Fundamentalismo y democracia
En una prolongada campaña electoral marcada por el peso de las incidencias externas y no por las aportaciones doctrinales, El fundamentalismo democrático de Juan Luis Cebrián tiene la virtud de recordar a los españoles que en la política hay algo más que marketing y descalificaciones primarias. Los conceptos políticos tienen un contenido sometido a los cambios históricos y más de una vez tales cambios hacen necesarias adaptaciones o innovaciones terminológicas. Por otra parte, esa labor teórica aquí y ahora no se encuentra desligada de la vida política efectiva.
La cuestión que Cebrián pone sobre el tapete es de primera importancia: ¿cómo calificar aquellas tendencias políticas que invocan la democracia para justificar posiciones intolerantes y sectarias? Y esa importancia se ve realzada por la deriva autoritaria seguida en nuestro país por el primer Gobierno conservador que llega al poder desde los inicios de la transición. Hay, pues, dos vertientes, la teórica y la práctica, lo cual confiere un especial interés al ensayo, al mismo tiempo que genera sus puntos débiles.
Cebrián propone ampliar el campo de significación del concepto ya consolidado de fundamentalismo, esto es la exigencia de someter el uso de la razón a la interpretación literal de un texto religioso, o religioso-político, trátese de la Biblia, del Corán o del Libro Rojo de Mao. Sería también fundamentalismo a su juicio una corriente de pensamiento que defendiera de forma rígida la ortodoxia de un partido o movimiento político. La propuesta es sugestiva, lo que ocurre es que esa intransigencia encaja mejor bajo la etiqueta de "integrismo", esto es, de rechazo a toda innovación, o, en un sentido más amplio, de "dogmatismo", es decir, la conversión de unas creencias determinadas en principios desde los que se justifica, y casi siempre se sacraliza, la actuación del emisor. Por eso tal vez sería más adecuado y menos polémico, pensando en los casos de Bush o de Aznar, referirse a su concepción reduccionista e imperativa de la gestión democrática, y por consiguiente calificar su postura de "dogmatismo democrático". La dureza de la crítica no se rebaja un ápice y, siempre pensando en España, resulta eliminada de antemano la deriva, ya practicada por algunos, hacia la descalificación de las posiciones constitucionalistas en cuanto aquejadas de "fundamentalismo democrático". En realidad, la recurrente invocación de la Carta Magna y la justificación de la aventura iraquí en nombre del antiterrorismo son los únicos momentos en que la democracia forma parte del repertorio terminológico de Aznar. Ni en su actuación parlamentaria, ni en el esquema de relaciones con la oposición, ni en su estrategia de control y uso de los medios, se atreve a invocar la democracia. Sólo faltaba que lo hiciera. Su orientación es a todas luces dogmática y autoritaria; la nota de fundamentalismo nada añade y la autocalificación de "demócrata" en todos esos campos sería una profanación.
Tal vez Cebrián se encuentra en exceso atrapado por la voluntad de integrar su condena del PP en la aportación teórica. En el libro, la espada de Damocles del "fundamentalismo democrático" va persiguiendo a todos los actores políticos que por acción u omisión han favorecido en algún momento a Aznar. Tal es el caso de los pobres colaboradores independientes en la prensa, convertidos nada menos que en antecedentes de Bush por haber apoyado la alianza constitucionalista de 2001 contra el PNV, y calificados de "los pavos reales del columnismo" por la actitud ante el Gobierno socialista en los años 90. Este signo de irritación nos conduce al aspecto más discutible de la obra: la pretensión de ofrecer conjuntamente un cuadro completo de la evolución política española y de la inclinación de la derecha hacia "el fundamentalismo democrático". Tiene sobrada razón Cebrián al reivindicar la trayectoria política de esos "españoles razonantes" de que hablaba Paulino Garagorri, desde Jovellanos hasta hoy, pero esa defensa, debería hacerse sobre la confianza en la democracia como único procedimiento que permite la resolución de los problemas políticos.
