El otro control de la píldora poscoital
Quería el tratamiento poscoital, porque vengo de un hospital católico y no me lo quieren dar". Lo que pedía una joven extranjera en el Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad de Madrid es la que se conoce como píldora del día después, un fármaco (levonorgestrel) que evita el embarazo cuando falla el método habitual de anticoncepción o no se ha utilizado ninguno y cuya eficacia es mayor cuanto antes se tome. Antes de las 72 horas tras el coito desprotegido.
La confusión de la joven, que creyó que no se la daban por razones religiosas, pone de manifiesto la paradoja de que en España la venta de la píldora poscoital sea legal desde marzo de 2001, con prescripción médica, pero el acceso a esa receta, sobre todo en el caso de las adolescentes, no sea fácil, aunque se la hayan prescrito.
"No se pueden magnificar sus efectos secundarios, cuando hay mujeres que están tomando anticonceptivos durante años", explica el médico Miguel Picó
"No sé de dónde sacan la idea de que las jóvenes se hinchan a pastillas. Son caras. Cuestan 18 euros", aseguran en el Centro Joven de Anticoncepción de Madrid
Una vez más, depende de la comunidad y del centro a donde se vaya. En muchos servicios de urgencias no se prescribe porque no se considera una emergencia; hay médicos que se acogen a la objeción de conciencia para no recetarla; y hay lugares donde los centros de planificación familiar no abren los fines de semana, cuando las relaciones sexuales son más frecuentes. Sólo en Andalucía se garantiza para toda mujer que la necesite.
La píldora poscoital ya fue polémica desde su llegada a España porque sus detractores la consideran abortiva, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) la cataloga como medicamento anticonceptivo, puesto que actúa antes de la implantación del óvulo, que es cuando médicamente se considera que hay embarazo. Siguió la polémica cuando, en mayo de 2001, la Junta de Andalucía decidió financiarla y distribuirla en todos los centros de salud y hospitales de la comunidad.
Y ahora se reaviva, a raíz de que la pasada semana el Ayuntamiento de Madrid anunciara su intención de unificar la base de datos de los centros municipales de salud para que queden registrados los historiales clínicos de las jóvenes que soliciten la píldora poscoital. La razón esgrimida por la alcaldía del popular Alberto Ruiz-Gallardón es que, de esta forma, habrá un control sobre las adolescentes que la tomen de manera continuada. Consideran que puede "provocar graves trastornos", al ser un cóctel hormonal.
Conseguirla como sea
"La prohibición no lleva a nada", apunta, en cambio, Paloma Rivero, coordinadora del Centro Joven, que pertenece a la organización no gubernamental Federación de Planificación Familiar (FPFE), y que es el único centro de la capital que proporciona la píldora, por lo que suele estar abarrotado el fin de semana y el lunes. De las 1.969 visitas que tuvieron en 2003, un 50,9% de las atenciones fue para pedir la poscoital y un 23,2% para informarse (no se dio receta, porque no había riesgo de embarazo o ya tenían la pastilla). "La van a conseguir de todas maneras. Ya lo hacen. Se supone que se necesita receta y muchas vienen con la caja a preguntarnos cómo funciona. Con el control, la chica no irá entonces a los centros, porque no se va a sentir escuchada". Lo peor, añade, es que así se pierde una ocasión excelente de ofrecerles educación sexual y métodos de planificación familiar.
"No sé de dónde sacan la idea de que las jóvenes se hinchan a poscoitales", continúa. "Primero, porque son caras, cuestan 18 euros. Además, es que cuando están en una situación en que tienen que tomarla se asustan mucho. La mayoría de las veces, con la ingestión de una píldora toman conciencia del peligro". Las estadísticas de su centro indican que sólo un 16,8% repite visita, y entre esos casos se cuenta también a quienes acuden a una consulta ginecológica. "Es un mito, como el de que a las mujeres abortan porque quieren", agrega.
