Legajos por todos los rincones

La justicia dio a Rosa una oportunidad, pero no la aprovechó. Tampoco lo tenía fácil. Un día, bajo el síndrome de abstinencia, cogió una navaja y atracó la frutería del barrio. Se sacó un dinero para pagarse la dosis, pero acabó detenida a las pocas horas. En el juicio, la fiscalía se avino a las pretensiones de la defensa y pactaron una condena de 22 meses de prisión, un tiempo situado en la franja en la que los jueces suelen suspender la ejecución de la pena y darle la libertad provisional si se trata de un delincuente primario. Era su caso. La condición que le puso el juez a Rosa era que no volviese a delinquir en ese tiempo y que se sometiera a rajatabla a un tratamiento de desintoxicación. Prometió que lo haría, pero un día se juntó con los colegas y volvieron a atracar en el mismo barrio de La Mina, una de las zonas con problemas de marginación que aún persisten en el cinturón de Barcelona. Rosa perdió la libertad y entró en el complicado laberinto judicial de la delincuencia habitual del que tanto cuesta salir.

El Poder Judicial recomienda 4.500 casos anuales. En nueve meses se registraron 6.056

"Interesa una justicia lenta porque acaba beneficiando al cliente", asegura una abogada

Su caso es uno entre los miles de legajos que se acumulan en el Juzgado de lo Penal número 21 de Barcelona. Hay tantos, que están por los suelos porque no caben en los estantes. Y eso que llegan hasta el techo. Al acabar el año pasado eran 6.416 asuntos pendientes de resolver. Algunos datan de hace cinco años y en argot judicial se llaman ejecutorias, que no es otra cosa que la decisión que toma el juez sobre cómo y cuando se cumple una sentencia firme que ha dictado otro juez.

Los juzgados penales de ejecutorias empezaron a funcionar a pleno rendimiento el 1 de enero de 2003 y fueron creados en Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, San Sebastián, Bilbao y Valencia. Su función consiste en velar porque se cumplan las sentencias firmes de hasta cinco años de cárcel. Los módulos del Consejo General del Poder Judicial señalan que en un juzgado así deberían entrar 4.500 asuntos al año. En el Juzgado Penal número 21 de Barcelona se habían registrado 6.056 en los primeros nueve meses del año pasado.

Rosa acabó entre rejas, pero su expediente sigue abierto y ahí se le irán acumulando las otras causas judiciales que pueda acumular cuando ya esté juzgada. Vladimiro, de 24 años, por ejemplo, acumula siete condenas menores que se han refundido y le han llevado a prisión. Siempre por lo mismo: robos y hurtos. Es muy probable que su legajo esté de arriba a abajo de las estanterías durante meses, incluso años si reincide.

"Como abogada, me interesa que una ejecutoria se prolongue años y años, porque eso suele beneficiar al cliente si es un delincuente habitual", admite sin reparos Ester Capella, la abogada de Rosa. "Pero como ciudadana me interesa una justicia rápida, efectiva y justa. Y eso es lo que ahora no tenemos", añade.

Pero no todos los casos son iguales. La lentitud de la justicia inquieta mucho a quien espera una pronta respuesta para cerrar un episodio muy concreto de su vida. Como el farmacéutico de Barcelona condenado a dos años de prisión por imprudencia temeraria por suministrar un medicamento erróneo a una niña que le produjo graves secuelas. La sentencia fue de enero de 2002 y hasta el pasado jueves no fue definitiva, cuando el juez le otorgó la remisión condicional de la pena. A cambio, él y la compañía de seguros han tenido que pagar los 751.000 euros de responsabilidad civil y no podrá ejercer la profesión durante tres años. Es un acusado atípico porque tiene tres licenciaturas y le urgía cerrar sus cuentas con la justicia cuanto antes para iniciar un nueva vida profesional.

Los 28 funcionarios del Juzgado de lo Penal 21 aceptan con resignación la imagen de los legajos esparcidos por todos los rincones porque a diario despachan centenares de documentos. Da la impresión de que se trata de una manufacturación en versión judicial. "La cuestión no es dictar ejecutorias como si hiciéramos chorizos. Lo importante es velar por la función rehabilitadora de la pena, un mandato constitucional olvidado a menudo", asegura Ignacio Ubaldo González Vega, el juez que se dio cuenta de que Rosa estaba enferma y que la cárcel no era la solución. Eso es fácil aplicarlo en los delincuentes primarios, pero si reinciden es muy complicado en aplicación del vigente Código Penal.

"La mentalidad de jueces, abogados y fiscales es que el proceso acaba con la sentencia y se olvida que lo más importante es que se ejecute, porque eso es lo que resarce a la víctima del mal causado", añade el juez. Desde hace tiempo él aplica, si puede, medidas penales alternativas para que el acusado no entre en la cárcel, pero a cambio de que tampoco le salga gratis el delito. Esa opción perjudica la estadística porque influye en el retraso judicial, pero beneficia al implicado. Hay decenas de casos en los que ha sido posible, como en los conductores imprudentes obligados a seguir un curso de educación vial; el ludópata al que se le impone un tratamiento psicológico, el maltratador que debe someterse a un programa formativo o el inmigrante que delinque y ha de acudir a un curso de inserción.

"Dejar transcurrir un tiempo entre el crimen y el castigo, entre el hecho y la decisión final, implica mayor seguridad", asegura el abogado penalista Cristóbal Martell. "No es cierto que el proceso sea necesariamente mejor porque sea más rápido", añade.El juez comparte esa reflexión y cuestiona la eficacia de la reforma que entró en vigor el pasado mes de mayo para aplicar los juicios rápidos. "Estamos en lo de antes. Si se juzga rápidamente, pero la sentencia no se cumple porque nuestros juzgados están muy masificados, no se de que sirve tanta celeridad", insiste el juez.