Aguirre deja en manos de los alcaldes su fallido proyecto de brigadas policiales

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, repartirá 4,7 millones de euros entre los ayuntamientos de más de 25.000 habitantes para sacar a flote su proyecto de seguridad. Ayer se constituyó la Comisión para la Seguridad de Madrid, presidida por el consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada. Fuentes del Gobierno regional afirman que, tras "el patinazo de la cumbre de seguridad", en la que no hubo acuerdo sobre cómo crear las Brigadas de Seguridad (Bescam), la tendencia será a que "los propios ayuntamientos gestionen el dinero ofrecido por el Ejecutivo".

"Realmente da igual como se llamen". La frase pertenece a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y se refiere a uno de sus proyectos estrella durante la campaña electoral: las brigadas de seguridad de la Comunidad de Madrid, que entonces iban a denominarse Bescam.

Ahora, el nombre da lo mismo. Tanto, que el consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada, se niega a confirmar o desmentir si esos 2.500 nuevos policías que, según los planes del PP, patrullarán en localidades de más de 25.000 habitantes de la Comunidad seguirán recibiendo esa denominación, o no, de Bescam. Lo que sí está claro es que Prada contará con 4,7 millones de euros de los presupuestos de 2004 para reflotar este compromiso electoral de Esperanza Aguirre. Según fuentes del Gobierno regional, las Bescam pueden pasar a llamarse "proyecto de seguridad de la Comunidad de Madrid" y la tendencia de este nuevo plan será "proporcionar el dinero a los alcaldes, según las necesidades contrastadas de seguridad que tengan en cada uno de sus municipios, y que sean ellos los que gestionen ese dinero para aumentar la presencia policial en sus calles".

Tras la cumbre de seguridad celebrada en enero entre los alcaldes de la Comunidad y los responsables del Gobierno regional, Aguirre se vio forzada a "reconducir" las Bescam, según sus palabras. En principio serían unas brigadas que tendrían un uniforme distinto al del resto de agentes; a cuyos miembros se les pagaría un complemento salarial y que dependerían de sus mandos naturales: de los ayuntamientos, los policías locales (2.500), y del Ministerio del Interior, los policías nacionales (3.000). Al menos así lo vendió el PP en su programa electoral. Ahora todo esto está ahora en la cuerda floja.

Fuentes del Gobierno regional afirman que el malestar que generaba en ciertos sectores del PP -incluido el ministro del Interior, Ángel Acebes- el proyecto de Aguirre de poner en marcha una policía autonómica disfrazada, obligó a la presidenta a recomponer el proyecto de estas nuevas brigadas. Su puesta en marcha -con 60 nuevos agentes en Móstoles- estaba prevista para febrero, tal y como el PP anunció a bombo y platillo en la campaña electoral.

Móstoles, en marcha

Ayer, el consejero Alfredo Prada negó que el proyecto de seguridad de la Comunidad esté estancado o que se haya abandonado. Prada manifestó que durante este año "se completará el proceso de selección" de los nuevos policías y que "el que viene se dedicará a su formación". Prada confirmó que el proyecto de la nueva brigada de Móstoles "continúa en marcha" y que la "convocatoria de un concurso para seleccionar a los nuevos agentes sigue su curso", pero manifestó que "este concurso no se ha realizado por la vía urgente", como estaba previsto, "sino por la ordinaria". Poco más quiso desvelar el consejero, que afirmó su voluntad de "ser extremadamente prudente", aunque reafirmó su compromiso de que "antes de que termine la legislatura haya "5.500 nuevos policías" en Madrid y que "la Comunidad se implique en la seguridad, ponga el dinero y la formación" para estos nuevos policías. El primer paso para conseguir este objetivo fue la constitución ayer de la Comisión para la Seguridad de Madrid, que comenzará a trabajar el próximo 24 de marzo, tras las elecciones generales.

El presidente de la Federación Madrileña de Municipios, Luis Partida, del PP, incidió en la importancia de la puesta en marcha de esta comisión, en la que se abordará "de forma clara y contundente" el tema de la seguridad en la región "sin límite de tiempo, porque no hay que fijarse plazos", afirmó. Al igual que ocurriera el 16 de enero en la cumbre de seguridad, ayer no estuvo presente ni el delegado del Gobierno, ni representantes del Ministerio del Interior.