Sindicatos, APA y profesores alertan del deterioro de la red pública

La cifra de inmigrantes escolarizados en colegios públicos se ha duplicado en dos años, pasando del 30% al actual 60% de la matrícula que representa ya en determinados centros, fundamentalmente, de Valencia y Alicante. En paralelo, los gastos ordinarios se han congelado "acumulando una pérdida de poder adquisitivo del 30%". Éste es el balance de ocho años de gestión del PP presentado ayer por los tres sindicatos de izquierda, APA y profesores que integran la Mesa en Defensa de la Educación Pública.

Carmen Molina, la presidenta de la Confederación de APA Gonzalo Anaya, señaló que si no hay una transferencia presupuestaria que "alivie la carestía que viven la mayoría de colegios e institutos", no se dota de equipos y programas informáticos "adecuados a las necesidades de cada colectivo", ni se planifica la integración adecuada de los escolares inmigrantes, el "deterioro de la enseñanza pública" y "el repunte de la natalidad multiplicarán los problemas a corto plazo, sobre todo en Infantil y Primaria".

Miguel Ángel Ferris, de CGT, aseguró que "la concentración de inmigrantes en determinados colegios e institutos ha creado guetos" que, "en casos concretos, ha llevado a la desaparición del propio centro". Mientras, "la Administración sigue sin pagar el dinero para los Programas de Educación Compensatoria, que han sufrido un recorte sustancial".

Más niños, menos dinero

Según un estudio al que se refirió Tomás Moreno, del STEPV, en 2002 los 271 centros con programas PAE recibieron 711.200 euros; mientras que en 2003 los colegios con estos programas se incrementaron a 446 pero el presupuesto bajó a 707.154 euros. Al respecto, Luis García Trapiello de CC OO adelantó que la plataforma ha propuesto una medida urgente al Consejo Escolar Valenciano para "reducir la ratio en las aulas donde haya tres o más inmigrantes que no dominen el idioma", ante la "falta de profesores de apoyo".

La foto fija del "deterioro de la red pública bajo la gestión del PP" se completa con el "rechazo" a la polémica reforma educativa LOCE, que "obliga a los alumnos a estudiar Religión o una alternativa que no es más que Religión encubierta", y la oposición por "antidemocrático" del modelo de elección de directores propuesto "donde las autoridades se arrogan el 51% de los votos de la comisión de selección".