El Ayuntamiento de Málaga se niega a declarar en estado de ruina la antigua prisión

Más de 300 funcionarios de la antigua cárcel de Málaga enviaron el 1 de febrero una carta al alcalde, Francisco de la Torre, del Partido Popular, para informarle del estado en que se encuentra el edificio en el que trabajan y para pedirle que lo declare en estado de ruina. Todavía no han recibido contestación. El concejal de Urbanismo, Juan Ramón Casero, reconoce que el inmueble tiene problemas. "Es una casa vieja y mal cuidada", pero da por zanjado el tema asegurando que "los técnicos no consideran que afecte a la estructura".

La cárcel vieja, como la llaman en la ciudad, depende del Ministerio del Interior y hace las veces de centro de inserción social. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias la utiliza para que los presos cumplan penas en régimen de tercer grado y arrestos de fin de semana. Trabajadores y reclusos conviven con filtraciones de agua, desprendimientos de cascotes y malas condiciones de salubridad. "No es que queramos nada del otro mundo, pero es que es muy fácil que un interno enferme y muera aquí porque estamos bajo mínimos", asegura Juan Carlos Blanco, de Comisiones Obreras. "Para colmo no hay plan de evacuación, ni plan contra incendios". Temen, entre otras cosas, que los materiales viejos acumulados provoquen un incendio como el ocurrido en la comisaría de la ciudad la Navidad del 2002, en el que murieron siete inmigrantes; o que muera algún preso por no tener asistencia médica las 24 horas.

La antigua prisión está en el distrito Cruz de Humilladero, en pleno centro de la ciudad. El alcalde adelantó en verano que se podría ubicar un centro social o una biblioteca. Pero para que los terrenos pasen al Ayuntamiento, hay que construir un nuevo centro de inserción social y trasladar los internos. En 1998, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto que seis años después sigue bloqueado porque Ayuntamiento e Interior no han llegado a un acuerdo.

Miguel Ángel Heredia, diputado del PSOE, denuncia la falta de interés por iniciar la obra. "Cada año que pasa, el centro de inserción se hace más caro", asegura. "El presupuesto inicial era de tres millones de euros y ahora es de 6,5 millones".

También crece el número de internos que albergará. El proyecto aprobado preveía una capacidad para 100 internos y según las previsiones de los funcionarios el nuevo debería acoger a unos 200 reclusos. Para el socialista, la antigua prisión es el centro que se encuentra en peor estado de todo el país. "Absolutamente ruinoso", califica. A lo que añade el incumplimiento de la normativa europea sobre centros penitenciarios que exige un máximo de un interno por celda cuando "en este momento hay dependencias colectivas hasta para 40 reclusos". Según el diputado de IU José Luis Centella, Interior sigue utilizando el centro como cárcel "para no perderlo" y el Ayuntamiento, simplemente lo consiente.

Por el momento, el centro se dirige desde la Prisión Provincial de Alhaurín de la Torre, a 27 kilómetros de Málaga. Su director, Jorge Castejón, considera que las instalaciones se encuentran "en condiciones de habitabilidad, aunque no de confortabilidad". Castejón asegura que con una consulta médica diaria y la orden de trasladar a cualquier recluso al centro de salud más cercano palía la falta de una enfermería. Con respecto a la escasa vigilancia exterior, otra de las quejas de los funcionarios, el director afirma que para "cumplir penas de tercer grado no se necesita una vigilancia muy estricta", ya que unos 100 salen cada día a trabajar y sólo 30 permanecen toda la jornada en las instalaciones.