Antonio de Zárate, portavoz de la Urbanizadora Santa María del Puig, ha anunciado que la empresa interpondrá hoy un recurso ante el TSJ contra el acuerdo del pleno del ayuntamiento. Argumenta que si bien se descartó correctamente una de las tres ofertas recibidas para el proyecto de urbanización dado que hizo una "baja temeraria" (por debajo del 30% de la media de las ofertas presentadas), el consistorio eligió la opción más cara entre las dos restantes. Y asegura que la ley obliga a escoger la oferta más económica entre las opciones similares presentadas. Así, sí su empresa ofertó un coste por hanegada de 17.800 euros (2,9 millones de pesetas), Golf-mar, la adjudicataria, integrada por grandes grupos constructores (Lubasa; Actura, del grupo Bancaixa; Lladró...), conlleva una inversión de 26.300 (4,4 millones). Estas cifras implican que si la primera obtendría un beneficio de un millón de euros, Golf-mar cuadruplica como mínimo ese negocio.

Una diferencia de costes nada baladí si se tiene en cuenta que la empresa perjudicada en la adjudicación cuenta, según afirma, con el 25% del suelo afectado y tendrá que afrontar los costes impuestos por su competidora. Por ello, denunciará que el Ayuntamiento ha incumplido la prohibición legal de aceptar una alternativa sin que hubiera una unión temporal de empresas previamente creada. Igualmente, se aceptaron dos alternativas técnicas (la ley sólo permite una) de la empresa adjudicataria.

De Zárate defiende que su oferta, además de ser menos costosa para los propietarios, incluye viviendas protegidas y una depuradora, aspectos que faltan en la oferta de Golf-mar.

Todo está ahora en el aire. Pero, aparte de polémicas medioambientales, el negocio es goloso, pues si en verano se pagaba a los propietarios menos de 60.000 euros (diez millones de pesetas) por hanegada ahora ya se están escriturando las compras por el doble.