Un despiste de fechas propició la excarcelación del etarra Ayensa

Un baile entre las fechas de detención y de ingreso en prisión y la entrada en vigor de una reforma legal en octubre del pasado año propició el pasado lunes la puesta en libertad del presunto integrante del comando Urbasa Ibai Ayensa Laborda, al transcurrir el plazo máximo de prisión preventiva. Otros dos etarras, Mikel Soto Nolasco y Arturo Fernández Garcés, quedaron en libertad bajo fianza de 12.000 y 6.000 euros, respectivamente.

El Consejo General del Poder Judicial ha anunciado que investigará los hechos por si existen responsabilidades que depurar, mientras que la Fiscalía anunció que recurrirá la decisión del juez.

El despiste tuvo una base legal. El Juzgado Central de Instrucción número 1, cuyo titular es Guillermo Ruiz Polanco, contabilizó el tiempo transcurrido en prisión provisional del presunto etarra Mikel Ayensa desde el día en que el juez ordenó su ingreso en la cárcel. Es decir, el 25 de febrero de 2002. Pero una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que modificó precisamente el cómputo en la prisión preventiva y que entró en vigor el 27 de octubre, establece que la prisión preventiva empieza a contar desde el momento mismo de la detención por la policía. Y en el caso de Ayensa, la detención se produjo el 21 de febrero de 2002.

El juzgado, de oficio o a instancias del fiscal del caso, Ignacio Gordillo, podría haber acordado la prórroga de la prisión preventiva de Ayensa hasta los cuatro años, en razón de su peligrosidad, ya que está acusado de formar parte de un comando de ETA, pero la decisión de prorrogar la prisión siempre se debería de haber tomado antes de que hubiera concluido el plazo de dos años, periodo máximo de prisión previsto en la ley para circunstancias ordinarias.

El caso es que cuando el juzgado intentó prorrogar la prisión, la defensa de Ayensa argumentó que la reforma de la Ley de Enjuciamiento Criminal obligaba a computar la prisión desde la fecha de la detención, es decir, el día 21, en lugar de la de su ingreso en prisión, el 25, y por tanto, ya habían transcurrido más de dos años sin que se hubiera acordado la prórroga. Y esa cuestión formal obligaba a su puesta en libertad.

El magistrado impuso al presunto etarra una serie de medidas cautelares, como comparecencias semanales en el juzgado más próximo a su domicilio.

El fiscal se opuso a la liberación de Ayensa, pero el juez Ruiz Polanco entendió que un encarcelamiento sin hechos nuevos que lo justificase supondría un fraude de ley, por lo que mantuvo la libertad del presunto etarra.

Diferente es la situación de Mikel Soto y de Arturo Fernández, cuya prórroga estaba en plazo, pero el juez entendió que la acusación que pesa sobre ellos es la de colaboración con banda armada y refirió acordar la libertad bajo fianza de 12.000 euros para Soto y de 6.000 para Fernández.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional criticó al juez al afirmar que el fiscal había solicitado el procesamiento de los tres presuntos etarras el 27 de mayo de 2002, es decir, más de año y medio, sin que Ruiz Polanco se haya pronunciado todavía sobre la petición.