El Gobierno aún debe probar el 72% de sus gastos por el 'Prestige'

La sesión abierta ayer en Londres del Fidac (Fondo Internacional de Indemnización de Hidrocarburos) evidenció que España está lejos de haber acreditado aún la cantidad reclamada como gastada por la catástrofe del Prestige. Frente a los 383,7 millones de euros que el Gobierno español asegura que ha gastado hasta finales de julio de 2003, los expertos de este organismo sólo han comprobado y dados por buenos 107,3 millones (28%). Tal disparidad tiene varias causas: lentitud en la comprobación, falta de documentación o información y criterios distintos sobre la inclusión de partidas. El último informe del Fidac detalla la labor previa a esta evaluación provisional.

El 2 de octubre de 2003, el Gobierno español presentó una reclamación de 383,7 millones de euros por los gastos que había contraído hasta fines de julio de 2003. Incluía las operaciones de limpieza en mar y tierra, los pagos de ayudas a pescadores y mariscadores afectados por las vedas de pesca, la desgravación fiscal para empresas afectadas por el derrame de hidrocarburos, más los gastos de administración y campañas publicitarias. Su acreditación fue juzgada insuficiente por el Fidac: "Aunque el Gobierno español había presentado una cantidad considerable de documentación en apoyo de algunos elementos de su reclamación, no había información o era insuficiente con respecto a muchas de las partidas".

Para poder facilitar la indemnización, el Fidac encargó a sus expertos una evaluación provisional de la reclamación. Concluyó el 12 de diciembre de 2003. El informe se basó en "los documentos disponibles, en sus propios conocimientos de los trabajos de limpieza realizados y en la información obtenida durante conversaciones con representantes del Gobierno español". Dicha evaluación fue revisada por el director del Fidac y varios altos cargos más del organismo. "Observaron que, en muchas partes, la evaluación se basaba en información incompleta, lo que había entrañado una evaluación provisional muy baja o nula". Por esta razón, altos cargos del Fidac explicaron ayer a este diario que la cifra hasta ahora admitida es un mínimo que no debe sorprender, ya que no ha dado tiempo a profundizar más en la justificación de los gastos y, por ello, se había aprobado ya sólo lo que parecía fuera de toda discusión.

Gastos aparcados

Y en el terreno de lo discutible, por ejemplo, el Fidac ha aparcado una serie de gastos esgrimidos por el Gobierno español como los 11,5 millones de euros de desgravación fiscal y de la Seguridad Social. El Fidac argumenta que, en principio, parece asumible incluir tales gastos, pero exige que se le detalle quiénes han sido sus beneficiarios, sus actividades y sus pérdidas por la contaminación. El director del Fidac ha reclamado, además, un informe jurídico sobre dicho asunto. España recordó ayer que, amén de los 383,7 millones que dijo haber gastado hasta julio de 2003, el pasado 21 de enero presentó un nuevo lote de facturas por un monto añadido de más de 44 millones de euros. Y admite que ha modificado sustancialmente su presupuesto para neutralizar el pecio, cuyo costo ahora cifra en 99,3 millones de euros, frente a los 60 millones iniciales.

El comisionado del Gobierno para el Prestige, Francisco Uría, cifró en 29.000 las solicitudes de indemnización presentadas ante el Estado para beneficiarse del pago anticipado a que tendrían derecho con cargo al Fidac.

Francia evaluó sus daños en más de 90 millones de euros entre gastos del Estado y perjuicios de sus empresarios privados. La delegación española salió satisfecha de la reunión en la medida en que se ratificó la decisión acordada en octubre de 2003 de adelantar a España 57 millones de euros, que representaban el 15% de la cantidad que el Ejecutivo español decía haber desembolsado por culpa de la mayor tragedia ecológica nacional. El desencuentro actual de cifras no pone en peligro tal anticipo. El Fidac no duda que la cifra final de costes probados crecerá netamente.