Puente de plata para las 'mulas'

La tolerancia con que Holanda aborda el consumo particular de hachís, que no está penalizado por debajo de los 30 gramos, ha enturbiado la percepción que se tiene a escala internacional de su postura acerca de la lucha contra las drogas. Todas las drogas. El Gobierno y los mandos policiales lo saben bien y no se cansan de repetir que una cosa es el cannabis y otra el tráfico de cocaína o la producción de éxtasis. Delitos ambos perseguidos y castigados con penas de hasta 12 años de cárcel. Con todo, las últimas medidas temporales adoptadas para reducir la llegada de cocaína al país por su ruta principal, el aeropuerto de Schiphol, han originado una nueva polémica. Y esta vez sí que la cantidad de droga dura que puede introducirse sin ser perseguido, alrededor de los tres kilos, ha sorprendido desagradablemente a sus socios europeos.

El ministro Donner propuso estos controles al Parlamento después de comprobar que la mayoría de los vuelos procedentes de las Antillas y desde Surinam venían cargados de 'mulas'

De no ponerse coto, por Schiphol entrarían en Holanda unos 20.000 traficantes anuales de cocaína, según cálculos oficiales. Un 20% lleva la droga encima; el 80% restante, en el equipaje

De no ponerse coto, por Schiphol entrarían en los Países Bajos unos 20.000 traficantes anuales de cocaína, según cálculos oficiales. Un 20% lleva el narcótico encima, ya sea en el estómago como las mulas, o bien sujeto al cuerpo. El 80% restante la esconde en el equipaje. Semejante avalancha colapsaría los servicios policiales del aeropuerto -cercano a Amsterdam- y el sistema judicial mismo. No hay celdas suficientes para todos por muchas ampliaciones que se hicieran. Así que el titular de Justicia, el democristiano Piet Hein Donner, ha puesto en práctica un control selectivo de los traficantes que es evaluado de forma constante. Y sobre cuyos resultados es informado con puntualidad el Parlamento.

El procedimiento es simple. Los pasajeros que pretenden entrar en el país con los tres kilos de cocaína que el Gobierno "ni confirma ni desmiente", primero son detenidos y fichados por la policía. Una vez requisada la droga en cuestión, se remiten sus datos personales a todas las compañías aéreas con permiso de aterrizaje y despegue desde el aeropuerto holandés. Es una forma rápida de convertirles en persona no grata para cuando intenten abordar otro avión. A continuación se les invita a abandonar el país con el billete de vuelta que suelen llevar. No van a la cárcel, pero sus posibilidades de regresar por vía aérea quedan muy mermadas. Si se trata de correos con pasaporte holandés, en su mayoría originarios de las Antillas y Curazao, las antiguas colonias en el Caribe, no se les puede impedir que penetren en el país. Sin embargo, una vez incluidos en los archivos policiales su margen de maniobra es reducido. Si no tienen un domicilio en regla en Holanda, la mayoría opta por regresar.

"Con las nuevas medidas tratamos de impedir que los traficantes sigan escogiendo Schiphol como su puente europeo para meter droga en el continente. El peso exacto de la sustancia es lo de menos. Los que llevan poco siguen teniendo problemas, aunque no sean juzgados. Piense en las organizaciones criminales que les han hecho el encargo. El correo detenido no cobra el dinero pactado por el viaje, y, al volver a su país de origen, está marcado", afirman fuentes del departamento de Justicia. Cuando la cantidad de droga requisada supera los tres kilos, sí acaban en una celda durante cuatro o cinco meses.

El ministro Donner propuso estos nuevos controles al Parlamento después de comprobar que la mayoría de los vuelos procedentes de las Antillas, y ahora también desde Surinam, el otro viejo territorio de ultramar, venían cargados de mulas. "Antes de que empezáramos a revisar a todos los pasajeros, llegaban unas treinta o cuarenta mulas por avión. En estos momentos no son más de tres o cuatro", aseguran en Justicia. Además de la apertura de los equipajes y cacheo de los viajeros, y la tripulación, de los aviones con destino o procedentes de ambos lugares, se revisa a fondo el resto de la carga. La colaboración con las Antillas resulta asimismo indispensable para mantener la integridad de un aeropuerto por el que pasan 41 millones de pasajeros anuales y 1,2 millones de toneladas de carga.

Los expertos oficiales calculan que la demanda del mercado interno holandés de cocaína no supera las ocho toneladas anuales. Teniendo en cuenta que a Schiphol podrían llegar hasta 50 toneladas al año, "está claro que el aeropuerto se había convertido en la abertura por la que se introducía estupefaciente destinado al consumo europeo". Los datos recopilados por Justicia señalan que, hasta septiembre de 2002, fueron detenidos en Schiphol 1.311 correos de droga, de los cuales 503 eran mulas. Entre el 1 de enero y el 31 de julio del mismo año se confiscaron 3.600 kilos de drogas.

La lucha contra el tráfico de cocaína en Schiphol está sujeta a escrutinio permanente y puede ser objeto de modificaciones en los próximos meses. Con el hachís el enfoque es distinto. Fieles a la división entre drogas blandas (cannabis) y duras (éxtasis, heroína y cocaína) sancionada por las leyes, la posesión particular de hachís no suele perseguirse. Por debajo de los 30 gramos nadie va a la cárcel. Además, según los últimos estudios encargados por el propio Gobierno, "el consumo personal de dichas cantidades mínimas no ha incrementado el uso de hachís en Holanda más que en otros países". Para los críticos, sobre todo en la vecina Alemania, una actitud tan laxa anima la drogodependencia y sus males.

1.500 locales de marihuana

Otra cosa son los cafés donde está permitida la venta y consumo de marihuana. Aunque las autoridades subrayan aquí la importancia de la rehabilitación del toxicómano, la prohibición está ganando terreno a la tolerancia. Los cafés del hachís están pensados para que los consumidores no tengan que recurrir a una organización criminal para comprar la droga. Pero son también una atracción turística poco apetecible y un entorpecimiento para el desarrollo armónico de los barrios donde se ubican. Su presencia baja el precio de las viviendas y ahuyenta a nuevos residentes que renovarían la zona. Hoy quedan unos 1.500 locales pequeños e independientes, sobre todo en las grandes ciudades, y ya no se pueden vender 30 gramos por persona en su interior. La cantidad permitida no supera los cinco gramos por cliente, y siempre a mayores de edad. Los ayuntamientos pueden cerrarlo o imponer multas si hay disturbios, y la mayoría los aparta de los colegios cuando concede un permiso de apertura. Por encima de los 30 gramos, la posesión de cannabis está penada hasta con dos años de cárcel. Lo mismo ocurre con la producción. Para el tráfico se estipula un máximo de cuatro años.