Ocurre también que el supuesto peligro de la toma continuada de la píldora poscoital que alega el Ayuntamiento madrileño no tiene base, según los médicos consultados. "Recurrir permanentemente a la anticoncepción de emergencia, desestabiliza", explica José Manuel Bajo, presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. "Pero son mayores los riesgos de un embarazo no deseado". Por eso, en su opinión, "en la duda, hay que proporcionarla siempre". Y añade que considera que la píldora poscoital es un "derecho inalienable" de la mujer, por lo que se deberían dar todas las facilidades para que tenga acceso a ella.
"Estamos hablando de una sustancia que puede tomar una mujer cuatro o cinco veces al año. No se pueden magnificar sus efectos secundarios, cuando las hay que están tomando anticonceptivos durante 25 días al mes y durante años, con lo que la dosis es mayor y no ocurre nada", explica Miguel Picó, asesor técnico de la Dirección General de Salud Pública y Participación de Andalucía. En su comunidad, los servicios sanitarios llevan un registro de las mujeres que han tomado la píldora, con todas las variables, pero sin el nombre y apellidos. Además, se deriva a todas a los centros de planificación familiar. "Porque preconizamos la anticoncepción planificada. Sólo cuando falla se acude a la de emergencia", puntualiza.
De hecho, Andalucía ha valorado el riesgo de repetición de tomas, que está en un 25%. "Lo que quiere decir que el 75% se va a un método más eficaz de anticon-cepción y que quienes repiten son una minoría", agrega Picó. "Pero es que quienes, por lo que sea, por circunstancias personales de su sexualidad, no pueden optar, al menos les queda esa segunda oportunidad".
El sexólogo Pedro Villegas sostiene que el control se dará sólo sobre una población de escasos recursos. "Porque la niña rica va a la privada y tiene receta", dice. Villegas recalca además que "las otras píldoras siguen estando ahí". Se refiere a la denominada Pauta Yuzpe, el escalón anterior a la píldora poscoital.
La pauta funciona desde hace 20 años, y, según algunos especialistas, el levonorgestrel es lo mismo, pero mejorado. Consiste en administrar una dosis determinada de pastillas de una píldora anticonceptiva (Neoginona) durante dos días. Una caja con 28 grageas cuesta alrededor de tres euros, y, aunque en teoría debe venderse con receta, ésta apenas se pide. Es más fácil de conseguir, pero provoca vómitos, mareos y dolor de mama. Aunque lo peor es que la joven se automedica y es una ocasión menos para vigilar su formación en sexualidad y anticonceptivos.
"¿Por qué no se crea un registro similar con los usuarios de antiinflamatorios?", se pregunta el médico y sexólogo Guillermo González, presidente de la FPFE, quien ve un sesgo ideológico en el control. "Nosotros creemos que la anticoncepción de emergencia debería estar subvencionada. El hecho de que haya una variedad de sistemas, según comunidades, es como para preocuparse".
Sobre el derecho de las menores a solicitar la pastilla
DICE LA DOCTORA Elsa Ramírez que hay médicos que tienen miedo de recetar la píldora poscoital a las jóvenes porque la ley no especifica si debe facilitarse a las menores de 18 años que acuden solas a la consulta. "La ley no se moja, y hay quienes temen que los padres se echen luego encima", cuenta. Ante la duda, optan por no recetarla.
Lo que apunta es el conflicto entre el derecho de los padres a dirigir la educación de sus hijos y el de éstos a acceder por ellos mismos a la sanidad y a ser informados. Un aspecto jurídico que pone sobre la mesa la Guía de actuación en anticoncepción de emergencia, editada por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia; la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, y la Sociedad Española de Contracepción. En ella se recalca que hasta la mayoría de edad, salvo que los menores se emancipen, son los padres quienes "ostentan la patria potestad y representan legalmente a sus hijos".
Pero también apunta que existen excepciones. Por un lado, "la realización de actos que el hijo, de acuerdo con las leyes y sus condiciones de madurez, pueda llevar a cabo por sí mismo". Pero también "los supuestos en que pudiera existir, como en el caso de la prescripción de la píldora, conflicto de intereses entre los padres y el hijo".
La Guía concluye que la doctrina y la jurisprudencia amplían el acceso a las prestaciones sanitarias por sí solos a quienes denominan como "menor maduro". Pero corresponde a cada facultativo valorar en cada caso la capacidad de quienes pretenden someterse a la anticoncepción poscoital.
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